Ilán Semo/La Jornada
Las pesquisas sobre el crimen de Ayotzinapa y el posterior encubrimiento de sus perpetradores a través de la formulación de la verdad histórica, que la oficialía de la época defendió –y continúa defendiendo– desde enero de 2015, arribó en las semanas recientes a un momento decisivo.
Tal como Alejando Encinas expuso el 28 de septiembre en el segundo informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la versión final de esa “verdad” fue concebida, discutida, formulada y redactada en varias sesiones de una junta de autoridades que se reunió a fines de 2014 y principios de 2015 en la residencia de Los Pinos.
La junta fue presidida por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y estaba integrada por 12 miembros –funcionarios de alto rango–, entre los cuales se encontraban el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; el secretario de Marina, general almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; el procurador general de la República, Jesus Murillo Karam, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
Desde hace meses existían ya filtraciones sobre este hecho, después de que Encinas se dirigió a Israel para entrevistar a Zerón, el cual fue el primero en confirmar la existencia de la junta de autoridades. Un segundo testimonio, firmado por escrito, lo rindió otro participante, el procurador Murillo Karam, que en este caso fungió también como testigo.
Murillo Karam siempre asumió la responsabilidad personal de la versión del crimen expuesta en el documento de la verdad histórica. Lo que nunca había dicho hasta la entrevista fue que el mismísimo ex presidente de la República había encabezado todos los trabajos de la junta.
La suposición general era que el documento provenía de las oficinas de la misma procuraduría. Ahora se sabe que no. Fueron el presidente, seis secretarios y funcionarios claves del sistema de seguridad quienes lo concibieron y sancionaron.
¿Y no fue acaso esa junta, integrada de esa manera, la expresión esencial de lo que identifica al poder del Estado? Y mientras Peña mentía, mentía y mentía a los padres de familia, a la opinión pública, a las organizaciones de búsqueda y al mundo entero, sabía con detalle de todos y cada uno de los hechos que desembocaron en la masacre de Ayotzinapa y la desaparición de los estudiantes.
Hay grados de cinismo. Pero el que blandió a la Presidencia entre 2015 y 2018 alcanza, en sí mismo, como verdad raptada, el nivel de un crimen efectivamente de Estado. En otro momento del segundo informe se establece un recuento pormenorizado de los propósitos del documento de la verdad histórica. Enumero los principales.
En primer lugar, se quería atribuir la responsabilidad exclusiva a grupos de delincuentes y autoridades regionales para ocultar la colusión entre los cárteles criminales, las fuerzas federales del orden y la Presidencia misma, tanto durante la noche de los acontecimientos como en el decurso de las investigaciones que siguieron en los meses y años posteriores.
En segundo lugar, se buscaba esencialmente dar un carpetazo al caso, reduciendo las sentencias a acusaciones por homicidio calificado, lo cual les restaba la gravedad que imputan las leyes por desaparición forzada. En tercer lugar, nunca incluyó la información sobre la participación activa del Ejército y de otras instancias policiacas federales.
Y en cuarto lugar, omitió por completo las torturas y abusos de poder implicados en la obtención de declaraciones que legitimaban la falsificación de los acontecimientos. Desde una perspectiva jurídica, el segundo informe (y toda la cuantiosa documentación que lo sostiene) sitúan a todos los miembros de la junta de autoridades en la situación de la transgresión y violación abierta de leyes fundamentales que hacen posible la vida civil de la país.
¿Qué delitos cometieron el ex presidente y la junta que apoyó la elaboración del dictamen final? La lista es extensa: obstrucción de la justicia, fabricación y omisión de pruebas, asociación delictuosa, etcétera. Un largo etcétera. Y la pregunta es sencilla.
Toca el turno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de delitos federales cometidos en y desde el más alto nivel de la República. ¿Va la Corte a atraer el caso para iniciar las investigaciones contra los 12 miembros que la integraron? Las pruebas en contra del ex presidente son abrumadoras y la documentación es contundente. Si la SCJN no toma el caso en las manos, será cómplice de aquella masacre.
Y la sombra de los desaparecidos de Ayotzinapa se cernirá sobre todos y cada uno de los gobiernos, al igual que se cierne la del crimen del 2 de octubre de 1968 sobre las administraciones priístas, degradando su legitimidad y desarraigando al Estado de la sociedad.
Queda, por supuesto, la otra gran pregunta abierta: ¿dónde están los estudiantes desaparecidos? Incluso las rutas de investigación abiertas por el segundo informe apuntan hacia el subsuelo del Ejército. Pero sobre esta otra gran interrogante, acaso la esencial, el informe guarda el silencio de siempre.