Ruiz Healy Times : Cuatro casos de negocios corruptos en el Infonavit. ¿Actuará la FGR?


INFONAVIT

Eduardo Ruíz-Healy

  • Octavio Romero denunció durante irregularidades detectadas en el Instituto.
  • Presidenta Sheinbaum reacciona y actúa ante fentanilo; lanza campaña preventiva
  • Preocupa reforma a Prisión Preventiva Oficiosa;no todos los delitos la ameritan
Abelardo Carrillo Zavala

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, denunció ayer, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, varias irregularidades que afectaron al instituto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Funcionarios y empresarios participaron en esquemas fallidos y autorizaron proyectos que nunca se concretaron.

Uno de los señalados es Abelardo Carrillo Zavala, director Sectorial de los Trabajadores entre 2009 y 2018 y exgobernador priista de Campeche. En 2017, por ejemplo, propuso proyectos gestionados por la SOFOM SOLIMEX, los cuales resultaron en 758 viviendas no construidas y unidades entregadas con deficiencias importantes.

Por su parte, el empresario Sebastián Fernández Cortina, director Sectorial Empresarial en el mismo periodo, impulsó el Fondo de Estímulo a la Redensificación (FERUV), que dejó un saldo de 962 millones de pesos adeudados por 18 desarrolladores y 700 viviendas inconclusas.

Ambos directivos también autorizaron la participación de intermediarios financieros no regulados para que administraran recursos con poca supervisión, facilitando incumplimientos sistemáticos. Entre 2014 y 2024, aprobaron 834 proyectos para construir 142,000 viviendas, pero solo 24% (34,892 unidades) fueron entregadas, mientras que el 71% (100,158 viviendas) ni siquiera se iniciaron. El Crédito Integral Total, promovido por la Dirección Sectorial de los Trabajadores, dejó a 13 desarrolladores debiendo más de 1,000 millones de pesos y 7,369 viviendas sin construir.

Sebastián Fernández Cortina

Romero también dio a conocer el caso de María «N», exgerente del Infonavit y dueña de la SOFOM «Crédito para ti». Esta entidad gestionó 14 proyectos del Sector Empresarial del Infonavit y participó en ventas rápidas de viviendas en el Estado de México. Pese a pertenecer a la Asamblea General del Infonavit, declaró no tener conflictos de interés. De los 1,543 proyectos concertados, 758 no han iniciado construcción, 291 están en proceso, y solo 494 han sido entregados.

La denuncia de ayer se suma a la de diciembre de 2024, cuando Romero reveló el irregular pago de 5,000 millones de pesos a Telra Realty. Este pago, autorizado en 2017 por el entonces director general del Infonavit, David Penchyna, se realizó pese a que Telra no cumplió con los contratos firmados entre 2014 y 2016 bajo la dirección de Alejandro Murat. Penchyna ordenó el pago tras rescindir los acuerdos. Murat, ahora senador morenista, calificó la decisión como «indebida e inexplicable».

Estos casos reflejan una operación institucional plagada de irregularidades, con controles insuficientes y una falta de rendición de cuentas. El Infonavit, creado en 1972 para garantizar el acceso a la vivienda, fue casi desde su fundación desviado de su propósito original y convertido en un terreno fértil para negocios corruptos que enriquecieron a muchos funcionarios, empresarios y líderes sindicales.

David Penchyna

Detrás de cada cifra hay familias que confiaron en el sistema y quedaron desprotegidas. Las denuncias recientes deben marcar un punto de inflexión: se requieren sanciones claras para los responsables de estos y otros actos corruptos y hacer reformas estructurales que eviten la repetición de estos casos. La presidenta informó ayer que estos casos ya fueron turnados a la FGR, esperemos que prosperen.

ANTE AMENAZA DE FENTANILO, LA

PRESIDENTA SCHEINBAUM, ACTÚA

El consumo de drogas, particularmente el de fentanilo y metanfetaminas, no es una novedad en México, pero su análisis y tratamiento sí parecen serlo. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó ayer una campaña nacional titulada “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”, que busca prevenir adicciones entre jóvenes y adolescentes. Aunque ambiciosa, esta iniciativa enfrenta un problema básico: no se sabe con precisión cuál es el consumo de drogas en el país porque desde 2017 no se ha realizado un estudio para saberlo. Se promete uno nuevo para marzo de este año, pero el retraso de casi una década es una omisión imperdonable.

El consumo de fentanilo en México muestra una tendencia alarmante. En 2013, se registraron solo 5 casos de atención médica relacionados con esta droga. En 2018, el número se mantenía por debajo de 10, pero a partir de 2019, los casos se dispararon: 25 en ese año, 72 en 2020, 181 en 2021, 333 en 2022 y 430 en 2023. Esto es un aumento de más del 4,000% en una década. Además, entre 2017 y 2023, se encontraron rastros de fentanilo en 715 cadáveres en Nuevo León. En Tijuana y Mexicali, entre 2022 y 2024, esta droga apareció en 386 cadáveres, vinculados a muertes por insuficiencia respiratoria, farmacodependencia e intoxicación. Aunque la presidenta asegura que no enfrentamos una crisis como en EEUU, estos datos indican un problema en crecimiento que no puede ignorarse.

