- Negros nubarrones amenazan la administración Sheinbaum.
- Bajó presupuesto 2025; redujo déficit fiscal al 3.9% del PIB.
- Fallo de la SCJN pondría en peligro la vida de maquiladoras.
- Intereses económicos de USA prolongan guerra contra drogas.
Eduardo Ruíz-Healy
Las cosas ya se veían difíciles antes de que terminara el gobierno de AMLO, pero desde la elección de Trump en noviembre de 2024 y su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero pasado, el panorama se ha vuelto aún más sombrío. No solo México enfrenta un mínimo crecimiento del PIB y una crisis del empleo formal, sino que arrastra una bomba de tiempo fiscal dejada por la administración anterior. Además, la agresiva política comercial de Trump ha añadido una nueva capa de incertidumbre y presión económica sobre el país.
Durante el sexenio pasado, el gasto público se disparó, pero 2024 fue el año más irresponsable. Para asegurar la victoria de Morena, AMLO derrochó recursos en programas sociales, obras faraónicas y subsidios insostenibles. La refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA y Mexicana de Aviación costaron miles de millones de dólares sin que hasta ahora hayan generado los beneficios prometidos, mientras que el gasto en pensiones y transferencias directas aumentó con una débil estrategia de financiamiento a largo plazo. El gobierno pasado prometió ‘austeridad republicana’, pero terminó con un déficit fiscal histórico del 5.9% del PIB, el más alto en más de 30 años, Si eso es austeridad, ¿qué significa derroche? Lo anterior obligó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a elaborar su presupuesto para 2025, buscando reducir el déficit fiscal al 3.9% del PIB.
Hoy, no hay margen de maniobra. México recauda apenas el 16% del PIB en impuestos, una de las tasas más bajas de América Latina.
A esto se suma la nueva embestida de Trump. El 1 de febrero impuso un arancel del 25% a todas las exportaciones mexicanas, actualmente en pausa por 30 días mientras el gobierno de México le demuestra que está actuando contra el tráfico de drogas y personas. Como si fuera poco, al empezar esta semana decretó aranceles específicos del 25% al acero y aluminio provenientes de México (y del resto del mundo), afectando gravemente a una de las industrias clave para ambos países.
El empleo formal también está en crisis. La mayoría de los nuevos trabajos son informales, lo que significa menos seguridad social, menos aportaciones fiscales y mayor precariedad. Desde antes del cambio de gobierno, las empresas ya reducían inversiones por la incertidumbre económica, pero ahora, con estos aranceles, la situación se ha agravado. La industria automotriz, la manufactura y el sector agroalimentario están en la mira de Trump, aumentando la presión sobre México.
El panorama es muy preocupante. Sin crecimiento, sin generación de empleos formales y con una posible crisis fiscal en puerta, México enfrenta un futuro complicado. Las reformas estructurales son urgentes, pero políticamente costosas. Se necesita una reforma fiscal realista que amplíe la base tributaria sin asfixiar la inversión y un programa de reactivación económica basado en incentivos productivos, no en gasto populista.
El tiempo se agota. Sin decisiones firmes, México podría quedar atrapado en un ciclo de bajo crecimiento y alta vulnerabilidad externa, una receta perfecta para el estancamiento. La pregunta es si el gobierno enfrentará, más temprano que tarde, la realidad con acciones firmes o si seguirá confiando en que las circunstancias jugarán a su favor.
MAQUILADORAS EN RIESGO; EL
FALLO PODRÍA CAMBIAR LA INDUSTRIA
Las 6 mil 500 empresas de la industria maquiladora y manufacturera de exportación (IMMEX) desempeñan un papel fundamental en la economía mexicana. Generan el 12% del PIB total del país, representan el 30% del PIB manufacturero y aportan el 60% de las exportaciones manufactureras, lo que equivale al 40% de las exportaciones totales de México. Además, emplean directamente a 3.3 millones de personas y generan hasta 9 millones de empleos indirectos. Sin embargo, la mayoría de estas empresas podrían verse gravemente afectadas por la inminente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinará el desenlace del diferendo que mantienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Este conflicto surge porque el SAT insiste en que las empresas IMMEX deben pagar el impuesto al valor agregado (IVA) dos veces por la misma operación, mientras que las maquiladoras argumentan que este doble cobro contradice los principios fundamentales del IVA. El centro de la disputa son los pedimentos V5, que permiten a las maquiladoras realizar operaciones virtuales sin que tengan que salir físicamente las mercancías del país. El SAT pretende cobrar IVA tanto en la importación virtual como en la venta que virtualmente ocurre en México, esperando recaudar 44,640 millones de pesos en impuestos no retenidos entre 2019 y 2023. Pero lo que para el gobierno es un asunto de recaudación, para la industria significa un golpe que podría afectar gravemente su competitividad, viabilidad y, en muchos casos, su permanencia en México.
