Juez cancela concesiones a minera tras 8 años de lucha de pueblo nahua


Imagen de archivo de una protesta de habitantes de la Sierra Norte de Puebla contra mineras extranjeras, entre las que se encuentra la empresa Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals. Foto Agencia Es Imagen

Martín Hernández Alcántara, ‘La Jornada’ de Oriente 

Puebla, Pue., Después de ocho años de litigio de los pueblos de Ixtacamaxtitlán contra la minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, el juzgado segundo de distrito con sede en Puebla determinó que no es factible que la empresa recupere dos concesiones que le cancelaron para operar una mina a cielo abierto entre Santa María Zotoltepec y Zacatepec, a fin de extraer oro y plata, dio a conocer en un comunicado el poblado nahua de Tecoltemi, en ese municipio de la Sierra Norte.

La comunidad nahua y ejido de Tecoltemi, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua “ha triunfado sobre Almaden Minerals, pues después de ocho años de litigio, el Poder Judicial ha eliminado toda posibilidad de que este proyecto pueda realizarse, tal como ha sido presentado ante las autoridades mexicanas,” , expuso.

Los pueblos de Ixtacamaxti-tlán y las organizaciones que les acompañan expresaron que el 12 de abril conocieron el acuerdo del juez segundo de distrito en materias administrativa, de amparo civil, de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla, a través del cual declaró cumplida la sentencia emitida en febrero de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En esa resolución, la Corte ordenó cancelar las concesiones otorgadas a la minera porque no se realizó, como era obligatorio, la consulta al pueblo indígena previo a la autorización del proyecto. El pasado 9 de febrero, se explicó en el boletín, “en estricto cumplimiento a la sentencia, la Secretaría de Economía (SE) declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su reglamento”.

Ante este pronunciamiento el juzgado “llega a la conclusión de que, en el caso fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo”, fallo que celebraron las organizaciones que acompañaron a la comunidad en su defensa legal.

Advirtieron impacto ambiental

Sumado a la decisión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en cumplimiento con obligaciones internacionales, realizaron evaluaciones de impacto social y ambiental, en las cuales establecieron que “no es factible el otorgamiento de concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán por ocasionar graves afectaciones sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.

“Además generarían un impacto a la biodiversidad del lugar y que pudieran existir contaminantes que afecten las tierras, ríos y mantos acuíferos por el traslado de partículas tóxicas derivado de la actividad minera que se pretende realizar”.

Bajo esos resolutivos de dos instancias del Estado mexicano y con la sentencia de la SCJN ya cumplida, expresó la comunidad nahua, “podemos afirmar categóricamente que Ixtacamaxtitlán es hoy un territorio libre de minería y exigimos a Minera Gorrión retirarse de forma inmediata del municipio y abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad dentro del territorio.

Solicitamos también a la Semarnat, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las instancias correspondientes, vigilar y sancionar cualquier actividad ilegal por parte de minera Gorrión en Ixtacamaxtitlán”, demandaron los pueblos y sus aliados.

Finalmente, expusieron: “exhortamos a la SE a respetar la decisión y los resultados de las evaluaciones de impacto social y ambiental para no volver a poner el territorio de Ixtacamaxtitlán para el otorgamiento de nuevas concesiones.”

Almaden Minerals se inconforma con el fallo

Al respecto, Almaden Minerals reclamó, en un comunicado, la decisión de la SE y del juzgado, puesla cancelación “no sólo es un mensaje negativo para la industria minera sino también para la certidumbre jurídica de la inversión en México.”