- Alarmantes cifras de obesidad, sobrepeso y diabetes.
- México, primer consumidor de refrescos del mundo.
- Anuncia Sheinbaum aumento de matrícula en universidades.
- La palabra calidad, ausente en rubro de educación superior.
Eduardo Ruíz-Healy

El mercado de comida chatarra en México representa un sector económico significativo y en crecimiento, a pesar de los continuos esfuerzos gubernamentales para reducir su consumo debido a preocupaciones de salud pública. Esta situación tiene un impacto directo en la salud de la población mexicana, como lo demuestran las alarmantes estadísticas de obesidad, sobrepeso y diabetes.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población mexicana de 20 años o más alcanza el 72.4% (75% en mujeres y 69.6% en hombres). Por grupos de edad en adultos, la obesidad afecta al 33.0% de los adultos de 20-39 años, al 44.4% de los de 40-59 años (el grupo más afectado), y al 32.2% de los de 60 años o más. En cuanto a los menores, el 37.4% de los niños de 5 a 11 años y el 42.9% de los adolescentes de 12 a 19 años presentan sobrepeso u obesidad.
La diabetes es una consecuencia grave de la obesidad en nuestro país. Anualmente, alrededor de 145,000 personas mueren por esta enfermedad que es silenciosa por no presentar síntomas en sus etapas iniciales. Los adultos con obesidad tienen una probabilidad 1.7 veces mayor de ser diagnosticados con diabetes en comparación con adultos de peso normal.

Más del 50% de los mexicanos consumimos alimentos chatarra varias veces por semana. 13% las consume todos los días. El 12% de la población sufre de insuficiencia nutricional debido al consumo excesivo de esta mal llamada comida, según datos de la Secretaría de Salud de febrero de 2023. En 2014, la comida chatarra representaba el 30% del gasto de una familia mexicana promedio.
El mercado de papas fritas en México alcanzó 3,479 millones de pesos en 2023, y se proyecta que alcanzará 4,582 millones de pesos en 2032. Los mexicanos comemos aproximadamente 7.8 kilogramos de papas fritas por año.
México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con un promedio de 163 litros por persona al año. El valor del mercado de refrescos en México ronda los 15, 500 millones de dólares, y se proyecta que crezca a una tasa anual compuesta del 4.9%.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a alimentos no básicos con alta densidad calórica recaudó 25,590 millones de pesos en 2021. Para 2024, se estima que el IEPS a cervezas, cigarros y comida chatarra generará 210,359.9 millones de pesos, un 5.4% más en términos reales respecto a 2023.

La compra de comida chatarra sigue en aumento a pesar de que desde hace décadas el gobierno implementó medidas para combatir su consumo excesivo, incluyendo un impuesto especial del 8% por cada 100 gramos con densidad calórica mayor a 275 kilocalorías, y nuevas regulaciones de etiquetado que fueron combatidas infructuosamente por sus fabricantes. Ahora, como ayer lo explicó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prohibirá que se venda en escuelas públicas y privadas de todos los niveles.
Consumir comida chatarra en cantidades módicas no mata, pero en grandes cantidades, como lo hacen millones de mexicanos, es suicidarse lentamente. La realidad es que muchos se están autodestruyendo con cada bocado de comida chatarra. Ojalá que las medidas drásticas que se anunciaron ayer sí funcionen antes de que sea demasiado tarde.
SE AUMENTARÁ LA MATRÍCULA,
ESPEREMOS QUE TAMBIÉN LA CALIDAD
En un esfuerzo por transformar la educación superior, la presidenta Claudia Sheinbaum y miembros de su gabinete presentaron ayer un ambicioso plan para ampliar el acceso a la misma e incrementar en 330,000 los lugares disponibles en cinco instituciones durante los próximos seis años.

El plan promete la expansión de las siguientes instituciones de educación superior y solo el tiempo dirá si realmente se logrará:
La Universidad Rosario Castellanos de la CDMX será nacional y se expandirá con 30 nuevas sedes, cada una con capacidad para entre 3,000 y 7,000 estudiantes. Esto añadirá 150 mil nuevos lugares, llevando su matrícula total a 206 mil Hoy tiene 1,199 docentes, lo que resulta en unos 46 estudiantes por docente.
La Universidad de la Salud tendrá 10 nuevas sedes para 25,000 nuevos estudiantes, alcanzando una matrícula total cercana a los 30,000. La proporción actual es de unos 20 estudiantes por docente.
Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) añadirán 50 nuevas sedes, proporcionando 40,000 nuevos lugares para albergar a 110,000 estudiantes. Con aproximadamente 45 estudiantes por docente, estas instituciones enfrentan desafíos significativos para mantener la calidad educativa.
El Tecnológico Nacional de México aumentará su matrícula en 85,000 lugares para llegar a 660,000 estudiantes en 2030. Actualmente cuenta con más de 30,000 docentes.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) incrementará su matrícula en 30,000 nuevos lugares para alcanzar un total de 246,000 estudiantes. Mantiene una proporción de aproximadamente 15 estudiantes por docente.
El incremento en la matrícula podría agravar los ya evidentes problemas de calidad educativa. Mientras que las mejores universidades del mundo mantienen una proporción ideal de alrededor de 5:1 estudiantes por docente, algunas instituciones mexicanas enfrentan proporciones más altas que afectan la atención personalizada y la calidad educativa.
El éxito del plan no está asegurado porque los desafíos en la contratación de docentes calificados y la infraestructura educativa adecuada siguen sin soluciones claras.
Este esfuerzo monumental no solo debe buscar aumentar el acceso a la educación superior, sino también asegurar que estas instituciones ofrecen programas relevantes que respondan a las demandas del mercado laboral y las necesidades comunitarias.

