Eduardo Ruiz-Healy
Mientras que la carrera política de su ex jefe y mentor, Marcelo Ebrard, se desmorona, la del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, va en franco ascenso.
Ayer se descartó para competir por la candidatura morenista a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así lo anunció: “Siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la Ciudad, sin embargo, hoy tengo un sueño más grande: contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta. Entre competir por la CDMX y ganar el país con Morena, prefiero lo segundo”.
Su decisión es acertada, ya que aceptó que sería inútil competir por dicha candidatura contra Omar García Harfuch, el ex secretario de Seguridad Pública de la CDMX, la persona que Claudia Sheinbaum desea que sea su sucesor al frente del gobierno de la capital del país y el dueño del nombre que aparece arriba en las encuestas que se han realizado para saber a quién quieren ver como el candidato morenista los habitantes de ella.
La única que cree que puede ganarle a García Harfuch es la dos veces delegada y una vez alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, a quien algunos califican como la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de que Brugada dice estar arriba en las encuestas, la más reciente de ellas, realizada del 21 al 23 de septiembre por Buendía & Márquez para el diario El Universal, muestra que eso no es cierto.
A la pregunta “¿Quién prefiere que sea el candidato o candidata de Morena para jefe (a) de Gobierno de la Ciudad de México?”, 33% de los encuestados respondió que García Harfuch, 20% dijo que Brugada, 12% que el impresentable subsecretario de Salud conocido como Dr. Muerte, 6% por Delgado, recibiendo 5% o menos de las preferencias otras personas.
Delgado, que es un hombre de números y pragmático, seguramente vio esta o alguna otra encuesta seria y concluyó que no tenía la más mínima oportunidad de ganar la candidatura.
Al decir que su mayor sueño es “contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta”, confirmó que seguirá como presidente de Morena hasta, por lo menos, junio de 2024. Por ello, será responsable de que los candidatos de ese partido ganen la presidencia de la república, las nueve gubernaturas, la mayoría de las diputaciones federales, senadurías y demás cargos estatales que se elegirán el 2 de junio entrante. ¿Podrá lograr una mayoría de dos terceras partes en cada una de las cámaras de la legislatura federal para que se aprueben las reformas constitucionales que AMLO quiere?
Durante la larga era priista, la mayoría de los que fungieron como presidentes del PRI durante una campaña presidencial quedaron dentro del gabinete presidencial. Porfirio Muñoz Ledo fue secretario de Educación Pública de José López Portillo, Pedro Ojeda Paullada fue secretario de Pesca de Miguel de la Madrid, Jorge de la Vega Domínguez fue secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México de Carlos Salinas, Ignacio Pichardo fue secretario de Energía de Ernesto Zedillo y Pedro Joaquín Coldwell fue secretario de Energía de Enrique Peña Nieto. ¿Sucederá lo mismo el año entrante? ¿Habrá una secretaría de Estado en el futuro de Mario? El tiempo lo dirá.
DIPUTADOS DEL PAN Y DEL PRI EN
GUANAJUATO, EN CONTRA DE SUS “PRINCIPIOS”
El presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante su controvertido Plan B, pretendió reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE), despedir a los trabajadores especializados en materia electoral, permitir a los partidos hacer proselitismo y actos anticipados de campaña. Lo anterior, modificando cuatro leyes: la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos, la General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la General de Comunicación Social y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
A pesar de la rápida y casi furtiva aprobación de este plan en diciembre del 2022 por la mayoría compuesta por Morena-PVEM-PT en el Congreso, sin espacio para el debate, la respuesta de la sociedad civil y partidos de oposición fue inmediata y contundente.
Los partidos de la oposición, PAN, PRI y PRD, impugnaron el Plan B ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que socavar principios constitucionales, comprometía la democracia y limitaba los derechos humanos.
Los días 8 y 9 de mayo pasado, la SCJN invalidó el Plan B señalando que el proceso legislativo había sido quebrantado, que la mayoría impidió la deliberación o la transparencia, privando a la sociedad de su derecho a la participación y toma de decisiones. También detectó aspectos inconstitucionales en el Plan B, como el permitir propaganda electoral por parte de servidores públicos.
A raíz de estas declaraciones, líderes de Morena, incluido el presidente López Obrador, manifestaron su disconformidad. López Obrador interpretó el fallo de la SCJN como una intrusión al legislativo y etiquetó a la Corte como el “guardián de los conservadores”. Por otro lado, Mario Delgado, líder nacional de Morena, vio en esta resolución un desafío a la separación de poderes.
Sin embargo, lo que sorprende es la posterior actuación de los legisladores en Guanajuato. En una acción irónica, diputados locales del PAN y PRI replicaron una conducta similar a la de los legisladores federales lopezobradoristas. Esta hipocresía quedó al descubierto cuando, el 23 de mayo, pocos días después del fallo de la Corte contra el Plan B, aprobaron rápidamente una reforma electoral en Guanajuato, que posteriormente fue invalidada por la SCJN por razones análogas, después de que fuera impugnada por los diputados morenistas y verdes guanajuatenses que utilizaron los mismos argumentos que esgrimieron los legisladores federales del PAN, PRI y PRD para impugnar el Plan B.
Estos eventos resaltan un patrón preocupante: la predisposición de nuestros legisladores federales y locales a dejar de lado la democracia deliberativa en aras de agendas políticas. En Guanajuato los diputados del PAN y el PRI actuaron igual que en el Congreso Federal los legisladores de Morena, el PVEM y el PT.
Hasta anoche, ningún morenista distinguido había criticado a los ministros de la SCJN por invalidar la reforma que sin respetar los derechos de la minoría aprobaron los panistas y priistas de Guanajuato.
Sin importar la bandera partidista, la consistencia y el compromiso con principios democráticos deben ser inquebrantables. Desafortunadamente, nuestros legisladores parecen no entenderlo.
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