Rogelio Vargas Garfias/La Jornada
Este 19 de junio de 2016, a cinco años de la masacre perpetrada por las fuerzas represivas del gobierno de Enrique Peña Nieto contra el pueblo de Nochixtlán, Oaxaca, tierra del ilustre pedagogo Abraham Castellanos, aún huele a sangre fresca y pólvora.
Las familias de los asesinados, heridos de bala, golpeados y desplazados claman justicia. Sin embargo, es muy poca, muy parca la solidaridad que se brinda a este pueblo indígena digno, que defendió –hasta con su vida– los principios de una educación pública democrática y científica, amenazadas por la reforma educativa de los partidos del extinto Pacto por México (PRI, PAN, PRD).
Miles fueron los policías federales y estatales que, en un domingo de plaza, atacaron con armas de grueso calibre a profesores de la sección 22 y a ciudadanos de la población. El saldo de la agresión fue de ocho muertos, 27 detenciones violentas y arbitrarias, 150 heridos de bala y proyectiles de todo tipo, lanzados por policías uniformados y disfrazados de civil. A punta de gases lacrimógenos arrojados desde un helicóptero que los cazaba desde el aire, 32 niños fueron desplazados.
Un lustro después, los policías que dispararon y asesinaron, y los autores intelectuales que ordenaron la masacre, gozan de impunidad. Algunos son funcionarios gubernamentales, tienen fuero constitucional o aspiraron a un cargo de elección popular presentándose como candidatos en la pasada contienda electoral.
Los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos tienen nombres y apellidos. Entre ellos se encuentran el entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, el ex comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos; el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; el delegado de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, Germán García Moreno Ávila; el delegado del Cisen, Raúl Ernesto Salcedo Morales, y otros personajes, que, al frente de sus cargos policiales, tomaron la decisión de disparar sobre un pueblo inerme.
La masacre de Nochixtlán fue un crimen de Estado, de la que se debe dar cuentas, sin importar el color del partido al que los responsables pertenezcan ahora.
Los familiares de las víctimas y sus abogados han tocado todas las puertas a su alcance y han buscado, sin suerte, audiencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Han recurrido a asambleas de la CNTE, sin que se les preste la atención debida. Se han topado con una enorme cantidad de trabas jurídicas y burocráticas para hacer valer su derecho a la verdad y a la justicia. Los han querido sobornar. Han sufrido atentados, golpizas y amenazas. Y, a pesar de ello, han resistido. No se rinden, ni se rendirán, hasta alcanzar la justicia y la verdad.
El Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic) ha denunciado en innumerables ocasiones durante los últimos años las injusticias y penurias que han sufrido. Desgraciadamente, pareciera haber quienes quieren comprar su silencio y su dignidad con una recompensa, con un pago por sus muertos, con una dádiva a la que llaman reparación del daño. A cambio de ella, se les pide perdonar a los que ordenaron la masacre. La respuesta de las víctimas y sus familiares ha sido contundente. En todos los tonos, una y otra vez, han dicho: ¡no nos rendiremos!, ¡nuestra firmeza y dignidad no están a la venta!, ¡exigimos cárcel para los que ordenaron disparar!, ¡ni perdón ni olvido!.
Esta firmeza y dignidad del pueblo indígena mixteco de Nochixtlán es ancestral. Se equivocan los que creen que los van a convencer para que abandonen su lucha y dejen de lado la memoria de sus muertos. El pueblo ñuu savi, pueblo de la lluvia, tiene fincada sus raíces históricas guerreras en sus antepasados indígenas, en sus tradiciones sagradas inviolables, en su vocación de alma de jaguar.
El Covic y sus abogados han logrado sentar en la silla de los acusados –para que declaren– a varios de los asesinos intelectuales. No ha sido fácil. Se ha tenido que remar contra la corriente y contra las instituciones que procuran justicia en México. En este caso, como en tantos otros más, la FGR funciona como instrumento de contención y protección para los potentados. El trato no es parejo. Para los pobres y desprotegidos, largas, papeleos y suplicios burocráticos; para los poderosos y los políticos de renombre, buen trato, protección, arreglos en lo oscurito e impunidad.
Nochixtlán y los maestros de la CNTE no se van a doblar ni a vender. Como lo dice el ilustre maestro nochixtleco Abraham Castellanos, tienen el deber de erguirse contra la tiranía y saber protestar contra la brutalidad de los opresores. En palabras del famoso historiador Fernando Benítez, el pueblo mixteco es el pueblo del país de las nubes. Eso, en otras palabras, quiere decir que, cueste lo que cueste, es un pueblo dispuesto a tomar el cielo por asalto.
* Profesor de educación básica