la Redacción / La Jornada
Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió hoy una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2022, en el cual se le aplica un recorte por 4 mil 913 millones de pesos.
Reiteró que ello, “que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal”, publicado el 29 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligado, en particular, la realización de un eventual proceso de revocación de mandato en 2022, para que el que se requieren 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados.
Ante ello, consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer al instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la revocación de mandato. “Al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley”, además de que se “violan” sus garantías institucionales otorgadas por ésta y, con ello, “el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía”.
El INE recordó que en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto precautorio, tanto para la realización de una eventual revocación de mandato como de una nueva consulta popular, atendiendo a lo que la SCJN resolvió respecto de otra controversia constitucional que el instituto promovió sobre la convocatoria a la consulta popular que se realizó en 2021, en el sentido de que la autoridad electoral tenía la “obligación de prever” los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución.
Finalmente en un comunicado, reiteró que tiene toda la disposición “y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo, como es debido, este ejercicio de participación ciudadana”. Asimismo, manifestó su confianza en las instituciones de justicia de este país y subrayó que, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza.