Mario Patrón/La Jornada
Las campañas electorales han arrancado formalmente a escala federal y, con ello, las tensiones entre partidos y militantes se elevan en un entorno de polarización social que se ha sostenido en niveles muy altos durante los últimos años.
Ello constituye un ambiente propicio para la profundización de dos pautas características del estado actual de nuestra democracia; la primera, el desencanto de las juventudes con el sistema democrático, a lo que ya nos hemos referido en otra oportunidad en este espacio; la segunda, la violencia política contra candidatas, candidatos y funcionarios públicos, en un marco de violencia generalizada en amplias zonas del país, agravado por una alta crispación social y por el creciente control territorial de grupos del crimen organizado.
Me referiré a esta segunda condición. Desde procesos electorales anteriores, la violencia política ya despuntaba como grave y urgente. Para el proceso electoral federal 2017-18, Etellekt Consultores registró mil 173 agresiones totales contra políticos y funcionarios, de las cuales 523 fueron asesinatos, 48 de ellos cometidos contra precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
Para el proceso federal 2020-21, la misma consultora registró mil 66 agresiones totales, de las cuales 102 fueron asesinatos, 36 de ellos contra precandidatos o candidatos. Desde entonces, y bajo metodología distinta, Data Cívica registra una preocupante cifra de víctimas de violencia político electoral, que alcanzó 486 víctimas en 2022, 574 en 2023 y 43 en lo que va del presente año, que se distribuyen entre homicidios, secuestros, atentados, violencia de género y daños al patrimonio.
Con dichos indicios, organizaciones como Integralia, que también da seguimiento a la violencia política en México, prevé que 2024 será el año con más casos de violencia política desde que se tiene registro, dadas no sólo las tendencias previas, sino también el número tan elevado de cargos en disputa, la proliferación de las organizaciones criminales y la diversificación de los mercados ilícitos, condiciones que tienen una incidencia especialmente grave en el plano municipal. Los últimos sucesos en el país parecen confirmar esta tendencia.
El 27 de febrero fueron asesinados dos precandidatos al gobierno municipal de Maravatío, Michoacán, en un lapso no mayor a 10 horas entre un hecho y el otro. El 3 de marzo asesinaron a Alfredo González, aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero. El lunes, fue asesinado Policarpio Ramírez, aspirante a candidato del PRI en Cardel, Veracruz, quien fue primo del actual dirigente estatal del partido.
A estos casos se suman los que se cometen contra personas ligadas a la política sin ser directamente candidatas a cargos de elección popular, como Joaquín Alonso Piedra, ex suegro de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, asesinado el domingo en Acapulco.
En un ejercicio de cruce de fuentes periodísticas, los casos de los últimos días sumados a los ocurridos en las semanas previas totalizan 15 aspirantes a cargos de elección popular asesinados en lo que va de 2024, a ellos habría que añadir los casos de violencia registrados contra funcionarios, con expresiones como amenazas, atentados, secuestros, desapariciones, etcétera.
Por ello resulta comprensible que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentara en la conferencia de prensa matutina del Presidente el martes un protocolo que se trabaja entre dicha Secretaría, la Guardia Nacional, la Sedena y el INE, con el objetivo de brindar protección a candidatos.
Destacó que, con corte al lunes 4 de marzo, se tenían 23 solicitudes de protección registradas, todas relacionadas con candidaturas a cargos federales y estatales, dado que, en palabras de la funcionaria, la protección de los candidatos a cargos locales es responsabilidad de los estados y los municipios. Esta separación de competencias resulta inquietante en el actual contexto, dado que las candidaturas locales son las más vulnerables.
De acuerdo con Data Cívica, cerca de 4 por ciento de los casos de violencia política responden al plano federal, poco más de 15 por ciento al estatal, en tanto que 80 por ciento se refieren a la escala municipal.
Por lo anterior, resulta prioritario para la salvaguarda de los marcos y estándares democráticos en el país poner especial atención al clima de violencia política que prevalece a escasos tres meses de la jornada electoral, pues cada caso supone una grave vulneración de los derechos a la participación –tanto para votar como para ser votado–, a la vez que pone en evidencia de manera cruenta el debilitamiento del sistema democrático a causa de la descomposición social e institucional que atraviesa la realidad del país.
El riesgo que enfrenta la sociedad mexicana es muy alto, puesto que una elección que se celebra en un marco de tal violencia, puede provocar que los comicios no sean un auténtico ejercicio de libre discernimiento y participación ciudadana en pos de la construcción de una realidad más digna, sino un proceso de reconfiguración de poderes políticos, económicos y macrocriminales que garanticen la profundización y expansión de estructuras productoras de mayores violencias.
Todo acto que vulnere la participación democrática es un atentado directo contra nuestra democracia, entendida ésta como una mediación indispensable para la construcción de sociedades dignas. Los desoladores sucesos de violencia que hemos conocido los últimos días deben motivar una acción urgente y coordinada de todas las autoridades, con especial atención al plano local.
Asimismo, como ciudadanía, es imperativo permanecer atentos y sumarnos activamente para establecer, en nuestros respectivos ámbitos de acción y alcances, condiciones propicias para el sano desarrollo de un proceso electoral tan importante como este.