Rodrigo Villar
Dos meses atrás ocurrió la elección de la nueva dirigencia del sindicato petrolero. Participaron candidatas y candidatos cercanos al gobierno morenista en contra de aquellos que eran respaldados por los sedimentos del sindicalismo que encabezó Carlos Romero Deschamps, quien durante décadas fungió como el engrane entre los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, y las bases trabajadoras y burocráticas controladas desde los métodos de alineación corporativa y de cooptación que se manifestó en el sindicato.
Por lo menos, en 25 años, Carlos Romero Deschamps construyó un imperio sindical que le redituó en cercanía con cada uno de los gobiernos a los que sirvió: recibió millonarias cantidades de dinero provenientes del erario -tan sólo recordemos los más de mil millones de pesos que desvió para la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, operación conocida como Pemexgate-, y también posiciones políticas con senadurías y diputaciones.
Esa complicidad creció con los años, y a la par también se desarrolló al lado del líder sindical un grupo de personajes incondicionales que le ayudaron a mantener el control y dominio de un gremio de trabajadores consentidos. Entre los hombres de confianza de Romero Deschamps, Ricardo Aldana Prieto despuntó como el de mayor cercanía, pues lo colocó como secretario de administración del sindicato.
Tal posición significó que el manejo discrecional de millones y más millones de pesos pasara por las manos de Aldana, quien, por supuesto en el escándalo del Pemexgate fue señalado como el responsable, deslindándole responsabilidades a Romero Deschamps quien acordó con la dirigencia nacional del PRI, entregar mil 100 millones de pesos que Pemex le destinó como partida especial, para invertir en la frustrada campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.
Con el tiempo, como sucede en la mayoría de los escándalos en México, se olvidó el delito o se desvaneció a propósito de la complicidad de los petroleros y la autoridad judicial. Y al llegar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que acompañó su discurso laboral con una nueva ley en la materia, se instaló la obligatoriedad de la elección abierta para las dirigencias sindicales.
Y todo resultó en una simulación porque, a pesar de un proceso aparentemente democrático -que constituye en parte, la nueva narrativa del quehacer gubernamental- los trabajadores petroleros, los oficinistas, los que trabajan en refinerías, en coquizadoras, en plataformas petroleras, en pozos de extracción de gas, optaron por el más viejo por conocido, que nuevo por conocer, y se volcaron a votar favor de Ricardo Aldana para ocupar por cuatro años la dirigencia sindical de los petroleros.
Ante los adversarios y enemigos, se ha extendido la versión de que la relación de Aldana y Romero Deschamps se encuentra más que rota e incluso que aquel tiene control pleno de sectores muy importantes en esa organización.
A saber, como dijeran las abuelas, lo único cierto es que para Aldana el control del sindicato no es nada halagüeño porque se enfrenta nada más y nada menos que a un presidente fuerte, que no conoce de complicidad con el sindicato petrolero, y sobre todo porque ha marcado una promesa sustantiva a su gobierno: basificar a 20 mil trabajadores temporales.
Esa promesa en promesa se quedará, porque choca con la reducción de las condiciones laborales -en muchísimos casos se ha acreditado el abandono en las condiciones laborales de los trabajadores durante los últimos tres años – y no se diga en el descuido criminal en que se tienen los hospitales de esa institución otrora ejemplo de la seguridad social en el país-, la reducción del presupuesto para abrir nuevas plazas de trabajo, y el deterioro, con consecuencia de la empresa en su conjunto.
Por eso ha calculado muy bien qué a Ricardo Aldana, cuyos antecedentes ominosos no le benefician, le faltará capital político para responder a la presión de pujar por la basificación de los trabajadores temporales, y al contrario se le ubicará en el centro de la controversia, acusándolo con facilidad de que se significará como el dique que impidió se cumpliera con la promesa presidencial.
Así que los dos años y medio que le restan de gobierno a López Obrador, le significarán oportunidad para no sólo controlar a Aldana -quien deberá permanecer como los avestruces, con la cabeza bajo tierra-, sino responsabilizarlo porque la basificación de 20 mil temporales no se consiguió.