Jessica Xantomila / La Jornada
Tras darse a conocer el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de La Jornada en el estado de Nayarit, organizaciones defensoras de derechos humanos y de comunicadores condenaron el ataque y urgieron a las autoridades a investigar los hechos.
A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó la muerte de Sánchez Íñiguez, después del hallazgo de su cuerpo en la localidad de El Ahuacate, en la capital Tepic.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México expresó su condena y se pronunció por que la primera línea de investigación se enfoque en el trabajo periodístico.
A su vez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) exigió justicia para Sánchez Íñiguez y para todos los y las periodistas del país.
“Urgimos a las autoridades correspondientes esclarecer los hechos”, manifestó en redes sociales.
En 2023 por lo menos cuatro periodistas más han sido asesinados en el país: Gerardo Torres Rentería, en Guerrero; Abisaí Pérez Romero, en Hidalgo; Ramiro Araujo Ochoa, en Baja California y Marco Aurelio Ramírez Hernández, en Puebla.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), también se sumó a la condena por el asesinato de Sánchez Íñiguez y exigió a las autoridades a investigar los hechos.
Por su parte, periodistas de Nayarit difundieron un comunicado en el que demandaron al gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro; al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, y al alcalde de Xalisco, Heriberto Castañeda; así como a la Fiscalía General de la República (FGR) y de la entidad a que se agoten todas las líneas de investigación en el caso de Sánchez Íñiguez y de otros dos comunicadores que fueron reportados como desaparecidos: Jonathan Lora Ramírez, ya localizado, y Osiris Maldonado, que aún no ha sido encontrado.
Igualmente demandaron que se garantice en la entidad la seguridad para ejercer el periodismo.
Los hechos, expusieron, “no sólo afectan gravemente a las tres personas involucradas, sino a sus familias, al gremio y a la sociedad en general, porque se tratan de acciones violentas que trastocan la paz pública y ponen de manifiesto el peligro que corremos todas las personas en cualquier momento”.
También exigieron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) de la FGR atraiga la investigación para atenderla conforme el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.