Prisión Preventiva Oficiosa.

Las metanfetaminas son la principal causa de demanda de tratamiento en México, representando el 46.2% de los casos, seguidas por el alcohol (24.6%) y la marihuana (13.3%). En paralelo, el alcohol sigue siendo un grave problema. El 55.5% de los adultos lo consume y el 40.4% en exceso al menos una vez al año. Entre adolescentes, el 20.6% consume alcohol y el 13.9% en exceso. Estas cifras reflejan una problemática nacional que va desde drogas sintéticas hasta el abuso de sustancias legales.

Miles de mexicanos hemos perdido a seres queridos debido a una adicción. No solo se trata de cifras sino de pérdidas devastadoras; son tragedias humanas que destruyen familias y comunidades. Por eso es indignante que AMLO ignorarasistemáticamente este problema, presentando una “realidad alternativa” donde México estaba lleno de amor y valores. Su discurso no ayudó a las miles de familias que hemos sufrido los fatales desenlaces de una adicción mientras las drogas seguían ganando terreno.

Consumo de fentanilo en México

La campaña anunciada ayer incluye intervenciones educativas para más de 11.8 millones de estudiantes, guías para padres y docentes, y una inversión de 300 millones de pesos en medios. Sin embargo, este esfuerzo será insuficiente si no se acompaña de acciones estructurales. Es crucial atacar las causas subyacentes: pobreza, violencia y falta de oportunidades que empujan a muchos hacia las drogas.

Qué bueno que la presidenta reconozca la gravedad del problema y haya tomado la iniciativa de lanzar esta campaña. Ahora, el verdadero desafío radica en convertirla en una política integral que abarque prevención, tratamiento y rehabilitación, con la participación de todos los sectores de la sociedad, porque las drogas solo se combaten con acciones concretas que eviten que miles de familias sufran el dolor cotidiano que tantas otras padecen.

Campaña contra consumo de fentanilo

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.

MÁS PRESOS Y MENOS JUSTICIA

El decreto de reforma al Artículo 19 de la Constitución que amplía los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum el 31 de diciembre pasado, representa un giro preocupante en el de por sí deficiente sistema de justicia penal. A partir del 1 de enero, 24 delitos están sujetos a esta medida, pero no todos justifican el encarcelamiento sin juicio previo. Esto plantea serias dudas sobre su efectividad y pone en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia. En cuatro palabras: más presos, menos justicia.

De estos 24 delitos, 17 afectan directamente a la sociedad o a la integridad física de las personas. Siete de ellos son claros atentados contra la vida o la integridad personal: abuso sexual contra menores, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos con armas o explosivos. Otros 10 impactan el tejido social, como delincuencia organizada, extorsión, robo a casa habitación, uso electoral de programas sociales, robo al transporte de carga, delitos relacionados con hidrocarburos, desaparición forzada o delitos en materia de armas de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, los otros siete delitos —como enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, contrabando, actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales o manejo de precursores químicos— no representan una amenaza inmediata ni directa a la seguridad pública o la integridad física. Su inclusión responde más a un enfoque punitivo que a una lógica de prevención efectiva del delito. Aquí radica uno de los principales problemas: equiparar delitos graves con administrativos o económicos diluye los recursos y la atención que deberían destinarse a combatir verdaderos flagelos como el feminicidio o la delincuencia organizada.

Además, esta reforma reduce la autonomía judicial al obligar a los jueces a dictar prisión preventiva sin analizar si es realmente necesaria. Esto no solo debilita el principio de proporcionalidad, sino que también agrava la saturación del sistema penitenciario, donde actualmente casi 90,000 personas, equivalentes al 37% de los presos, no tienen sentencia. En lugar de enfocarse en resolver estos problemas estructurales, se opta por un enfoque reactivo que promete mano dura sin atacar las raíces de la violencia y el crimen.

SOFOM «Crédito para ti»

No hay evidencia clara de que la prisión preventiva oficiosa sirva para reducir la delincuencia. Al contrario, puede usarse de manera arbitraria, afectando principalmente a sectores vulnerables y aumentando la percepción de un sistema de justicia más punitivo que justo. Por si fuera poco, las condiciones inhumanas en las cárceles se verán aún más exacerbadas, con consecuencias graves para los derechos humanos.

El trasfondo de esta reforma parece responder más a intereses políticos que a un diagnóstico realista de seguridad. En lugar de priorizar medidas cautelares alternativas para delitos menores, se refuerza una estrategia que, lejos de fortalecer el Estado de derecho, perpetúa desigualdades y abusos. Es necesario replantear el enfoque: garantizar procesos justos y efectivos no está reñido con proteger a la sociedad. Solo así podremos aspirar a un sistema de justicia que, algún día, realmente sirva a todos.

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