Trump usurpa el poder en cruzadas contra ciudades santuario: Magistrados


Jeff Sessions
  • La Judicatura, actúa como un freno a la usurpación del poder, dice Ilana Rover, una de las magistradas
  • El Presidente de Estados Unidos “excede su autoridad legal”: Tribunal de Chicago
  • Agentes de inmigración de la Unión Americana, buscan revocar un status de un dreamer que está amparado

Redacción sin Fronteras/J. Jaime Hernández/La Jornada

La cruzada del presidente Donald Trump contra las ciudades santuario sufrió este jueves un duro revés desde el Séptimo Tribunal de Circuito en Chicago que le ha acusado por “exceder su autoridad legal” al tratar de implementar nuevas condiciones a las ciudades santuario sin la autorización del Congreso.

«El Fiscal General en este caso utilizó la amenaza de recortar la financiación federal con el fin de reclutar autoridades estatales y locales en la aplicación de la ley federal de inmigración civil”, aseguró el panel de tres jueces en su resolución en una información consignada por el portal de Político.

Sin embargo, prosiguió, “el poder de los recursos financieros recae en el Congreso, que autorizó los fondos federales en cuestión y no impuso ninguna inmigración condiciones de ejecución en el recibo de tales fondos «, escribió Ilana Rovner, una de los tres magistrados, en una opinión respaldada por el juez William Bauer.

“Por ello, nos corresponde a nosotros, la judicatura, la rama restante del gobierno, actuar como un freno a la usurpación del poder».

El Departamento de Justicia, que encabeza Jeff Sessions, ha buscado restringir recursos federales a condados y ciudades que tienen programas para proteger a inmigrantes indocumentados o que rechazan cooperar con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en arrestos y remociones.

El tribunal federal en Chicago confirmó este jueves una medida cautelar contra el otorgamiento de fondos federales para subvenciones supeditados a la cooperación con la aplicación de inmigración.

Ilana Rovner

CON TRAMPAS, BUSCAN REVOCAR PROTECCIÓN  DREAMER MEXICANO

Seattle, 17 de abril. Ap .— Unos agentes de inmigración intentan nuevamente revocar el estatus de un mexicano que está amparado por programa diseñado para proteger de la deportación a los inmigrantes traídos a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños, luego de que se vieron obligados a restablecer la participación del “dreamer” en el programa por un fallo judicial.

Daniel Ramírez Medina, de 25 años, atrajo la atención internacional el año pasado cuando fue puesto en un proceso de deportación pese a que estaba inscrito en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Fue una de las primeras personas inscritas en el programa que fueron arrestadas luego de que Donald Trump asumió la presidencia, aunque no había cometido ningún crimen. Su detención también puso de manifiesto el menoscabo de las protecciones del programa DACA implementado por el expresidente Barack Obama en 2012.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) restableció su estatus otorgado por el DACA y su permiso de trabajo en respuesta a un fallo emitido en febrero en una demanda colectiva federal en California. El fallo indicó que las autoridades no podían quitarles sus protecciones a los beneficiarios del programa sin darles una oportunidad de impugnar la decisión.

Otra corte federal en California ha ordenado al gobierno mantener abierto el programa DACA, en el cual alrededor de 700 mil  personas están inscritas a nivel nacional.

Daniel Ramírez Medina

Sin embargo, hace unas semanas, la agencia notificó a Ramírez que pretendía revocar nuevamente su estatus. Apeló a la misma razón que utilizó para detenerlo anteriormente: que había admitido tener vínculos con pandillas. Sus abogados dijeron que el gobierno inventó esa afirmación y un juez de inmigración la ha descrito como infundada.

“Es un enfoque increíblemente cruel hacia este caso”, señaló Ethan Dettmer, uno de los abogados de Ramírez. “Lo que es ilegal en esto es que han tenido por más de un año la oportunidad de probar su acusación de que Daniel (Ramírez) es miembro de una pandilla. No lo han hecho”.

El USCIS rechazó comentar al respecto mediante el portavoz Jonathan Withington.

Ramírez llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años. Ahora es padre de un niño que es ciudadano estadounidense, y no tiene antecedentes criminales, aunque una vez fue citado por posesión de una pequeña cantidad de marihuana en Oregon. En dos ocasiones pasó las revisiones de antecedentes para ser beneficiario del DACA y proporcionó al gobierno datos biométricos y otro tipo de información personal a cambio de que le permitieran quedarse y trabajar en Estados Unidos.

