Por una salud integral e igualitaria


INSABI

Asa Cristina Laurell/La Jornada

Juan Antonio Ferrer

Casi todos quienes cuentan con conocimientos sobre los sucesos de salud de los últimos años estuvieron de acuerdo con la desaparición del Insabi y su sustitución por el organismo descentralizado IMSS-Bienestar (Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar). Parecía adecuada la terminación del Insabi en vista de su fracaso para extender los servicios a la población sin seguridad social laboral. En cambio, causó mucho desconcierto que se nombrara a Alejandro Calderón Alipi como el nuevo director general del IMSS-Bienestar en sustitución de Gisela Lara, quien tiene amplia experiencia no sólo en el IMSS, sino también en el trabajo con la población rural y suburbana sin seguridad social.

Gisela Lara

La extrañeza sobre este nombramiento deriva de la trayectoria de esta persona como el responsable de la compra de medicamentos para el sector público de salud. Como es ampliamente conocido, fracasó en esta tarea. Para salvar el sector público de salud del desabasto de medicamentos, se contrató a la Unops, única empresa comercial de la ONU. Ésta tampoco logró adquirir y distribuir suficientes medicamentos para el sector público del país, lo que llevó a una nueva intervención fracasada del Insabi. Y ahora es nombrado Calderón Alipi, el responsable de estos fracasos, director general del OPD IMSS-Bienestar. Casi simultáneamente, la máxima autoridad del Insabi, Juan Antonio Ferrer, fue nombrado subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud federal, puesto desaparecido en junio 2020 como parte de la reducción de las secretarías de Estado.

Para poder entender estos movimientos extraños en la secretaría de Estado más desprestigiada del actual gobierno es insuficiente alegar que fue debilitada por las malas políticas neoliberales instrumentadas durante los gobiernos de PRI y PAN. Efectivamente, hay algo de verdad en ello, pero las políticas realmente existentes durante el sexenio en curso tienen rasgos neoliberales heredados y se observa poca correspondencia entre los hechos y el discurso antineoliberal. En rigor, sólo se salva el director general del IMSS, Zoé Robledo, que ha logrado mucho más en el proceso de federalización en un año que el Insabi durante tres años.

Zoé Robledo

El discurso antineoliberal actual no analiza a fondo cuáles son los pilares del proyecto neoliberal en salud, que es el proyecto dominante en México por lo menos desde 1983. Es decir, varios de los altos funcionarios actuales lo compartieron en sus anteriores puestos en el sector público. Como es bien sabido, la creencia básica del pensamiento neoliberal es que el mercado es el mejor asignador o distribuidor de los recursos. En esta creencia se ha tratado de convertir el sistema público de salud en un mercado con fuerte subsidio público. El paso necesario previo es separar las funciones de regulación, financiamiento y prestación de servicios para promover la competencia, paso que se ha instrumentado en todo el sector público, no sólo en las secretarías de salud.

Alejandro Calderón Alipi

Incluso, ha habido intentos de universalizar los servicios de salud bajo este modelo con paquetes básicos de servicios, como fue el caso del Seguro Popular. Un paso previo es costear los diferentes servicios para poder intercambiarlos entre, por ejemplo, las secretarías de Salud y el IMSS. Otro intento relacionado, que se hizo bajo los gobiernos neoliberales, fue construir redes integradas de salud dentro del sector público mediante convenios interinstitucionales. Es también de destacar que este modelo dio mucho énfasis al primer nivel de atención con el fortalecimiento de la promoción y prevención. Sostener que el problema de este modelo fue la corrupción, aunque había mucho espacios para ella, es una simplificación inadecuada que no permite entender sus errores conceptuales y operativos. Al contrario, es necesario conocer estos procesos y analizarlos si se quiere romper con el neoliberalismo y avanzar en la construcción de un paradigma de un derecho integral e igualitario a la salud, que difícilmente se puede alcanzar viéndola como un bien transado en el mercado. Por lo pronto podemos constatar que con el presupuesto público actual dedicado a salud no alcanza para este anhelo.