Raúl Rodríguez Cortés/El Universal
Sobre las grabaciones que se asegura trae consigo Emilio Lozoya Austin y que en su descargo revelará ante la justicia mexicana una vez que España lo entregue en los próximos días, constaría en expedientes que evidencian a legisladores que sobornaron y fueron sobornados para aprobar la reforma energética con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto abrió totalmente a la inversión privada nacional y extranjera la exploración, perforación, producción, refinación y transportación de petróleo.
AMLO, en la mañanera de ayer, sugirió una pista al referirse al caso de Lozoya, quien era el director de Pemex en 2013, cuando se aprobó la reforma energética: “¿Quiénes aprobaron esa reforma?, ¿qué partidos?, ¿cómo la aprobaron?, ¿cómo se obtuvieron los votos?”.
La reforma energética fue aprobada el miércoles 11 de diciembre de 2013 en el Senado con 95 votos a favor de la alianza PAN-PRI-Verde y 24 en contra del PRD-PT-Movimiento Ciudadano, incluidos los de los panistas Javier Corral y Ernesto Ruffo.
La Cámara de Diputados la aprobó al día siguiente, jueves 12 de diciembre, con 353 votos a favor de la misma alianza partidista que la avaló en el Senado y 134 en contra del PRD-PT y MC a los que se sumaron cuatro legisladores del PAN.
Desde la oposición de izquierda se hicieron denuncias públicas de supuestos sobornos a legisladores para amarrar las mayorías calificadas necesarias para aprobar las reformas estructurales de Peña Nieto, incluida la energética.
Una de esas denuncias la hizo el hoy líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, entonces cabeza de los diputados de Movimiento Ciudadano, quien informó que, desde antes de la crucial votación, las bancadas parlamentarias habían recibido subvenciones extraordinarias. En el caso de MC, les fueron depositados 15 millones de pesos que su bancada decidió regresar a la Tesorería de la Federación.
Ya en el debate de la polémica reforma, la diputada Zuleima Huidobro, también emecista, acusó desde tribuna que en cada votación de alguna reforma estructural había reparto de “bonos” para los que se pronunciaran a favor.
Las cuentas públicas de la LVII Legislatura (consultables en el portal de Transparencia de la Cámara de Diputados), no evidencian que las subvenciones extraordinarias entregadas a las bancadas estén necesariamente relacionadas con el pago por votos.
De ello se infiere que los presuntos sobornos a legisladores habrían ocurrido en entornos más privados que, además, facilitaban la grabación de testigos de audio y/o video que Lozoya utilizaría ahora en su defensa.
Sin inculparlos, porque hasta ahora no hay acusación ni prueba de ello, valdría la pena recordar quienes fueron algunos de los personajes centrales que condujeron la aprobación legislativa de la reforma energética.
La cámara alta estaba presidida por el priista Raúl Cervantes Andrade, un hombre con vínculos familiares y políticos con el poderoso consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Andrade y que, a la postre, fue procurador general de la República y fuerte aspirante a Fiscal General; y la fracción parlamentaria conducida por Emilio Gamboa Patrón. Otros influyentes personajes del tricolor eran el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna (hoy señalado por un fraude al INFONAVIT); el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps; y el exgobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros. Por el PAN, figuraban el líder de la fracción, Ernesto Cordero; los hoy gobernadores de Durango, José Rosas Aispuru, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y de Querétaro, Francisco Domínguez; así como Luisa María Calderón Hinojosa y Roberto Gil Zuarth, entre otros.
La cámara de Diputados estaba presidida por el ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya Cortés y la fracción parlamentaria de Acción Nacional la conducía Luis Alberto Villarreal. Otros influyentes diputados del blanquiazul eran el hoy gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el exdirector de Pemex-Refinación, Juan Bueno Torio, y el ex vocero de Felipe Calderón, Maximiliano Cortázar. Por el PRI, influían el líder de la fracción, Manlio Fabio Beltrones, Jorge Mendoza Garza, Marco Antonio Bernal, el líder cetemista Carlos Aceves del Olmo y el dirigente petrolero Ricardo Aldana.