Sin embargo, en febrero de 2017 fue detenido cuando unos agentes de inmigración se presentaron en su apartamento ubicado en los suburbios de la ciudad de Seattle. Los agentes habían ido a arrestar a su padre, un criminal previamente deportado, pero también detuvieron a Ramírez.

Jonathan Withington

MIGRANTES, ENTRE EL INFIERNO Y EL PURGATORIO

Desde el mes mayo de 2011, los entonces jefes del comando norte y sur del ejército de Estados Unidos habían advertido que la frontera sur de México se había convertido en un creciente problema y que el triángulo conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras podría considerarse la zona “más peligrosa del planeta”.

Una fuente inagotable de un éxodo que empujaría a mujeres, niños y hombres que preferían huir antes que ser ejecutados frente a sus hogares por elementos del crimen organizado o las pandillas.

El kilómetro cero de un peregrinar de refugiados condenados a deambular por las fronteras de México y Estados Unidos.

La frontera sur de México se ha convertido “en un lugar muy complejo, mucho más complejo de lo que anticipé”, reconoció desde aquel entonces el jefe del Comando Norte, el almirante James Winnefeld, durante una audiencia ante el comité de servicios armados del Senado.

Durante su intervención, Winnefeld reveló algo que hoy merece la pena recuperar. El almirante aseguró que la debilidad de la frontera sur mexicana sólo podía explicarse por la falta de atención del ejercito mexicano, que se encontraba desbordado por la guerra que enfrentaba en su frontera norte donde libraba una encarnizada batalla contra los Zetas, y los carteles del Golfo y de Sinaloa,

“La última cosa que ellos (el gobierno de México) quiere hacer es abrir otro frente en el sur mientras siguen tratando de controlar el desafío que tienen en el norte”, señaló Winnefeld al explicar así la desatención del entonces gobierno de Felipe Calderón a la seguridad fronteriza de México con Guatemala.

Desde aquel entonces, Winnefeld confirmó que ante la incapacidad del gobierno mexicano, Estados Unidos había decidido trabajar “hombro con hombro” con sus vecinos del sur para tratar de contener el éxodo de migrantes que huían de la violencia en Centroamérica.

Pero sobre todo, para frenar el tráfico de drogas y de armamento que llegaba a través de la frontera con Guatemala.

La estrategia de seguridad bajo la presidencia de Calderón, quien inició una guerra que sembraría de fosas comunes el territorio nacional y elevaría la cifra de muertos a más de 200 mil durante los últimos 12 años, marcó el inicio de una era sin precedentes la colaboración de México con las agencias de inteligencia y el Pentágono.

Una estrategia que, en palabras de los críticos y detractores de Calderón, metería a los servicios de inteligencia “hasta la cocina” del aparato de seguridad en México.

El saldo de esa estrategia, que sólo atizó la violencia y expandió las fronteras de la ingobernabilidad, hoy salta a la vista.

A siete años del testimonio de Winnefeld, la falta de una estrategia bilateral que atienda las raíces del conflicto en Centroamérica esta pasando una dolorosa factura.

Estados Unidos, con su racismo e histeria detrás de los planes de Donald Trump para reforzar y militarizar la franja fronteriza.

Y en México, con un torrente de inmigrantes que son criminalizados mientras huyen de la violencia, principalmente mujeres y niños.

Hoy, tras varios años de estrategias fallidas, Estados Unidos y México vuelven la mirada hacia esa frontera que marca la división entre el infierno y el purgatorio.

El infierno, por supuesto, es Centroamérica.

Y el purgatorio, es México, ese territorio a donde millones de indocumentados de la región llegan para expiar no sus culpas, sino las de gobernantes ineptos, militares corruptos, gobiernos serviles como el mexicano y gobiernos miopes como el de Estados Unidos.

Como prueba, el sistema de identificación biométrica cuya existencia ha sido reconocido el gobierno de México. Pero sólo después de que el diario The Washington Post lo pusiera al descubierto.

Este sistema de “fichaje” ha convertido a México en una extensión del servicio de migración y aduanas. Y en una inagotable fuente de información para los centros de fusión que recaban toda la información de inteligencia que sirve a los intereses y a la seguridad de Estados Unidos.

Y, a pesar de ello, el problema sigue ahí.

