Magdalena Gómez/La Jornada
El enfrentamiento con saldo de un muerto y ocho heridos del pasado 21 de octubre entre las comunidades yaquis Lomas de Bácum y Lomas de Guamúchil se detonó con la decisión, tres días antes, del juzgado séptimo de distrito, con sede en Ciudad Obregón, Sonora (312/2016), el cual ordenó suspender la construcción del gasoducto del Noroeste, Agua Prieta, en tierras de Lomas de Bácum, hasta lograr un acuerdo de fondo entre las partes involucradas. Siete comunidades de la tribu habían firmado en favor en la consulta dirigida por la Secretaría de Energía, salvo Lomas de Bácum. Estas comunidades intentan sustituir al gobernador del único pueblo que se ha negado a la construcción de la obra, José Bacaumea Espinoza. Cabe señalar que el proyecto lo desarrolla Gasoducto Agua Prieta, filial de la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), la cual contrató como trabajadores del gasoducto a yaquis de Loma de Guamúchil, vecinos de los bacumeños, para que terminaran el tramo faltante sobre Loma de Bácum. En la dirección de dicha empresa están algunos de quienes fueron altos funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo ( Dossier Político).
Lomas de Bácum ha denunciado que gobernadores de los siete pueblos (Belén, Huirivis, Rahum, Pótam, Vícam, Tórim y Loma de Guamúchil) que aprobaron el gasoducto lo hicieron sin haber consultado adecuadamente a la tropa (gente de los pueblos) en asamblea pública, tal como manda la costumbre, y que recibieron dinero por omitir la voz de los pueblos (lo cual debería ser investigado). Lo cierto es que la página web de la Sener tiene las actas de las etapas de consulta en cada pueblo y llama la atención que son un machote al que le insertaron el nombre de los gobernadores participantes, no la tropa o bases de los pueblos, la misma redacción y el mismo acuerdo coronado con el acuerdo final de consentimiento libre e informado (17 de febrero de 2015). Increíble que el Estado ha sostenido en espacios jurídicos nacionales e internacionales que la consulta no implica el derecho de veto, es decir, no existe la garantía de decir no a un proyecto, pero si en lógica oficial puede decir sí, es decir, dar su consentimiento. La Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (Relaju-México) señaló que la Sener aplicó la consulta de manera individual a cada pueblo, y con ello se busca debilitar la cohesión social y cultural de la tribu. Así se estableció un contrato de servidumbre voluntaria durante 30 años.
Anabela Carlón, abogada yaqui, señaló: Estuvimos pidiendo presencia policial desde muchos días antes, porque sabíamos que podían agredirnos, y ni el gobierno municipal ni el estatal nos respaldó. Parece que hasta se hubieran unido a ellos para que vinieran a atacar a la guardia tradicional de nuestro centro ceremonial para provocar disturbios y obligarnos a elegir nuevo gobernante a su conveniencia. El mismo gobierno pudo ser responsable de la tragedia que enlutó a nuestro pueblo, por eso ya no tenemos opción.( El Debate, 22/10/16)
La gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich, se deslindó al señalar que la construcción del gasoducto es de una empresa privada y no está a cargo del Estado. Son facultades de la Federación. Se puso en marcha la despistolización, a petición de representantes de los pueblos originarios. Ellos lo pidieron. Se envió personal médico para curar a los heridos y se reforzaron los programas de asistencia social. Asimismo, se nombró un fiscal especial para que investigara los hechos del 21 de octubre en Loma de Bácum.
Es innegable que la tribu yaqui, desde hace años, vive un proceso de división marcado por la relación con el Estado y los apoyos de programas de gobierno. El gobierno tradicional se ve afectado, la tropa se enfrenta a la disyuntiva de aceptar recursos que le son indispensables y los gobiernos en turno privilegian y promueven la división. Y en ello están los jóvenes, quienes no alcanzan a comprender lo que está en juego en la defensa del territorio. La minoría, que además son jóvenes, han expresado respecto del gasoducto: Es un buen proyecto. Trae becas, vivienda y cosas buenas, pero hay gente que duda y quiere seguir heredando los pedazos de tierra como lo hacíamos antes, pero necesitamos esos apoyos ( El Debate, 22/10/16). En 1992 un anciano yaqui, ante la contrarreforma al 27 constitucional, señaló: Quiten esa libertad de vender, porque tenemos mucha necesidad y lo vamos a hacer, y sin tierra ya no hay comunidad.
En un comunicado, el EZLN, como pueblos, naciones y tribus del Congreso Nacional Indígena, así como pueblos zapatistas, saludamos la defensa del territorio de la tribu yaqui y llamamos a la unidad ante un enemigo que es uno solo y va por todo lo que como pueblos tenemos y que hace posible nuestra organización colectiva, nuestra historia, nuestra lengua y nuestra vida. Fuerte el recuento de agravios en contra de la tribu yaqui, como lo son las divisiones promovidas desde afuera, sin que se deban ignorar crisis internas que las permiten.