Curiosamente, la palabra que quedó ausente en todas las intervenciones fue calidad, una grave omisión porque si no se ofrece una educación de calidad, como lo ordena implícitamente el artículo 3 de la Constitución, se condena a la mayoría de los estudiantes al fracaso.
Elevar la calidad de la educación superior debe ser una prioridad para que los egresados puedan competir dentro de la economía global que cada día exige más. La calidad de las escuelas mencionadas ayer dista de ser óptima y sólo dos aparecen en el QS World University Rankings 2025 que califica a 1500 universidades del mundo: la UNAM en la posición 94 y el IPN entre los lugares 801 y 850.
Ojalá lo que se anunció ayer represente, de verdad, el inicio de una auténtica revolución en la educación superior de nuestro país. Al igual que con otros planes, la disponibilidad de recursos suficientes será fundamental para lograr los objetivos.
LOS PLANES Y PROYECTOS
DEL GOBIERNO FEDERAL
La presidenta Claudia Sheinbaum, con tres altos funcionarios de su gobierno presentaron ambiciosos planes para el sector agrícola y alimentario.
Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó cuatro ejes principales: bienestar rural, aumento de producción, gestión del agua y sostenibilidad. Anunció la continuación de programas como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, y presentó “Cosechando Soberanía”, enfocado en 1,200 municipios con alta pobreza. Enfatizó la meta de autosuficiencia en maíz blanco no transgénico y frijol y de reducir el precio de la tortilla hasta un 10% en términos reales durante el sexenio.

María Luisa Albores González, directora general de Segalmex, Diconsa y Liconsa, presentó la fusión de Segalmex con tiendas Diconsa para formar “Alimentación para el Bienestar”. Este programa operará en más de 24,000 tiendas en todo el país, ofreciendo maíz a 6 pesos/kg y frijol a 35 pesos/kg. Anunció una nueva área para transformar productos como cacao, café y miel, apoyando a pequeños productores. Las tiendas Diconsa ahora serán Tiendas Bienestar.
Leonel Cota Montaño, Subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció que Liconsa aumentará su cobertura de 6.3 millones a 7 millones de beneficiarios para 2025 y a 10 millones para 2030. Anunció la construcción de una nueva planta pasteurizadora en Campeche, la reactivación de una planta de secado en Michoacán y la instalación de 14 nuevos centros de acopio en Chihuahua.
Sin embargo, estos planes enfrentarán estos desafíos presupuestarios significativos en 2025: 1. Reducción del gasto programable en casi 579 mil millones de pesos (12.1% en términos reales); 2. Reducción del déficit presupuestario del 5% al 2.5% del PIB; 3. Rigidez en el 67% del gasto público debido a compromisos legales, constitucionales o contractuales, incluyendo rubros como deuda pública, pensiones, participaciones a estados y municipios, nómina pública y programas sociales establecidos por ley; 4. Compromisos con programas sociales existentes que absorberán unos 700 mil millones de pesos; 5. Apoyos a Pemex estimados en 200 mil millones de pesos, y; 6. Necesidades en sectores prioritarios como salud, educación y seguridad pública.

La factibilidad de alcanzar las metas propuestas dependerá en gran medida de cómo se manejan estos desafíos financieros. Es probable que algunos programas deban ser redimensionados o implementados de manera gradual. La expansión de Liconsa, por ejemplo, podría enfrentar retrasos o ajustes en su escala. Las inversiones en nuevas infraestructuras, como plantas pasteurizadoras y centros de acopio, podrían requerir una implementación por fases.
Para aumentar la viabilidad de estos planes, el gobierno necesitará: 1. Priorizar rigurosamente los programas más esenciales y de mayor impacto social; 2. Buscar eficiencias operativas en los programas existentes; 3. Explorar asociaciones público-privadas para algunos proyectos de infraestructura; 4. Mejorar la recaudación fiscal sin aumentar la carga impositiva general, y : 5. Considerar la reasignación de recursos de áreas menos prioritarias.
En conclusión, la implementación exitosa de estos planes requerirá una gestión financiera cuidadosa y creativa.
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