En un informe difundido desde el mes de noviembre de 2015, la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señaló que, “lejos de disuadir” o contener este éxodo de migrantes de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, la marea de refugiados se había incrementado.

Y no solo eso, los precios que cobraban “los polleros” o “coyotes” se habían disparado.

“El aumento de las detenciones de los migrantes y refugiados potenciales de México no ha resuelto los problemas que llevaron a la «ola» de centroamericanos en la frontera con los Estados Unidos en 2014, pero ha reducido el sentido de urgencia en los Estados Unidos para apoyar a abordar las ‘causas de raíz’ de la migración”, denunció WOLA.

Aunado a ello, el problema de raíz, nunca fue abordado:

“La mejor solución para la seguridad de la frontera México-Guatemala parece clara, pero políticamente difícil. Estados Unidos debe aprobar una reforma migratoria integral que establezca reglas claras para el trabajo temporal y ofrezca una vía a la ciudadanía.

A su vez, México debería adoptar un estatus de visa especial o mecanismo similar que permita a los migrantes en tránsito y que son víctimas de violencia o abuso, acudir ante las autoridades sin temor a la deportación”, concluyó esta organización para deslizar una solución que difícilmente avanzará bajo la presidencia de Donald Trump.

Pero tampoco, mientras se mantenga la lógica colaboracionista del gobierno mexicano.

Migrantes centroamericanos en México, rumbo a EU

AVENTURA MILITARISTA DE TRUMP EN LA FRONTERA CON MÉXICO

Que la muy diligente Secretaria de Seguridad Interna de EU, Kirstjen Nielsen, haya sido incapaz de ofrecer ni el número, ni el plazo que la administración Trump ha contemplado para desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con México, demuestra hasta qué punto el intempestivo anuncio del presidente tomó por sorpresa a los altos mandos del Pentágono y a la propia Nielsen.

Como pollos sin cabeza, los máximos responsables del Consejo de Seguridad Nacional, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional dilucidaban la mejor forma de ajustar la realidad a las ocurrencias del presidente Trump que, a primera hora de ayer martes, amenazaba con enviar a tropas del ejército a la frontera con México.

En este sentido, habría que decir que, desde la promulgación de la Ley Posse Comitatus (1878) está prohibido el despliegue de tropas del ejército dentro del territorio estadounidense, a menos que se trate de la amenaza real de una invasión, o de una guerra declarada.

La protección de las fronteras en EU es potestad de la patrulla fronteriza y sus más de 20 mil efectivos. Salvo casos excepcionales, sólo la Guardia Nacional puede ser desplegada en la frontera y a instancias de los gobiernos estatales.

Y, aún así, su trabajo tiene un carácter limitado por imperativo legal.

A manera de ejemplo, cuando en 2006 y en 2010 George Bush y Barack Obama ordenaron el despliegue de la Guardia Nacional, su labor se limitó a apoyar labores de reparación de infraestructura, misiones de vigilancia o apoyar en el engorroso papeleo de algunos arrestos.

La confusión generada por el anuncio de Trump a primera hora de ayer, hablando de tropas del ejército, obligó a la Casa Blanca a rectificar o matizar el anuncio, asegurando que se trataba de la Guardia Nacional y no de tropas de las fuerzas armadas en activo.

Con el discurrir de las horas, la ocurrencia del presidente ha dejado en evidencia la complejidad de la misión. Una misión en la que, según ha reconocido la propia Nielsen, el gobierno federal se tendrá que coordinar con los gobiernos estatales en la frontera con México para coordinar su labor con los 22 mil efectivos de la Patrulla Fronteriza.

Una buena pregunta, en este sentido, es hasta qué punto el gobierno de Trump encontrará el apoyo de los gobiernos fronterizos. Pienso, por ejemplo, en California, que ha declarado la guerra a las políticas antimigrantes de Donald Trump.

Pero, esa es otra historia.

Un elemento decisivo en el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, es su elevado costo. Por ejemplo, en 2010, el diario The Washington Post calculó que el despliegue de 1,200 elementos de la Guardia Nacional le costaron al erario poco más de 160 millones de dólares.

Siguiendo con los cálculos del mismo diario, si la captura de inmigrantes indocumentados ascendió en ese entonces a 25,514, el precio de la captura por cabeza fue de 6,271 dólares por persona.

¿Esta dispuesto el gobierno federal a asumir este costo o pedirá a los gobiernos fronterizos que asuman una parte de la onerosa carga presupuestaria?

