David Brooks, corresponsal / La Jornada
Nueva York. En la primera acción legal de Donald Trump desde que la FBI realizó un cateo de su residencia en Florida hace dos semanas, sus abogados presentaron una demanda ante un tribunal buscando frenar la evaluación de los documentos oficiales -entre ellos 11 series de materiales marcados como secretos- que le fueron confiscados como parte de una investigación contra el ex presidente por posibles violaciones a la Ley de Espionaje y otras dos leyes.
La demanda solicita que un juez nombre a un tipo de árbitro judicial -conocido como un “special master”- quien pueda inspeccionar los documentos y apartar aquellos que podrían estar protegidos bajo el llamado “privilegio ejecutivo” que permite a presidentes evitar la revelación pública de ciertos materiales y comunicaciones.
Los abogados de Trump argumentan que el cateo fue una “movida agresiva”, insinuaron que fue realizada con motivaciones políticas y que se tiene que proteger los “derechos constitucionales” del ex presidente.
En un caso relacionado, un juez federal continúa evaluando si hacer público y con qué nivel de censura, el documento jurado del FBI empleado para solicitar y justificar el cateo de la residencia de Trump el 8 de agosto. El juez Bruce Reinhart emitió una orden este lunes para que el Departamento de Justicia presente este jueves su propuesta de una versión censurada del documento que se pueda hacer pública, pero evitar divulgar información delicada sobre la investigación en curso contra Trump.
El juez Reinhart argumentó que “dado el intenso interés publico e histórico en un cateo sin precedente de la residencia de un ex presidente”, los fiscales aún no han demostrado que el documento debe ser mantenido en secreto.