Eduardo Ruiz-Healy
Kamala Harris, la candidata presidencial por el Partido Democrático ganará la elección del 5 de noviembre y será la sucesora de Joe Biden, afirmó ayer Allan Lichtman, un académico conocido como el Nostradamus electoral que ha hecho algo que muchos encuestadores y expertos no han podido: predecir correctamente el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1984. Su sistema, las «13 Claves para la Casa Blanca», no depende de encuestas fluctuantes, sino que se basa en el desempeño del gobierno en el poder.
Sus claves son declaraciones de verdadero o falso que evalúan la situación económica, política y social del país antes de la elección. Si seis o más de estas claves son falsas, el partido en el poder pierde. Si cinco o menos son falsas, retienen el poder.
Así es cómo cada clave favorece o no a Kamala Harris en la elección de 2024: 1. Mandato del Partido: Los demócratas perdieron escaños en las elecciones intermedias de 2022, por lo que esta clave es falsa y favorece a Trump; 2 Sin contienda interna: Kamala Harris no enfrentó una competencia seria dentro del Partido Democrático para la nominación presidencial, lo que muestra unidad interna. Esta clave es verdadera y favorece a Harris: 3. El presidente en funciones busca su reelección: Joe Biden no busca la reelección, por lo que esta clave es falsa y favorece a Trump; 4. Sin tercer partido: No hay un candidato significativo de un tercer partido que esté impactando la campaña electoral. Esta clave es verdadera y favorece a Harris; 5. Economía a corto plazo: La economía de EEUU no está en recesión y muestra signos de crecimiento. Esta clave es verdadera y favorece a Harris; 6. Economía a largo plazo: Durante el mandato de Biden, el crecimiento económico ha sido sólido. Esta clave es verdadera y favorece a Harris; 7. Cambio importante en políticas: La administración Biden ha logrado reformas importantes, como la Ley de Infraestructura y la Ley de Reducción de la Inflación. Esta clave es verdadera y favorece a Harris; 8. Sin agitación social: No ha habido disturbios sociales generalizados que amenacen la estabilidad del país. Esta clave es verdadera y favorece a Harris; 9. Sin escándalos: No se ha producido ningún escándalo grave que afecte al gobierno de Biden. Esta clave es verdadera y favorece a Harris; 10. Sin fracaso en política exterior o militar: Los conflictos prolongados en Gaza y Ucrania han sido difíciles de manejar para la administración. Esta clave es falsa y favorece a Trump; 11. Éxito en política exterior o militar: La administración Biden no ha tenido un gran éxito en política exterior o militar que pueda destacarse. Esta clave es falsa y favorece a Trump; 12. Candidato carismático: Kamala Harris no es carismática o inspiradora para una gran parte del electorado. Esta clave es falsa y favorece a Trump; 13. Retador no carismático: Aunque Trump tiene un fuerte apoyo dentro de su base, no tiene un atractivo generalizado en todo el electorado. Esta clave es verdadera y favorece a Harris.
En resumen, ocho de las trece claves favorecen a Kamala Harris, mientras que las demás están en contra, lo que le da una ventaja según el modelo de las «13 Claves» de Lichtman, el Nostradamus electoral de EEUU.
DESPIERTA INTERÉS INTERNACIONAL
LA REFORMA JUDICIAL
La reforma del Poder Judicial recién aprobada por la Cámara de Diputados ha generado un gran número de críticas y preocupaciones a nivel internacional. Los medios de comunicación y organizaciones de análisis más influyentes del mundo han abordado el tema desde diferentes ángulos, pero todos coinciden en un punto crucial: el riesgo de politización del poder judicial.
El diario británico Financial Times destaca las inquietudes de la comunidad empresarial sobre la reforma constitucional, subraya los temores respecto al impacto en el estado de derecho y sectores regulados como la minería, energía y telecomunicaciones. La preocupación radica en que podría ahuyentar a los inversionistas extranjeros.
La cadena de TV CNN enfatiza las críticas de expertos legales que temen que la elección de jueces politice el poder judicial, comprometiendo su independencia y convirtiéndolo en un instrumento de lealtades políticas.
El diario neoyorquino The New York Times detalla la reacción internacional, incluyendo advertencias de los embajadores de EEUU y Canadá y las posibles repercusiones económicas debido a la percepción de erosión de la independencia judicial que podría afectar las relaciones comerciales y económicas.