Pero, además, existe otro problema. El de la percepción entre un considerable sector de la opinión pública que considera que el despliegue de la Guardia Nacional, para hacer frente a la “amenaza” de un grupo de migrantes de Centroamérica (entre ellos michas mujeres y niños), constituye un vergonzoso agravio hacia refugiados que huyen de la violencia.

En julio de 2014, el entonces gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para contener la marea de niños indocumentados que se abarrotaron en los puestos fronterizos de ese estado.

En aquel entonces, su decisión fue duramente criticada por organizaciones humanitarias y por una coalición de alcaldes de las ciudades fronterizas de McAllen, Edinburg y Brownsville por considerar que los menores de edad que huían de la violencia en Centroamérica no necesitaban de soldados de la Guardia Nacional que les cerraran el paso, sino de un tratamiento humanitario en su calidad de refugiados.

La Guardia Nacional de EU

El despliegue de las Fuerzas Armadas que desea llevar adelante Donald Trump, quien al parecer vuelve a sucumbir presa de su ignorancia supina y de sus recurrentes desvaríos dictatoriales, sólo podría justificarse ante una declaración de guerra desde un país extranjero.

Algo que no tiene nada que ver con la caravana de migrantes de Centroamérica que huyen de la violencia y que se han dispersado luego de la intensa labor de convencimiento de las autoridades mexicanas decididas a hacer el trabajo sucio que pide Trump, ofreciéndoles visas humanitarias para permanecer en México, o documentos de salida con vigencia de hasta 20 días para que sólo una minoría pueda alcanzar la frontera con EU y solicitar asilo.

La idea de militarizar la frontera, con el despliegue no del ejército, sino de la Guardia Nacional, es un viejo proyecto de los antimigrantes que anidan en el seno de la administración Trump.

En el mes de febrero de 2017, la agencia noticiosa AP dio a conocer un memorándum de 11 páginas en el que la administración Trump consideraba el despliegue de hasta 100 mil efectivos de la Guardia Nacional para frenar o dar caza a inmigrantes indocumentados.

Tras darse a conocer esta información, que supondría un despliegue sin precedentes de efectivos militares en la frontera sur, la Casa Blanca se vio obligada a desmentirla.

Sin embargo, la existencia del borrador de 11 páginas que obtuvo la agencia AP dio pistas sobre los planes que, desde siempre, han abrigado los sectores más radicales y extremistas en el seno de la administración Trump.

Según ese borrador obtenido por AP, el despliegue de la Guardia Nacional supondría una militarización sin precedentes de la frontera con México y se extendería hacia el norte hacia los límites de estados o ciudades como Portland, en Oregon y Nueva Orleans, en Luisiana.

Los estados incluidos en esta propuesta para el despliegue de los efectivos de la Guardia Nacional serían California, Arizona, Nuevo México y Texas. A estos cuatro estados se sumarían otros siete (Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Louisiana) que podrían participar con la aportación de efectivos en reserva.

El hecho de que Trump haya decidido enviar a un contingente aún por definir de la Guardia Nacional, para enfrentar a una “caravana” de migrantes hambrientos y desharrapados, ha levantado las suspicacias y la indignación de quienes ven en esta acción una estrategia rastrera para agitar a sus bases extremistas y distraer a la opinión pública de asuntos más urgentes:

“Aquellos que, como los migrantes de Centroamérica, buscan asilo en Estados Unidos no son el enemigo combatiente. Y nuestro país no debería ponerse en guardia contra países como México que es nuestro aliado”, aseguró el demócrata de mayor rango en el comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson.

Quizá la única explicación, para entender esta cortina de humo y racionalizar esta súbita amenaza de Trump de lanzarse a la guerra en la frontera con México, sea la necesidad de agitar a su base de racistas y extremistas que le siguen reclamando la ausencia de los fondos necesarios en el presupuesto de 2018 para financiar la totalidad del Muro fronterizo.

Pero, además, su necesidad de insistir en su aventura militarista en la frontera con México  quizá también tenga mucho que ver con el cerco, cada vez más estrecho, de la investigación que conduce el fiscal especial Robert Mueller para esclarecer la posible colusión de la campaña de Trump con los rusos.

Algo que, al parecer, le ha comenzado a ahorcar desde el frente legal, amenazando de paso su tupida red de intereses en el frente financiero.