Dora Villanueva / La Jornada
Ciudad de México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que derivado de la revisión a empresas dedicadas al comercio exterior, que en la primera mitad de 2023 no acreditaron de manera adecuada los beneficios tributarios que reciben, encontró inconsistencias que le permiten reclamar el pago de 8 mil 324 millones de pesos a este tipo de firmas.
En un comunicado, el organismo explicó que durante la primera mitad del año, 513 empresas que tienen operaciones de comercio exterior incumplieron con los requisitos de certificación para obtener beneficios fiscales en impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
De esas firmas, 50 son grandes contribuyentes —empresas que reportan ingresos por más de mil 650 millones de pesos al año—, que pertenecen a los sectores textil, aluminio, acero y automotriz y que son parte del Esquema de Certificación de Empresas.
El Esquema de Certificación de Empresas permite exentar al 100 por ciento el pago de IEPS e IVA por la introducción a territorio nacional de mercancías bajo los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico.
“El SAT, a través de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), fortalece la vigilancia a la certificación mediante monitoreos a empresas certificadas en la modalidad de IEPS e IVA, para combatir el uso incorrecto de los beneficios fiscales”, explicó el organismo.
Detalló que una vez que detectó el incumplimiento de 513 contribuyentes que se benefician de esos subsidios al IVA y el IEPS, se “cuadriplicaron las visitas de supervisión a empresas que cuentan con una certificación de ambos impuestos”; y 75 por ciento de dichas certificaciones fueron canceladas de manera definitiva.
El SAT no informó cuántas de las 513 firmas persistieron con inconsistencias y a qué total representa el 75 por ciento de las certificaciones canceladas; no obstante, destacó que derivado de las revisiones se prevé que hay 8 mil 324 millones de pesos en créditos fiscales por conceptos de IEPS e IVA recibidos por las firmas con certificaciones canceladas.