Rodrigo Villar
El viernes pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -que es la principal revisora del destino del gasto público en el país- entregó en la Cámara de Diputados el estado parcial de la revisión de la Cuenta Pública 2019, que cubre el ejercicio del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en su contenido revela el estado de catástrofe económica que heredaron los gobiernos panistas y el priísta a la actual administración federal.
El documento que contiene el resultado de 419 auditorías a las instituciones federales y a los 32 estados del país advierte de situaciones graves en materia de afectaciones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a programa de apoyo a los campesinos, del Fondo de Estabilización Petrolera, entre algunas de ellas.
Y en el terreno de la salud, pone de relieve la condición de los programas que eran operados por el Seguro Popular, y uno de ellos el Programa Vigilancia Epidemiológica, cuyos dineros son transferidos a las entidades federativas para el fortalecimiento de acciones de salud pública (cursos de capacitación al personal de salud, y contratación de servicios y de personal de apoyo para desarrollar actividades relacionadas con dicho programa, entre otros).
Y para la adquisición y suministro de insumos a las entidades federativas consistentes en plaguicidas para prevenir y controlar la trasmisión de enfermedades tales como el Zika, Dengue y Chikungunya, entre otros.
Ya desde la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 se efectúo una revisión relacionada con la transferencia de recursos y ministración de insumos a las entidades federativas para atender contingencias epidemiológicas, en la cual se determinó, como resultados relevantes, la falta de ministración de recursos de una entidad federativa a una unidad ejecutora, así como la falta de aplicación de recursos no ejercidos de las unidades ejecutoras de 15 estados, o en su caso, su reintegro a la Tesorería de la Federación.
El caso es que cinco años después el escenario es el mismo. El gobierno de Vicente Fox nos vendió el cuento de que el Seguro Popular aliviaría todas las penas y enfermedades de todos los mexicanos, sobre todo aquellos pobres que se multiplican y multiplican en nuestro país. Pero menos tardó en echarse a andar la maquinaria propagandística del gobierno para confirmar que era la panacea, que descubrirse que esa estructura pendía de los hilos -muy delgados de la corrupción-, y que dio cobijo a todo tipo de trapacerías.
Por ejemplo, en este programa de vigilancia epidemiológica, la ASF constató que durante el ejercicio 2019 en las atribuciones y facultades del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) se encontraron debilidades en el control interno considerando que los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos no se encuentran actualizados y no contemplan las funciones de coordinar, supervisar y controlar el pago a proveedores, prestadores de bienes y servicios correspondientes a la Dirección de Operación, y no cuenta con una planeación estratégica.
Tampoco se estableció que los recursos transferidos a las secretarías de Finanzas Estatal, o sus equivalentes, y de éstas a las unidades ejecutoras estatales, se depositen en una cuenta bancaria productiva por cada tipo de gasto ministrado por unidad administrativa (órgano desconcentrado), con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros estén identificados por programa presupuestario, para efectos de la transparencia en la rendición de cuentas de su ejercicio.
En la revisión no se estableció que los procedimientos de adjudicación para las adquisiciones de bienes y prestación de servicios que realicen las entidades federativas con los recursos federales transferidos se lleven a cabo de conformidad con la normativa federal.
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar el presupuesto asignado al programa presupuestario. Y se verificó que en el ejercicio 2019, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) celebró 3 convenios modificatorios a los Convenios Específicos en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en cada entidad federativa (Convenios AFASPE).
En su revisión, se determinaron las inconsistencias siguientes pues no se estableció que los recursos transferidos a las secretarías de Finanzas Estatal, o sus equivalentes, y de éstas a las unidades ejecutoras estatales, se depositen en una cuenta bancaria productiva por cada tipo de gasto ministrado por unidad administrativa (órgano desconcentrado), con la finalidad de que los recursos transferidos y sus rendimientos financieros estén identificados por programa presupuestario, para efectos de la transparencia en la rendición de cuentas de su ejercicio.
No se estableció que los procedimientos de adjudicación para las adquisiciones de bienes y prestación de servicios que realicen las entidades federativas con los recursos federales transferidos se lleven a cabo de conformidad con la normativa federal. No se establecen las acciones que se debían aplicar en el caso de que al cierre del ejercicio las entidades federativas.