- Cordialidad en la Casa Blanca; emite EU contradictoria ley.
- EU perseguiría en cualquier país a quien agreda a sus agentes.
- Sería respuesta legal del vecino del norte a decisión de México.
- Alfonso Guati Rojo de SE proyecta norma contra escuelas privadas.
- Insiste R. Monreal en elecciones primarias para definir candidatos.
Raúl Rodríguez Cortés
Mientras las buenas formas, la cordialidad y el lenguaje cortés dominaban ayer en lo que fueron, después de tres años en el Palacio Nacional, los primeros encuentros personales del presidente López Obrador con su homólogo estadounidense Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, la realpolitik de Washington avalaba una ley que permite a Estados Unidos perseguir en cualquier país a quienes ataquen a sus agentes.
Y no es que la diplomacia carezca de sentido y peso. No es desdeñable que los tres líderes de América del Norte hayan ratificado su empeño en la integración regional, ni que Biden comprometiera un trato de iguales a México, no más como patio trasero, ni que AMLO reconociera como acto de justicia la reforma migratoria que pretende el mandatario de Estados Unidos para regularizar a los once millones de mexicanos que sin documentos residen en el vecino país, promesa incumplida por sus tres últimas administraciones. Fueron, cierto es, pronunciamientos significativos de los nuevos términos de la relación.
Dominó, pues la diplomacia, el discurso público, aunque se antoja imposible que en las conversaciones privadas no hayan salido a relucir temas que son motivo de confrontación como el de la reforma eléctrica que pretende nuestro país, el del desordenado y creciente flujo migratorio del sur al norte o el de los términos de la cooperación en seguridad y las reticencias estadounidenses hacia la política de la 4T de abrazos y no balazos.
En este último tema es por donde parece que saltó la liebre, pues horas antes de recibir a AMLO en la Casa Blanca, Biden firmó una ley que permitirá al Departamento de Justicia estadounidense perseguir donde sea a quienes ataquen a sus agentes, en franca violación a las soberanías y al derecho internacional.
Al argumentar los motivos de esa ley, la Casa Blanca recordó el ataque del crimen organizado a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Jaime Zapata y Víctor Ávila, ocurrido el 15 de febrero de 2011 cuando circulaban a bordo de una camioneta de Monterrey a la CDMX. Ávila sobrevivió pese a la gravedad de sus heridas, pero Zapata murió. Los responsables fueron detenidos, juzgados en Estados Unidos y, dos de ellos, condenados a cadenas perpetuas por diversos delitos, más no por asesinato, ya que la ley no dejaba claro que el Departamento de Justicia podía perseguir a quien mate o intente matar a uno de sus agentes federales fuera de ese país. Biden subsanó la limitante con la ley que firmó ayer.
No se pueden descartar razones con más fondo y una principalísima. Estaríamos, acaso, ante la respuesta legal de Estados Unidos a una decisión legal de México.
Recuérdese la detención en octubre del año pasado en Los Ángeles del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos por su presunta protección a un cártel de la droga. El alto mando militar fue entregado a la justicia mexicana y ésta lo exoneró. La decisión caló hondo en la DEA, agencia que coordinó el operativo y caló más cuando dos meses después, el Congreso mexicano aprobó en la nueva Ley de Seguridad Nacional severas restricciones a la operación de agentes extranjeros en territorio nacional.
Entre otras: la obligación de compartir información de inteligencia, la prohibición de que detengan personas en territorio nacional, la autorización específica para que porten armas, la restricción de su inmunidad judicial y la expulsión si infringen la nueva normativa.
Estos asuntos no están saldados y podrían escalar, pese a las buenas formas de la diplomacia mostradas ayer en Washington.
INSTANTÁNEAS:
- ¿CONTRA ESCUELAS PRIVADAS? Dicen los que saben que con la misma soberbia con la que se conducía cuando era el abogado litigante de Emilio Lozoya al frente de Pemex, el ahora director de Normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo proyecta una Norma Oficial Mexicana (la NOM-237-SE-2020) que pretende una expropiación de facto de las escuelas privadas. En ella se promueve una sobrerregulación que les exige mejorar sus programas (incluso arrebatando facultades a la SEP), mete en camisa de fuerza el cobro de sus servicios y limita su publicidad. El rechazo al proyecto de NOM-237-SE-2020 no se ha hecho esperar por parte de asociaciones de padres de familia y de escuelas particulares. Estas últimas han declarado que podría llevar a la quiebra al menos a dieciocho centros escolares. Guati Rojo, por cierto, fue quien diseño la NOM 051para el etiquetado frontal en base a semáforos en rombos negros, que generó un sobrecosto de 25 mil millones de pesos a la industria de alimentos y bebidas, sin evidencia hasta ahora de que haya contribuido a mejorar los hábitos alimenticios de los mexicanos.
