Rafael Cardona
Esto fue escrito (7 de abril) cuando James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pensaba cimbrar al gobierno mexicano con un declaración de prensa tras la cual se impondría su peregrina idea de ser él y sólo él quien se arrogara la capacidad para decidir un convenio bilateral, sobre la actuación aquí de un chafísimo grupo de expertos internacionales patrocinado por el gobierno de México.
Por última vez lo han enviado por jícamas.
No, no tardó mucho.
Apenas se había terminado de divulgar el mensaje del gobierno mexicano en cuanto a la conclusión de la segunda etapa de trabajo de los especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (CIDH), cuando el señor James L. Cavallaro, presidente de esa honorable comisión continental, se prende a la ubre y clama: no nos pueden hacer esto.
E insiste (Proceso):
“…No es decisión del señor Osorio Chong, secretario de Gobernación dar por terminada la participación del GIEI en el Caso Ayotzinapa… el acuerdo (de colaboración y coadyuvancia) dice que la comisión puede decidir si renueva o no la prórroga de participación… desgraciadamente parece que los medios de comunicación de México están engañados y han aceptado ese discurso. Lo publican tal cual (¿quería verlo con alteraciones?). He leído: No se va a renovar. No esa es su opinión, es su insumo…”
Pues será el insumo pontífice si Don Cavallaro quiere, pero hay algo muy claro en el convenio (18.11.14):
“…El mandato del grupo interdisciplinario será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario (¿cuánto?) para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes. Lo anterior significa un convenio, un acuerdo derivado de una consulta”. Como quien dice hasta para bailar el tango se necesitan dos. Dos voluntades.
Y argumenta como todo buen vendedor:
“…Antes de recibir el informe del GIEI el gobierno de México ya no quiere que siga”. Eso es falso, el gobierno mexicano recuerda los plazos pactados y aún queda un mes para entregar el informe más demorado de la historia.
Sigue:
“…..¿Por qué? Debería por lo menos escuchar lo que van a decir los expertos. Fue el Estado mexicano el que solicitó que se creara el GIEI; lo ha financiado. Es interesante y muy curioso que ya no quiera que continúe colaborando…”
Pues quizá en este párrafo se escondan las razones verdaderas fe tanta indignación caballeresca. El financiamiento. Perder un contrato de varios millones de dólares de la noche a la mañana, le duela a cualquiera. No se escucha decir, el GIEI está dispuesto a trabajar “pro bono” por todo el tiempo cuanto se requiera hasta lograr los fines invocados, en cuyo desempeño no se ha notado avance mayor en los últimos meses.
Pero eso sería defender los Derechos Humanos sin ninguna retribución y las cosas ya no son así en ninguna parte del mundo. Menos en la OEA. Tampoco somos Gandhi.
Y si usted no leyó las declaraciones del secretario de Gobernación, pues así las divulgó la prensa:
“…(EOL) Los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa acabarán en abril y no habrá prórroga, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la dependencia, dijo que al grupo de expertos sólo le queda un mes más en el que deberá dar a conocer las conclusiones de su labor sobre los normalistas desaparecidos en Guerrero.
“Hasta el momento, no ha habido una línea de investigación diferente a la de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo Osorio Chong en entrevista radiofónica.
“El secretario de Gobernación recordó que fueron los propios miembros de ese organismo, adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes manifestaron que requerían cuatro meses más para terminar su trabajo.
“Sin embargo, en concordancia con organizaciones no gubernamentales y abogados de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, se acordó dar al GIEI no cuatro, sino seis meses más.
“El 2 de octubre pasado, “Excélsior” informó que México destinaría dos millones de dólares para financiar la estancia del GIEI…
“…El 7 de marzo, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en entrevista con “Excélsior” que el gobierno federal no prorrogará la estancia de los integrantes del GIEI, lo que confirmó ayer la Segob”.
CHIPOTE
Cuando esto se decía no eran todavía conocidos los hallazgos de la CNDH en torno a otras desapariciones relacionadas con el caso Iguala, ocurridas en un lugar cercano denominado Puente del Chipote. Este es un fragmento de la información divulgada por la Comisión Nacional y de cuyo contenido no se enteraron los “expertos” en casi 14 meses de “trabajo” en este país. Simplemente no sabían nada.
Sobre los hechos de desaparición de los normalistas ocurrida en el “Puente del Chipote”, este Organismo Nacional planteó a la Procuraduría General de la República la implementación de 17 Observaciones y Propuestas, entre ellas:
“A partir de las investigaciones de la CNDH, continuar y profundizar las investigaciones para confirmar o descartar la intervención de agentes de la Policía de Huitzuco y de dos elementos de la Policía Federal en los hechos del “Puente del Chipote” y su vinculación con grupos de la delincuencia organizada; Practicar las diligencias necesarias para determinar la identidad de los normalistas que viajaban en el autobús número económico 1531; Investigar si fue circunstancial el hecho de que los 2 autobuses de los que fueron sustraídos los normalistas, hayan sido los mismos en los que originalmente los estudiantes se trasladaron de la Normal a Iguala.
“Esta investigación podría ser relevante en la determinación del móvil de las agresiones a los normalistas; Ampliar la declaración ministerial del conductor del autobús número económico 1531 para que precise las circunstancias del ataque a los normalistas; Iniciar acciones urgentes de búsqueda de los normalistas de acuerdo a la información entregada a la PGR; Llevar a cabo una investigación exhaustiva para establecer la identidad de quien se identifica como “El Patrón” posible líder de alguna organización criminal ante cuya presencia serían llevados los normalistas; Ampliar la declaración ministerial del elemento militar que acudió al “Puente del Chipote” y presenció parte de los hechos suscitados e hizo 4 tomas fotográficas en la escena criminal; Continuar con las investigaciones hasta lograr, de ser posible, la recuperación técnica o material del video del Palacio de Justicia de Iguala que contiene imágenes del “Puente del Chipote” correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014; Determinar la probable responsabilidad en la que pudieron incurrir quienes omitieron entregar información al Ministerio Público de la Federación y determinar si ello fue para encubrir a implicados en el caso, con lo cual habrían obstaculizado las investigaciones de la PGR así como las de la CNDH y establecer si ello obedeció a situaciones particulares o representó una contribución al grupo criminal investigado por su intervención en los hechos. Para estos efectos, es relevante el resultado que se haya obtenido en la diligencia que oportunamente se propuso practicar a la PGR.