Fabricio Larusso*/La Jornada
El 1º de abril arrancaron las campañas electorales a escala local, a un mes de iniciadas las federales. Fue ésta la fecha que eligieron los perpetradores del atentado homicida contra Gisela Gaytán, aspirante a alcaldesa por Morena.
El año pasado Guanajuato registró 3 mil 104 homicidios dolosos y, desde 2018, es primer lugar por ese delito en el país. Además, Celaya ha estado entre las ciudades más violentas de México dentro de una región como el corredor industrial que, a su vez, es altamente conflictiva y mortífera.
Es una zona económicamente boyante y atractiva para la inversión extranjera, pero también con fuertes contrastes sociales, espaciales, económicos y laborales. Es escenario de disputas entre grupos armados locales y foráneos, como el cártel Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, que actúan como bandas paramilitares, en lucha por el control territorial y la cogestión empresarial-delincuencial de recursos, rutas y negocios, como la extracción de hidrocarburos, el cobro de piso, el narcomenudeo, la producción de metanfetaminas y la trata de personas. Desde León rumbo a Querétaro, el corredor incorpora y atraviesa Silao, el Puerto Interior, Irapuato, Salamanca, Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, que son también las ciudades con mayores tasas de homicidios.
La zona vive tiempos incesantemente violentos, crisis de inseguridad recurrentes, masacres, bloqueos de carreteras e incendios dolosos de negocios, junto con hallazgos de centenares de fosas clandestinas y sitios de exterminio. Es un panorama típico de conflictos armados no convencionales, denunciado por más de 20 colectivos de buscadoras y la prensa, entre balazos, desplazamientos forzados y amenazas.
“De 2018 a lo que va de 2024 se han registrado en México mil 755 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos”, reportan el equipo de investigación de Data Cívica y del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del CIDE en el micrositio Votar entre Balas, proyecto de documentación en tiempo real sobre la violencia políticoelectoral en el país.
En ese periodo Guanajuato contabiliza 129 asesinatos de esta naturaleza, siendo Celaya, Tarimoro e Irapuato los municipios con más incidencia, por lo que el fenómeno no es nada nuevo, aunque tiende e intensificarse antes de las elecciones, debido al posicionamiento e influencia de poderes fácticos criminales en su relación con el poder político y los intereses económicos locales.
La premisa del proyecto es que “en México, la violencia electoral se ha convertido en herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios”. Desde la academia se han formulado recientemente explicaciones y conceptos articulados, que superan ciertas nociones abarcadoras y poco útiles, como “narcoestado” o “Estado fallido”, y encuadran esta situación como producto de formas de gobernanza criminal o de gobernanza armada, como captura del Estado por redes macrocriminales, como vacíos de Estado, o bien, como sistemas de paralegalidad, franquicias delictivas y “áreas grises”, entre otros.
“El año con más ataques registrados fue 2023, con 574 eventos violentos, seguido de 2022 con 486 […]. Guerrero lidera la lista de estados con más ataques; 11.5 por ciento ocurrieron ahí. En la lista siguen Guanajuato, Veracruz y Oaxaca. Estos cuatro estados representan 38.4 por ciento de los eventos violentos registrados. Tijuana lidera la lista de municipios con más ataques, seguido de Celaya, Chilpancingo y Taxco”, detalla el micrositio.
Guanajuato es el primer estado por número de policías asesinados; 60 el año pasado. La cifra de desapariciones se ha multiplicado casi siete veces en seis años: de 621 personas en 2018 a 4 mil 119 en enero de 2024, según el cruce de datos oficiales que realizamos desde la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y la Ibero León. Sólo en Celaya son 502 las personas que nos faltan, 12.2 por ciento del total de todo Guanajuato.
Gisela fue asesinada en el primer día de actividades proselitistas, después de una visita y volanteo en el mercado de San Miguel Octopan. Esta comunidad irrumpió en las crónicas internacionales el 2 de mayo de 2023, cuando allí fue asesinada cerca de su casa Teresa Magueyal, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, quien buscaba a su hijo, José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido en Celaya en 2020.
Gracias a trabajos como el de Sandra Ley y Guillermo Trejo (Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras criminales en México, Debate, 2022), sabemos que históricamente hubo correlaciones relevantes entre los asesinatos, los periodos electorales y ciertas variables de la política local, sobre todo municipal, que es el nivel que concentra el mayor número de ataques contra funcionarios y candidatos. Estas variables se relacionan con el control de grupos criminales sobre actores e instituciones estratégicos, clave para la gobernanza criminal, como la Secretaría de Seguridad y la policía municipal, la policía de tránsito y la dirección de obras públicas, los ministerios públicos y agentes ministeriales.
Cuando se alteran equilibrios o surgen perspectivas de cambio en algunos de estos factores, por ejemplo, si un partido opositor gana la presidencia municipal, o bien, si hay diferencias de partidos en el poder entre niveles y conflictos intergubernamentales, entonces, se detonan mayores intervenciones violentas para mantener, modificar o cambiar un cogobierno criminal.
*Periodista italiano