Raquel Buenrostro - MORENA Y LAS ENCUESTAS. Pese a la insistencia de AMLO de que las encuestas son el mejor método para elegir a los candidatos de Morena, el líder de ese partido en el Senado, Ricardo Monreal dijo ayer que no se ha caído su propuesta de llevar a cabo elecciones primarias para la selección de aspirantes. Y argumentó que no se ha caído porque ni siquiera se ha puesto a consideración. Monreal insistió en que no quitará el dedo del renglón para que se democraticen los procesos electivos del partido en el gobierno. Dijo que la opinión del Presidente es muy fuerte y respetable, pero que faltan dos años en que Morena debe implementar mecanismos innovadores.
- Q.R. Y SU DIAMANTE NEGRO. El que quiere saltar de los escenarios a la política es el actor Roberto Palazuelos. Luego de que se ha diluido la posibilidad de que sea candidato al gobierno de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, el llamado “Diamante Negro” ha tenido conversaciones con el presidente del PRD, Jesús Zambrano quien comentó que Palazuelos quiere, pero que lo está platicando con el PAN y el PRI para que, en todo caso, sea el candidato de la coalición opositora. Acaso sea esta la reacción perredista, luego de que AMLO dijo que prevé invitar al gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín (postulado en su momento por el partido del sol azteca) para que se incorpore a su gobierno.
DESABASTO DE MEDICAMENTOS,
MUY LEJOS DEL FINAL
La amenaza de que el desabasto de medicamentos empeore en el primer semestre del año entrante es real y preocupante, a contrapelo de lo dicho por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Baste con contrastar dos datos duros. Uno del propio INSABI, en su comunicado del pasado viernes 12 de noviembre en el que informa que, de enero a junio de 2022, los contratos firmados por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), “contemplan la entrega de 326 millones de piezas, garantizando así el suministro permanente de medicamentos y materiales de curación”. El otro, de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), que revela que el consumo mensual de medicamentos en los servicios de salud del sector público es de 150 millones de piezas.
¿Qué quiere decir?
Que lo contratado mediante UNOPS para cubrir el primer semestre de 2022 solo alcanzará para un poco más de dos meses. Y si nos atenemos a la cifra de la CANIFARMA de que el requerimiento mensual del sector público es de 150 millones de piezas, y a lo informado por el INSABI de que de enero a octubre de este año se entregó a los operadores logísticos poco más de 221 millones, tenemos que esa cantidad no cubrió ni siquiera dos meses de este año.
Entonces el desabasto es real y preocupante, de no dejar dormir tranquilos a los responsables del problema, como por fin reconoció el miércoles pasado el propio AMLO al dar un manotazo y ordenar la inmediata solución de un problema que su gobierno generó.
¿Cómo nos metimos o nos metieron en semejante embrollo?
Hay dos vertientes que pueden explicarlo: el desorden imperante en las compras públicas de los medicamentos y graves insuficiencias en la distribución.
El primero se originó cuando el gobierno de la 4T, argumentando grave corrupción de productores y distribuidores de la industria farmacéutica, decidió acabar con el mecanismo de compras consolidadas de los servicios públicos de salud que coordinaba el IMSS y mediante el cual se aseguraba la adquisición de 80% de las claves (medicinas) requeridas. Se sustituyó entonces por compras directas de Hacienda mediante la Oficialía Mayor, cuando al frente de ella estaba la hoy directora del SAT, Raquel Buenrostro.
En ese primer ejercicio de compras directas solo se garantizó 40% de las claves y 60% quedó desierto. Después se optó por recurrir a la UNOPS que no solo retrasó un año el proceso de compra, sino que solo ha garantizado el 50% de las medicinas solicitadas. Se tuvo que recurrir, por lo tanto, a compras directas para más o menos estabilizar el abasto. Luego se anunció un plan B con la propia UNOPS (lo recordará usted) con el que se dijo que se había resuelto en un mes lo que no se pudo en un año. Y en contra de lo dicho en el sentido de la sana diversificación en el exterior para adquirir medicinas, 92% de las compras hechas este año se hicieron a laboratorios nacionales y extranjeros establecidos en México.
