Tres gobernadores emanados del tricolor pasarán apuros
Replantear la Reforma Educativa, no abrogarla, destaca LópezObrador.
Jesús Sánchez
Los priistas comenzaron a tirar sus lastres para aligerar su paso rumbo a 2018. El costo, la suerte incierta de tres gobernadores o más que tendrán que rascarse con sus propias uñas y enfrentar las acusaciones opositoras.
Los gobernadores salientes de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz no sólo tendrán que entregar la estafeta de sus respectivas administraciones a los candidatos ganadores de la oposición, también tendrán que enfrentar los procesos de inconstitucionalidad que promovió el titular del Ejecutivo Federal, porque si continúan en el todas las expresiones, han aguantado estos dos meses de presidente de la República, por avalar acciones que van en contra de los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción, etiquetados como “paquetes de impunidad”.
Si la derrota electoral los había colocado en el centro de las acusaciones de sus adversarios, el sospechosismo se enseñoreó con los funcionarios que van de salida.
El Presidente de la República aún no ha promulgado las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, formalidad pendiente desde que decidió hacer observaciones a la legislación que involucró el tema conocido como #Ley3de3.
Pero el gobierno federal detectó que dos Congresos locales intentaron madrugarles con la creación de fiscalías y el inicio de los procedimientos para nombrar a sus titulares. Otro Congreso intentó hacerlo después de la última reforma en el Congreso pero antes de la promulgación.
SEÑAL DE LOS PINOS
El enrarecido ambiente que dio pie a duras acusaciones y a la búsqueda de culpables de la derrota electoral, se crispó aún más con el anuncio del vocero presidencial y la oficina jurídica de la Presidencia de la República.
“Ninguna institución, ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley, eso es lo que demanda la sociedad mexicana, ni más ni menos”, subrayó el vocero Eduardo Sánchez.
Confirmó que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, la PGR presentó acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobernadores señalados.
Todo un festín para los adversarios de los gobernadores César Duarte Jáquez, Roberto Borge y Javier Duarte de Ochoa, pero lo cierto es que se pusieron de a pechito, porque no esperaron a la promulgación de las nuevas leyes anticorrupción y como dijo el clásico “haiga sido como haiga sido”, dieron la impresión de querer blindarse a modo.
Roberto Borge, César Duarte y Javier Duarte ya ofrecieron sacar las manos de ese escándalo. Pero todavía falta las respuesta de la Corte a cargo de la ministra Norma Piña que le tocó el expediente de Quintana Roo; de Javier Laynez el de Veracruz y de José Ramón Cossío el de Chihuahua.
ESCÁNDALOS, NI MANDADOS A HACER
El cambio en la dirigencia nacional del PRI, con Enrique Ochoa Reza a la cabeza, ocurrió precisamente en el momento más crítico de este partido cuando la PGR acudió a la Suprema Corte a presentar las acciones de inconstitucionalidad, primero en contra de Quintana Roo y Veracruz y después sumó a Chihuahua.
Los discursos de Ochoa Reza desmarcaron inmediatamente al PRI de quienes en otros momentos fueran priistas distinguidos.
Y tomó su distancia.
“Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización e incluso su destitución”, dijo el priista michoacano.
Luego explicó que el PRI tiene que dar el ejemplo porque fue parte de la iniciativa de crear el Sistema Nacional Anticorrupción y es preciso que la sociedad tenga confianza en sus instrumentos.
Pero en esta etapa, a río revuelto, las banderas anticorrupción las hizo suyas primero el PAN y luego comenzó a colgarse el PRD.
Ochoa Reza aseguró que también hará señalamientos a los servidores públicos de otros partidos, como el caso de Guillermo Padrés, dicen. Pero hasta hora el PRI es el único que trae su nube negra.
LAVADERUS
1.- Para largo la negociación en el conflicto magisterial.
La tercera reunión de la mesa política entre la CNTE y autoridades de la Segob está prevista para el jueves de la próxima semana, coincidirá con la instalación de la mesa social y dos días antes, el martes, con la educativa.
El elemento extraordinario en este conflicto que ya cumplió dos meses concentrado en la CDMX, fue la declaración de Andrés Manuel López Obrador quien contra la principal bandera de la disidencia magisterial, consideró que lo prudente es replantear la reforma educativa y no abrogarla.
En los hechos ya comenzó a realizarse el replanteamiento de la reforma educativa, a petición del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la anuencia de Aurelio Nuño y del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE).
En 45 días se conocerán los nuevos términos de la evaluación docente, que pretende deje ser punitiva y la próxima semana se presentará el proyecto del Nuevo Modelo Educativo, que será acompañado de una convocatoria para su discusión nacional en el que podrán participar para su diseño los maestros del SNTE, pero también los mentores de la CNTE. Eso fue lo que ofreció Nuño.
Mientras tanto, los congresistas también abrieron su agenda para sostener un encuentro público para escuchar las demandas de los disidentes magisteriales. En tanto, los capitalinos que son muy tolerantes a todas las expresiones, han aguantado estos dos meses de marchas y plantones, pero hay que decir que muchos ya alucinan a los maestros de la CNTE y esperan una muestra de buena voluntad.
La interrogante hasta ahora es si la CNTE le toma la palabra a López Obrador, para reenfocar sus propuestas hacia la reforma de la reforma, porque si continúan en la posición del “todo o nada” será una historia de nunca acabar.
2.- Preguntas lapidarias del nuevo siglo.
a) ¿Será que el PRD y Morena harán las paces?
b) ¿Cuánto a que Ricardo Anaya ya extraña a Agustín Basave?
