Sector salud, entre los más afectados por las anomalías perpetradas.
Bloqueos y paros de labores impiden concluir auditoria a Seguro Popular.
Rodrigo Villar
Los despojos heredados por la actual administración del estado, de manos de Gabino Cue son interminables, y sobre todo indignantes. ¿Cuándo lo van a procesar y meter a la cárcel para que ahí, junto a sus cómplices, paguen todas las que nos hicieron?
Veamos un caso singular que nos habla de la bajeza humana.
Durante el gobierno de Gabino Cue, la desatención a la salud se multiplicó, mujeres pobres –de lo más pobre- parieron en banquetas, en jardineras, porque les fue negada la atención. Y de ello, es corresponsable, el ladrón, médico general, Germán Tenorio Vasconcelos, hoy refundido en la cárcel.
Y entonces no sólo se trataba de la mediocridad y vileza humana de algunos funcionarios del sector salud que les dijeron ¡no! a esas parturientas, y a miles de oaxaqueños que padecieron el desprecio gubernamental y la negativa a demandar sus derechos elementales. Formaba parte de una política que implicaba la desatención, pero en el fondo el robo, hurto, las raterías de bestias humanas dedicadas al saqueo del erario.
Hace unos días, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el órgano máximo de revisión del gasto público a nivel federal, descubrió nada menos que en el sistema de salud de los estados, con dinero que envía el gobierno federal para la atención a la salud, pues nada más se desviaron siete mil 700 millones de pesos en total.
Y qué decir de Oaxaca, pues que con Gabino Cue figuró entre lo más nefasto de la administración pública.
Aquí el ejemplo:
En en el 2016, los recursos federales transferidos al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS) en el estado de Oaxaca, fueron por 3 mil 837 millones de pesos.
De los cuales se revisó una muestra de 3 mil 458 millones. De esa cantidad se determinaron recuperaciones probables por 856 millones 950 mil pesos.
Integrados por 572 millones 820 mil pesos, por no realizar los enteros del Impuesto Sobre la Renta retenido a la instancia correspondiente; 181 millones 583 mil por no realizar los enteros de las cuotas del ISSSTE, SAR y FOVISSSTE retenidas al personal financiado con recursos fondo; 83 millones 982 mil por la falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en los objetivos del fondo; y 18 millones 479 mil pesos por no presentar la documentación comprobatoria y justificativa de que 61 servidores públicos laboraron durante el ejercicio fiscal 2016 en el centro de adscripción reportado en las nóminas financiadas con recursos del fondo; asi como 84 mil de pesos por la falta del contrato de un trabajador por el segundo semestre del ejercicio fiscal 2016.
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el gobierno de Gabino Cué, de cuya veracidad es responsable.
Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había devengado el 97.4 por ciento de los recursos transferidos.
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró en inobservancias a la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 856 millones 950 mil pesos
Se descubrió entonces que el gobierno del ladrón Cue no dispuso de un adecuado sistema de control interno que le permitiera identificar y atender los riesgos que limitaran el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo Gasto Federalizado ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP un trimestre de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, y dos trimestres de los indicadores de desempeño.
“En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, concluyó la ASF.
Por lo que hace al Seguro Popular, también la Auditoría Superior de la Federación se abstuvo de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el Gobierno del estado de Oaxaca no proporcionó la totalidad de la documentación que le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría con número 002/CP2016 de fecha 02 de mayo de 2017 en donde se asentó que debido a que las instalaciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Oaxaca en las que fueron desarrolladas las actividades de fiscalización, fueron tomadas durante el desarrollo de la auditoría por integrantes de la Sección 9 de Oaxaca del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores en Salud, lo que impidió concluir el proceso de fiscalización correspondiente, así como la entrega de la documentación que acredite el ejercicio y destino de los recursos del programa.
Así, sin especulaciones, los datos oficiales confirman que el de Gabino Cué fue un gobierno, que tiene méritos suficientes para ser castigado con cadena perpetua.