Si la SCJN decide en favor del SAT, las maquiladoras tendrán que asumir pagos retroactivos multimillonarios, lo que pondrá en riesgo la operación y continuidad de muchas de ellas. La pérdida de competitividad podría traducirse en el cierre de plantas, despidos masivos y una contracción del sector manufacturero. Esto no solo afectaría a las empresas directamente involucradas, sino a toda la cadena de suministro, con impactos severos en los estados donde la maquila es la principal fuente de empleo. En un contexto donde la manufactura representa el 25% del empleo industrial y el 20.06% del PIB total del país, una decisión que limite su crecimiento tendrá graves consecuencias económicas.
Un fallo adverso de la SCJN no solo dañará a las maquiladoras, sino que enviaría una señal de inestabilidad fiscal a los inversionistas nacionales y extranjeros y desvanecerá las oportunidades que presenta el nearshoring, cuyo futuro se ve cada vez más lejano ante las políticas nacionalistas de Donald Trump, que amenazan con imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, lo que sería otro obstáculo para la industria maquiladora. En este escenario, el riesgo no es solo fiscal, sino comercial, ya que un arancel de esa magnitud obligaría a muchas empresas a reconsiderar sus cadenas de suministro y afectaría la competitividad de la manufactura mexicana frente a otros países.
La SCJN no solo está resolviendo un conflicto tributario. Está decidiendo si México quiere seguir siendo un país competitivo en el comercio global o si optará por una política fiscal que prioriza la recaudación inmediata sobre el desarrollo económico. Si el fallo favorece al SAT, le costará al país mucho más de lo que el gobierno pretende recaudar.
INTERESES ECONÓMICOS EN EUA
PERPETÚAN GUERRA CONTRA DROGAS
En su artículo del 5 de febrero en el diario The New York Times, el investigador Will Freeman crítica las estrategias de Donald Trump contra el narcotráfico, pero no ofrece alternativas efectivas.
Lejos de innovar, las estrategias de Trump y las que sugiere Freeman reciclan la Guerra contra las Drogas iniciada en 1971 e ignoran que el problema principal es la demanda y que los cárteles se adaptan con rapidez, reemplazando laboratorios y líderes sin perder capacidad operativa.
La guerra está perdida. Entre 2018 y 2022, más de 250,000 personas murieron por sobredosis de fentanilo en EEUU, prueba de que atacar la oferta no reduce el consumo. Como señaló el viernes pasado la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de EEUU debería atacar el problema en su propio país, enfocándose en la reducción de la demanda y el tráfico de armas que alimenta la violencia en México.
Además la guerra es costosa. EEUU gasta 35 mil millones de dólares al año en ella, mientras que a México el impacto económico del crimen organizado le cuesta cientos de miles de millones de dólares cada año.
Entonces, si la prohibición ha fracasado y permitido que los cárteles sean cada vez más ricos y poderosos, ¿por qué no optar por la legalización?
Portugal, tras despenalizar todas las drogas en 2001, aumentó en 20% el número de personas en tratamiento y disminuyó las muertes por sobredosis y la saturación carcelaria. En Oregón, la despenalización de 2020 redujo en 95% las condenas por posesión y amplió el acceso a rehabilitación. Y, después de legalizar la mariguana, Colorado ha recaudado más de 1,000 millones de dólares en impuestos, dinero destinado a educación y salud.
EEUU mantiene la prohibición porque la guerra contra las drogas es un negocio multimillonario para varias de sus industrias. La de seguridad y defensa vende equipo militar a agencias antidrogas y armamento a la policía. Las prisiones privadas lucran con el encarcelamiento masivo de consumidores y pequeños traficantes. Las farmacéuticas protegen su mercado de opioides legales, los mismos que han contribuido a la crisis del fentanilo. Los fabricantes de armas venden tanto a fuerzas de seguridad como al crimen organizado (el 70% de las armas decomisadas a cárteles en México provienen de EEUU). Los bancos lavan dinero del narco prefiriendo pagar multas mínimas en comparación con sus ganancias.
En otras palabras, EEUU no busca ganar la guerra sino perpetuarla porque es demasiado rentable para abandonarla.
Algunos proponen que México legalice unilateralmente, pero los tratados internacionales lo obligan a mantener la prohibición y EEUU seguramente impondría sanciones más severas que las actuales. Además, sin programas sólidos de prevención y rehabilitación en ambos países, la legalización aumentaría el consumo. Cualquier intento de legalización debe ser parte de una estrategia binacional.
Si Trump realmente quisiera acabar con el narcotráfico, comenzaría por legalizar las drogas en su país y tratar su consumo como un problema de salud pública. Pero eso no ocurrirá mientras combatir al narcotráfico siga siendo rentable para industrias que financian las campañas de un gran número de políticos estadounidenses, sean republicanos o demócratas.
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