Jessica Xantomila / La Jornada
Ciudad de México. A tres años de la emisión de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco”, estado de México, y “Alvarado Espinoza y Otros”, sobre desaparición forzada en Chihuahua, el Estado mexicano sigue sin cumplir con las medidas ordenadas por dicho órgano internacional, afirmaron víctimas.
En conferencia de prensa, coincidieron en que hay falta de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para garantizarles verdad y justicia, al igual que existen resistencias para avanzar en las investigaciones.
En el caso de los hechos de tortura sexual y otras violaciones graves a los derechos humanos cometidas en contra de 11 mujeres en el marco del operativo policial del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Edith Rosales, Italia Méndez, Claudia Hernández y Patricia Romero acusaron que no se han dado pasos significativos para investigar todos los niveles de responsabilidad incluyendo la cadena de mando de las tres corporaciones involucradas, y “la Fiscalía del estado de México continúa obstaculizando la investigación”.
Rosales recordó que entre las medidas de no repetición se ordenó la creación de un Observatorio Independiente para monitorear el uso de la fuerza por parte de la Policía Federal, que dio paso a la hoy Guardia Nacional, “sin embargo, no ha habido la voluntad de echar a andar esto, ni siquiera de delinear cómo vamos a avanzar, pero sí lo que dicen es que va a estar la Secretaría de la Defensa Nacional involucrada, y no puede ser, la sentencia lo marca bien claramente que debe ser independiente”.
En cuanto al caso de la familia Alvarado, sobre la desaparición forzada de tres de sus integrantes por parte de elementos del Ejército, en 2009, el paradero de las víctimas sigue sin ser esclarecido y las autoridades “continúan sin investigar las responsabilidades de los elementos castrenses”, señalaron Sitlaly, Rosy y Paola, así como Patricia Reyes.
“Lo que queremos son las investigaciones, saber dónde quedaron nuestros familiares. Eso es lo que más nos interesaría a todos los que tenemos una persona desaparecida”, dijo Rosy Alvarado.
Respecto a la participación en este caso del general Jens Pedro Lohmann, recientemente designado como titular de los Laboratorios Biológicos y Reactivos (Birmex), Paola Alvarado pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que si ordenó que se le investigara, “que lo haga de verdad y no nada más a él, sino también a todas las personas que estuvieron involucradas”.
Ruth Fierro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, precisó que no se está imputando directamente al general Lohmann la desaparición forzada “sino más bien lo que se pide es que se investigue si encubrió o no” lo que sucedió.