En la otra vertiente, la de la distribución, el problema se centra en los hoy llamados operadores logísticos que ha contratado el gobierno. Estos entregan los medicamentos en las grandes ciudades, pero lo que se requiere es que lleguen a todas las clínicas, hasta las ubicadas en comunidades más inaccesibles.
Al recriminar el miércoles pasado al secretario de Salud, Jorge Alcocer y al director del INSABI, Juan Antonio Ferrer, preguntó cómo era que las papitas y otros productos chatarra llegaran a los lugares más recónditos y no así los medicamentos.
El problema es que no es lo mismo distribuir papitas que medicinas. Estas últimas requieren de sistemas logísticos que incluyen almacenes robóticos y transportes con cámaras de refrigeración. Hablamos, además, de la distribución de mil claves diferentes, de mil productos.
Cierto, esos son los sistemas con que operan unas pocas empresas distribuidoras: Maypo, Nadro y CPI, entre las pocas que hay y que han controlado el 90% del mercado. El alto grado de especialización de dichas empresas da lugar a tal concentración. En Estados Unidos, por ejemplo, tres distribuidoras tienen 92% de la facturación; cuatro, en Argentina, 99%; tres en Chile, 90%; cuatro, en Brasil, 50%; ocho, en España, 87%; cuatro, en Francia, 97%; y seis, en Alemania, cien por ciento del mercado.
Cierto, también, que se han documentado casos graves de corrupción, la mayoría de ellos en gobiernos estatales que aparentaban entrar a la compra consolidada, pero compraban directamente a los laboratorios y lo que adquirían en 10 lo revendían en 80.
Pero si una manzana está podrida ¿hay que podar todo el árbol?
INSTANTÁNEAS:
- ASCENSOS. Por cierto, los responsables de la inteligencia militar, ahora dependen directamente del Jefe del Estado Mayor de la SEDENA, el general Ricardo Trevilla Trejo, quien será uno de los promovidos a divisionario el próximo 20 de noviembre. Como ha sido regla en el Ejercito, aunque no escrita, es muy probable que sea designado comandante de una de las regiones militares del país, en su camino a ser un fuerte aspirante a secretario de la Defensa Nacional en el próximo gobierno. Otros siete militares de alto rango serán promovidos a divisionarios el Día de la Revolución.
- ESPÍAS. Fuentes del Palacio Nacional refirieron que en su encuentro con Biden, AMLO planteará que se autorice la presencia en Estados Unidos de agentes de seguridad mexicanos. Esa sería la fórmula para que su gobierno reconsidere los términos de la estadía en territorio mexicano de agentes de la DEA. El tema es una espina que no se han podido sacar las autoridades de la agencia norteamericana antinarcóticos.
Desabasto de medicamentos - DOS REVESES. El gobierno de la 4T sufrió ayer dos reveses jurídicos enviados desde la Corte. En el primero desechó por inconstitucional el artículo décimo tercero transitorio de del decreto de reformas al Poder Judicial que ampliaba por dos años el período del actual presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. El segundo fue la suspensión otorgada al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Púbico, con lo que altos funcionarios de ese órgano autónomo seguirán ganando más que el Presidente de la República hasta que se resuelva el fondo de ese juicio constitucional. En este último caso, la Primera Sala votó contra la decisión del ministro Fernando Franco, quien el 7 de julio pasado negó la suspensión. En el primero, el pleno respaldó el proyecto de resolución elaborado también por la ponencia del ministro Castro, quien está por cumplir su período en la magistratura. Ayer, por cierto, llegó al poder judicial la propuesta presidencial de la terna de la que saldrá su sustituto y se confirmó que en ella están los consejeros de la Judicatura Loretta Ortíz, Eva Verónica de Gyves y Bernardo Bátiiz.
- MUJERES. La secretaria de las Mujeres de la ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar anunció la incorporación a esa dependencia de la ex diputada Paula Soto Maldonado como Directora Ejecutiva de Igualdad Sustantiva. La trayectoria de Soto muestra su compromiso con las causas de las niñas y mujeres de la capital. Su llegada es un acierto que fortalece el gabinete de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. (rrodriguezangular@hotmail.con, @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx ).