Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal / La Jornada
Zacatecas, Zac. Este martes el gobernador David Monreal Ávila fue obligado por decenas de habitantes de la comunidad de Sauceda de la Borda, municipio de Vetagrande, a permanecer durante casi cinco horas dentro del salón de usos múltiples de ese lugar -al que acudió el mandatario zacatecano para ofrecer una audiencia pública-, como una medida de presión para exigir la localización con vida, del niño Anthony Tadeo Núñez Trejo, “Teo”, de 6 años de edad, quien fue secuestrado del patio frontal de su casa, el pasado 20 de diciembre, en la comunidad de Chaparrosa, municipio de Villa de Cos.
Hombres, mujeres y hasta niños, se movilizaron para colocar piedras y llantas de automóviles a las que prendieron fuego, en el acceso a la cancha aledaña al auditorio, donde fueron estacionados los vehículos de la comitiva del gobernador, impidiendo que éste y sus funcionarios se retirasen del lugar.
El gobernador tuvo que extender de forma obligatoria su estancia en Sauceda de la Borda, localidad ubicada a escasos 15 kilómetros al sureste de la capital zacatecana, porque además del “bloqueo” al salón de usos múltiples, otros habitantes prendieron fuego a llantas y atravesaron vehículos y piedras, en las tres carreteras de acceso y salida a ese centro poblacional.
Con pancartas y letreros pintados en los parabrisas de autos, los habitantes exigían la aparición del niño “Teo”, pero además exigieron al mandatario zacatecano cesar los casos de violencia e inseguridad en el estado.
Aunque el gobernante nunca fue agredido personalmente, sin embargo, como una medida de “salvaguarda”, integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva y Municipal, llegaron por una antigua carretera desde la comunidad de Tacoaleche, al sitio, para resguardar el auditorio.
Simultáneamente, en otros puntos del estado, desde las once horas de este martes, otros habitantes se unieron a la manifestación, haciendo bloqueos carreteros incendiando llantas y atravesando camionetas en las vías: en el acceso a la comunidad de Santa Mónica, municipio de Guadalupe, así como en la comunidad de Los Amarillos, municipio de Villa de Cos, además de la carretera que interconecta a la cabecera de los municipios de Vetagrande y Morelos. También protestaron habitantes de las comunidades de El Bordo, Chupaderos, Norias de San Juan, Tacoaleche y Zóquite.
Mientras tanto, la misma hora, unas doscientas personas –entre ellas familiares directos del niño Teo-, se concentraron frente al Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas, en la salida poniente de la capital de Zacatecas al municipio de Jerez, para realizar una larga manifestación, que recorrió los bulevares Héroes de Chapultepec y Adolfo López Mateos, hasta la plaza Bicentenario –frente al legendario Cerro de la Bufa-, donde se plantaron para bloquear, durante cuatro horas, el denominado eje vial metropolitano, la principal arteria que conecta a las ciudades de Zacatecas y Guadalupe.
Esta acción colapsó la mayor parte del sistema de transporte público de ambas ciudades conurbadas, donde habitan alrededor de 400 mil personas, así como la circulación de miles de automovilistas que normalmente transitan por la zona, donde se ubican hoteles, hospitales y centros comerciales.
El origen de la acción coordinada por los habitantes de las comunidades rurales de Zacatecas, se produjo por el hartazgo generalizado de la población, por la falta de resultados en las investigaciones que realizan la Fiscalía General de Justicia local, que encabeza el abogado Francisco Murillo Ruiseco, así como de la incompetencia de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo del general retirado Adolfo Marín Marín, ante los múltiples homicidios y privaciones ilegales de la libertad, ocurridos recientemente.
De acuerdo con cifras oficiales, sólo durante los primeros 10 días del mes de enero, se han registrado en el estado de Zacatecas 45 homicidios dolosos (entre ellos el homicidio de un menor de 4 años en Fresnillo, que fue asesinado junto a su padre por sicarios la semana pasada), así como 11 desapariciones de personas, incluida la de Teo. Sin contar los múltiples casos de extorsión a comerciantes, empresarios y agricultores, que no han cesado.
Los bloqueos a carreteras y bulevares, así como al auditorio de la comunidad de Sauceda de la Borda, concluyeron alrededor de las cinco de la tarde, cuando Gabriela Pinedo Morales, Secretaria de Gobierno de Zacatecas, firmó una minuta de acuerdo, con familiares de Teo y representantes de las comunidades rurales que se manifestaron, donde el gobierno se comprometió a “intensificar la búsqueda del menor”.
Asimismo, a través de sus funcionarios, David Monreal Ávila, prometió que se va a “considerar la instalación de una base de la Guardia Nacional en la comunidad de Chaparrosa”, así como analizar la posibilidad, al interior de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, “para realizar un pronunciamiento, en los términos jurídicos aplicables” (sic).
Finalmente, el gobierno del estado de Zacatecas se comprometió a “hacerse responsable de la integridad de las personas que intervinieron en esta mesa de trabajo”, al omitir incluir sus nombres y firmas en la minuta, y evitar así cualquier posible ataque en su contra, de grupos delincuenciales.