INSTANTÁNEAS:
- PENSIONES. El líder del PAN, Marko Cortés y sus bancadas parlamentarias han mostrado gran interés en la elaboración de una propuesta que busca beneficiar a los trabajadores y reformar el sistema de pensiones, tema que se ha convertido en pieza fundamental de la agenda de gobierno de AMLO, como él mismo lo ha señalado en múltiples ocasiones. Hoy Acción Nacional decide manifestarse sobre una cuestión que lleva ya mucho tiempo en la agenda pública y que ha sido analizada a profundidad por empresarios, sindicatos y autoridades. ¡Qué curioso que esta reforma no haya sido prioridad cuando el PAN fue gobierno?
- CONSEJEROS ELECTORALES. Avanza el proceso para la elección de los cuatro consejeros electorales que le faltan al INE. Las cuatro quintetas de aspirantes se darán a conocer mañana pasado el mediodía. Quedó descartada una sesión virtual de la Comisión Permanente planteada para hoy, de manera que será presencial el próximo lunes. En ella habrá de convocarse a período extraordinario de la cámara de Diputado el 21 y 22 de julio próximos para, entre otros asuntos, elegir a los cuatro consejeros del INE.
- ZAPE. El líder de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal le dio zape a su compañero de bancada Armando Guadiana cuando éste, atrabancado como es, se pronunció por la desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le dijo que tiene todo el derecho de hacer las propuestas que considere convenientes pero que ésta no tiene el aval de su grupo parlamentario.
- COVID19 Y POBREZA. La combinación del virus SARS-Cov-2 con la pobreza podría desatar una de las peores crisis sociales en México, advierte el académico de la UNAM, Ignacio Martínez Cortés. El también director del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios vislumbra el principal problema en los estados del sur-sureste del país donde al menos 50 municipios que ya registran contagios, tienen niveles de carencia superiores al noventa por ciento.
QUE PAGUE LOZOYA, PERO
TAMBIÉN VIDEGARAY Y PEÑA
Desterrar las prácticas corruptas que apadrinan multimillonarios negocios realizados al amparo de pútridas complicidades público-privadas, fue un mandato principalísimo de quienes votaron por AMLO, y es aún, dos años después, un incesante clamor ciudadano, salvo de quienes ven amenazados sus jugosos e impunes latrocinios.
El caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya -quien ya debe estar en México si no hubo contratiempo en el vuelo que lo trasladó ayer desde España-, genera una expectativa ciudadana que es tan grande como podría ser la decepción que provoque si su largamente esperado juicio no implica a quienes, por encima de él, en términos de autoridad política, promovieron y se beneficiaron de los sobornos pagados por Odebrecht para obtener contratos de obra o de la compra a sobreprecio, con recursos públicos, de plantas chatarra quebradas por los empresarios que antes, a precios de remate, las recibieron del gobierno o del descarado saqueo por el robo de combustibles desde las instalaciones terrestres marítimas de Pemex.
El líder de la mayoría del Senado, Ricardo Monreal consideró que las revelaciones que hará Lozoya, provocarán un “temblor político”. Y es que, pactada su condición de testigo cooperante a cambio de beneficios en su proceso, ofreció “cantar” y mostrar grabaciones que evidencian a legisladores sobornadores y sobornados para la aprobación de las reformas estructurales del gobierno anterior.
Pero resultaría inverosímil que, al menos como testigos, no comparecieran ante la justicia el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de quienes Lozoya recibía órdenes; o exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón con los que el inculpado pactó durante la transición de 2012
No presentarlos ante tribunales confirmaría que sí hubo un pacto de impunidad entre Peña y AMLO, lo que dañaría gravemente la credibilidad del hoy Presidente y la de su cruzada anticorrupción.
Ésta, por lo demás, corre otros riesgos: 1. El de convertirse en una herramienta de venganzas políticas, una purga atizada por soplones y traidores en la que paguen justos por pecadores; y 2. El de no tocar ni con el pétalo de una rosa a funcionarios de la 4T sobre los que han recaído denuncias periodísticas y ciudadanas de presuntos actos de corrupción.
La legitimidad de este combate está obligada a pasar por la legalidad, la imparcialidad y la justicia. Ya veremos si es así.
