Eduardo Ruiz-Healy
Se difundió hace unos días el Índice de Paz México 2021 (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), un laboratorio de ideas (think tank) con sede en Sídney (Australia) y oficinas en Nueva York, la Ciudad de México y La Haya.
El de 2021 es la octava edición del MPI y se basa en el Índice de Paz Global que desde 2007 elabora cada año el IEP.
Aceptemos desde ahora que los mexicanos vivimos en un país violento y peligroso y que, de acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2021, el 66.4% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro.
Sin embargo, el IPM 2021 señala que las cosas por fin pueden estar mejorando y destaca, entre otras cosas, las siguientes:
“El aumento de la tranquilidad indica una nueva tendencia. La mayoría de los indicadores han mostrado alguna mejora desde julio de 2019, especialmente los delitos violentos después de los cierres impuestos por el COVID.
“El impacto económico de la violencia en México se estimó en 4.71 billones de pesos en 2020, equivalente a 87,256 pesos (4,092 dólares) por trabajador mexicano.
“La tasa de homicidios mejoró 1.3% en 2020. Con más de 35,000 muertes, México tiene la novena tasa de homicidios más alta del mundo.
“22 estados registraron una mejora general en 2020, mientras que 10 se deterioraron. Esta es la primera vez en cinco años que más estados han mejorado que deteriorado en términos de paz.
“Yucatán es el estado más pacífico de México, y Baja California el estado menos pacífico.
“La paz de México mejoró en un 3.5% en 2020, con cuatro de los cinco indicadores mejorando. Esto se produce después de cuatro años de deterioro sucesivo y marca un cambio de tendencia que comenzó antes de la aparición de COVID-19. Desde julio de 2018, las tasas de delitos de homicidio y armas de fuego alcanzaron su punto máximo y desde entonces han ido disminuyendo gradualmente. Otras tasas de criminalidad comenzaron a caer a mediados de 2019, también antes de la pandemia de COVID-19. Aunque sigue siendo muy alto, esto indica que México puede estar experimentando un cambio de tendencia en sus niveles de violencia”.
El IPM corrobora lo que muchos dijimos para explicar la caída en el número de crímenes cometidos desde que empezó la pandemia, en marzo de 2020, explicaciones que el gobierno de la 4T nunca aceptó: “… en 2020 la implementación de medidas de salud pública y las órdenes de quedarse en casa se vieron seguidas de nuevas reducciones en tipos específicos de violencia. Los delitos generalmente relacionados con el movimiento cotidiano de las personas, como robos, asaltos, secuestros y extorsiones, registraron mejoras notables en 2020”.
El IPM es claro al señalar que “México puede estar experimentando un cambio de tendencia en sus niveles de violencia”.
Que la tendencia continúe hacia la baja es responsabilidad de todos los mexicanos, pero más de nuestros gobernantes en los niveles federal y estatales, que supuestamente tienen los recursos humanos, materiales y económicos para lograrlo y que no tendrán otros encierros pandémicos que los ayuden. Ojalá la asuman, por el bien de todos.
ABRAHAM ALIPI, DIRECTOR DE CENEGAS
INVITADO POR EMPRESARIOS CONTRATISTAS
El 15 de julio de 2018, el entonces flamante presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer desde las escaleras de la casona que fue su oficina de campaña, en la CDMX, sus “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”.
Sobre ellos escribí días después lo siguiente:
“Los lineamientos buscan que los funcionarios se conviertan en verdaderos servidores públicos y no, como hasta ahora ha sido el caso, se sirvan del público para aumentar su patrimonio y darse la gran vida. Buscan cambiar la cultura que hasta ahora ha imperado en una burocracia abusiva que es detestada por la mayoría de los mexicanos. Ojalá la mayoría de los 50 funcionen en los hechos”.
Recordé los lineamientos el miércoles pasado cuando, durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel se dio este diálogo entre él y una reportera de la revista Contralínea:
REPORTERA: Presidente, tenemos información de que el actual director de CENEGAS, Abraham Alipi, viajó a Miami el año pasado cuando todavía era funcionario de Petróleos Mexicanos, invitado por empresarios contratistas de la empresa petrolera en un vuelo privado para presenciar el partido del Super Bowl. En Contralínea publicamos algunos detalles como el plan de vuelo y que este se realizó en un jet Cessna. La pregunta es si se van a permitir continuar con este tipo de acciones en esta administración.
PRESIDENTE: No se permite eso. En este caso ya se hizo una investigación, se comprobó de que sí fue a Miami, pero que fue invitado, él no pagó el viaje y se consideró que no tiene ningún delito.
REPORTERA: Pero fueron contratistas de la petrolera. ¿No hay algún conflicto de interés?
PRESIDENTE: Sí, pero no hay contratos de por medio, se hizo la investigación a fondo sobre eso en particular y estuvimos atentos, y estamos atentos a todo y cuidando de que no haya corrupción.
Al decir “se comprobó de que sí fue a Miami, pero que fue invitado, él no pagó el viaje y se consideró que no tiene ningún delito”, el presidente aceptó que Alipi ignoró dos de los 50 lineamientos: el 23, que dice que “Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados”; y el 30, que establece que “Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía y de otras dependencias, no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública”.
Al viajar en un jet Cessna, privado, Alipi ignoró el 23, y al viajar con contratistas para convivir en un evento deportivo en Miami hizo caso omiso del 30.
Pese a ello, AMLO lo justificó y exoneró, no sé si de un delito, pero sí de ignorar olímpicamente dos de sus lineamientos que supuestamente buscaban “que los funcionarios se conviertan en verdaderos servidores públicos y no, como hasta ahora ha sido el caso, se sirvan del público para aumentar su patrimonio y darse la gran vida”.
¿Por qué defiende el presidente a un funcionario como Alipi, que aprovecha su puesto para darse la gran vida, entre otras cosas?
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