La agencia de noticias Al Jazeera señala que las reformas podrían no abordar adecuadamente la corrupción y la impunidad, fallando en su objetivo principal.
La agencia de noticias Reuters destaca la naturaleza controvertida de los cambios propuestos y enfatiza las huelgas de trabajadores judiciales y las tensas relaciones entre EEUU y México.
El diario estadounidense The Washington Post se centra en cómo la reforma podría debilitar la independencia judicial al permitir que los votantes elijan jueces, lo que podría politizar el poder judicial. El temor es que esto lleve a una dominación de un solo partido y erosione los controles y equilibrios.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) con sede en Washington DC, explora las implicaciones más amplias de las reformas, incluyendo cómo podrían afectar la asociación estratégica de México con EEUU y su papel en los esfuerzos de nearshoring. Sugiere que las reformas podrían alejar a los inversores y dañar sectores económicos clave.
El Colegio de Abogados Internacional (IBA) expresa serias preocupaciones sobre el ritmo e impacto de las reformas, argumentando que podrían socavar la independencia judicial y dañar las perspectivas económicas de México. Destaca la importancia de un poder judicial imparcial para el desarrollo económico.
La mayoría de los comentarios afirman que aunque las reformas de AMLO buscan democratizar el poder judicial y combatir la corrupción, las consecuencias no deseadas podrían ser severas. La pérdida de independencia judicial amenaza la democracia y el futuro económico de México al erosionar los controles y equilibrios y potencialmente desalentar la inversión extranjera. Mientras que el poder judicial necesita reforma, la propuesta actual podría llevar a México por un camino de mayor inestabilidad, tanto política como económicamente.
El impacto de la reforma se verá con el tiempo. Será crucial observar cómo afecta la democracia mexicana y la atracción de inversiones.
REFORMA AL PODER JUDICIAL
DE CRUCIAL IMPORTANCIA
Envueltos como estamos en la discusión de la inminente reforma al Poder Judicial, un tema de crucial importancia para el futuro de nuestra democracia, hemos pasado por alto otra maniobra igualmente preocupante: la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta propuesta, que hasta ahora no ha atraído la atención de la opinión pública, merece un escrutinio más detallado.
En febrero pasado, AMLO envió al Congreso un proyecto de reforma al artículo 19 de la Constitución que busca establecer la prisión preventiva oficiosa para una lista alarmantemente extensa de delitos. Entre estos se incluyen la extorsión, el narcomenudeo, delitos relacionados con la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados, defraudación fiscal, contrabando, y la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales (incluidas facturas) que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Esta propuesta, de ser aprobada, representará una expansión sin precedentes del poder punitivo del Estado, con consecuencias potencialmente devastadoras para las libertades individuales y el debido proceso.
El presidente saliente cree y quiere hacernos creer que la prisión preventiva oficiosa para quienes sean sospechosos de cometer uno de estos delitos es la panacea para los males sociales.
Esta tendencia refleja una filosofía muy alejada del humanismo en que dice creer porque privilegia el castigo sobre la prevención, y la represión sobre la educación. AMLO quiere que creamos que ampliar el catálogo de delitos mágicamente transformará nuestra sociedad en un bastión de seguridad y civismo. Una premisa tan atractiva como falaz.
El costo de esta expansión punitiva no es meramente económico, aunque el erario sin duda sentirá el peso de implementar y hacer cumplir estas nuevas disposiciones. El verdadero precio se pagará en el tejido social, en la sobrecarga de un sistema judicial ya colapsado, y en la erosión gradual de las libertades individuales.
Es irónico que, en un país donde priva la impunidad para delitos graves, la solución propuesta sea clasificar más delitos como graves. Es como intentar apagar un incendio añadiendo más gasolina, con la esperanza de que el fuego se extinga por saturación.
Castigar más delitos con la prisión preventiva oficiosa genera preguntas sobre los valores que como sociedad queremos promover. ¿Estamos realmente abordando problemas sociales complejos, o simplemente barriendo la complejidad bajo la alfombra del sistema penitenciario? La respuesta es tan evidente como inquietante.
En México, donde el límite entre lo legal y lo criminal se vuelve cada vez más difuso, cabe preguntarse si no está perdiéndose de vista el objetivo real: construir una sociedad más justa, equitativa y verdaderamente segura. Mientras tanto, los ciudadanos deberemos navegar con cautela este mar de nuevas prohibiciones, conscientes de que lo que hoy es cotidiano, mañana podría ser delictivo.
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