INSTANTÁNEAS:
- Un ejemplo del riesgo de hacer de la lucha anticorrupción un linchamiento mediático, lo tenemos en el aún no resuelto caso emprendido contra la actual directiva de la cooperativa Cruz Azul por delincuencia organizada, desvío de fondos al extranjero, la compra de propiedades en Estados Unidos y, más recientemente, por malas inversiones en bonos del Tesoro de ese país. Y es que resulta curioso, por decir lo menos, que el denunciante sea, en todos los casos y en solitario, el abogado Guillermo Barradas, quien por cierto fuera defensor de los exgobernadores priistas Javier Duarte y Roberto Borge y que aseguró en reciente entrevista radiofónica que no ha cobrado un solo peso por sus servicios. El hecho es que, en el linchamiento mediático del director de la Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, nunca han dado la cara los cooperativistas demandantes o afectados. Y lo que se sabe es que detrás de Barradas están José Antonio Marín, Víctor Manuel Velázquez y Juan Briseño, tres exfuncionarios que controlaban áreas vitales de la Cooperativa, que fueron expulsados de ella y que están bajo investigación judicial por presuntos fraudes que suman 500 millones de pesos. Ellos, a juicio de un buen número de cooperativistas, no buscan transparencia alguna sino controlar un negocio que genera más de 30 mil millones de pesos anuales. Sean entonces las autoridades judiciales quienes dictaminen, pero mientras eso ocurre no puede uno dejar de preguntarse: ¿Quiénes, desde el poder, están interesados en la Cooperativa? ¿Por qué un abogado solitario sostiene esta lucha sin que los interesados directos den la cara o le paguen sus servicios? ¿Cuál fue y con quién hicieron el trato los llamados disidentes, y, sobre todo, a cambio de qué favores jurídicos y políticos?
- ¿HUIDA? Sorprendió que la senadora del PRI, Vanessa Rubio, pidiera licencia para ausentarse de un cargo de representación popular que concluirá dentro de cuatro años para dedicarse a la academia, según argumentó en su solicitud. Se supo que viajará a Londres, aunque no se dijo a qué institución. Dicen los que saben que quien la está ayudando a ocuparse allá, es José Ángel Gurría quien también, sorprendentemente, anunció en días pasados que no se reelegirá para un período más al frente de la OCDE. Quien esto escribe tiene muy buenas referencias de Vanessa Rubio por su gran preparación, eficiencia y su lealtad, pero las malas lenguas especulan que, por ser tan cercana al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y ante la llegada a México del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, prefirió poner pies en polvorosa, aunque por otro lado hay quienes piensan que, si esa fue la razón, más le convendría conservar el fuero de senadora. Pero resulta que ese fuero está a días de derogarse si, como se negocia, se incluyen las reformas al artículo 111 constitucional en el período extraordinario del próximo 24 de julio. México tiene con la Gran Bretaña un tratado de extradición firmado desde 1886, pero los delitos de carácter patrimonial que considera para que aplique son tan difusos, que difícilmente se consigue la entrega de presuntos implicados. Y para muestra está Karime Macías, la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien está en Londres desde abril de 2017 y a la que se le sigue allá proceso de extradición, mientras es juzgado en México el hombre del que se divorció en octubre de 2019.
- MOCHES. Consultados por esta columna, un par de priistas que fueron diputados de la LXII Legislatura aseguran que muchos de los integrantes de la bancada tricolor recibieron al menos un millón de pesos tras la aprobación de la reforma energética. Sostienen que la entrega del dinero fue en el PRI y que la operación habría estado a cargo de Marco Antonio Bernal, entonces presidente de la Comisión de Energía de la cámara baja. ¿Será?
- MINAS. El Servicio de Protección Federal (SPF) que encabeza el ex panista Manuel Espino, conformará una policía especializada para prevenir y combatir delitos en las minas del país. La mayor parte de ellas están en lugares remotos, muchos de ellos en zonas de influencia de la delincuencia organizada. El SPF respondió así a la petición hecha por el subsecretario de Minería de la secretaría de Economía, Francisco Quiroga.
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