David Brooks/La Jornada
Nueva York. El presidente Donald Trump se vio obligado asegurar a los mandatarios de México y Canadá que Estados Unidos no buscará retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) – por ahora- un día después de que la Casa Blanca generó alarma al aseverar que se estaba contemplando anunciar el retiro del acuerdo trilateral.
La Casa Blanca informó que Trump, en llamadas la noche de este miércoles con sus contrapartes Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, “acordó no poner fin al TLCAN por ahora”. Agregó que los tres mandatarios convinieron en “proceder rápidamente… para habilitar la renegociación” del acuerdo en beneficio de los tres países. “Creo que el resultado final hará más fuerte y mejor a los tres países”, dijo Trump en una declaración.
Horas antes, altos funcionarios del gobierno de Trump difundieron de manera extraoficial versiones a varios medios nacionales de que Trump estaba contemplando emitir una orden ejecutiva declarando que su país tenía la intención de retirarse del TLCAN, sin ofrecer mayor detalle.
De hecho, se informó que ya existía un borrador de la orden ejecutiva -redactada por Peter Navarro, jefe del Consejo de Comercio Nacional de Trump y el jefe de estrategia Steve Bannon entre otros- y que era posible que fuera presentada esta misma semana o la próxima.
Esa noticia sacudió a empresarios y granjeros, y a varios legisladores republicanos que apoyan el TLCAN.
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, no desmintió estas versiones en la tarde, sólo respondiendo que “hay rumores” sobre una orden ejecutiva, pero que “no comento sobre rumores”, lo cual no frenó la especulación que esta noticia desató a lo largo del día.
Empresarios y altos funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos, así como legisladores estadunidenses, el propio Ross entre ellos, comentaron que en fechas recientes se les había asegurado que Trump había modificado -no necesariamente en la retórica pero sí en los hechos- su promesa de campaña de anular el TLCAN, y que una renegociación abordaría cambios modestos.
De hecho, algunas de las modificaciones propuestas ya habían sido consultadas con legisladores en Washington, y algunos de ellos hoy afirmaron que habían entendido que Trump estaba buscando sólo actualizar el acuerdo comercial.
Por lo tanto, algunos legisladores y observadores concluyeron que todo esto era parte de una maniobra de negociación. A la vez, aparentemente preocupados de que la opción de un retiro del TLCAN se estaba contemplando en serio por la Casa Blanca, varios senadores y representantes republicanos, y hasta algunos demócratas, instaron al presidente a no proceder con tal orden, algunos advirtiendo que será “desastroso”. “Creo que deberemos ser cautelosos sobre consecuencias no intencionales”, dijo el senador republicano John Cornyn.
Si Trump firmara la orden ejecutiva, se iniciaría el proceso de 6 meses para el retiro de un socio del TLCAN, según las reglas de ese acuerdo trilateral que se implementó hace 23 años.
Algunas fuentes, según reportó el Washington Post, aseguran que Trump podría proceder por una vía paralela en donde emitiría otra orden notificando al Congreso de su intención formal de renegociar el acuerdo. Ambas órdenes funcionarían como herramientas en una negociación con México y Canadá, obligando a los socios a ofrecer concesiones bajo una amenaza efectiva de un retiro de Estados Unidos.
Al parecer, ya quedo descartado el retiro del acuerdo, “por ahora”.
TRUMP LANZA “EL MAYOR RECORTE DE IMPUESTOS EN LA HISTORIA”
Washington (Afp). El gobierno del presidente Donald Trump lanza este miércoles una fuerte rebaja de impuestos que el secretario del Tesoro Steven Mnuchin consideró como la mayor de la historia de Estados Unidos.
Mnuchin hará los anuncios de la reforma fiscal que se solicitará al Congreso pero ya dijo que las compañías pagarán una tasa de 15% en vez del 35% actual.
La tasa vigente es una de las más elevadas entre los países ricos de la OCDE aún cuando en la práctica es inferior a 35% debido a las exenciones y deducciones permitidas.
«Será el mayor recorte de impuestos en la historia fiscal de nuestro país», dijo Mnuchin en la mañana durante un panel con inversionistas.
El funcionario dijo que el gobierno espera hacer que la propuesta, que es resistida hasta por legisladores republicanos, sea aprobada lo más rápidamente posible por el Congreso pero no adelantó un cronograma.
En el Congreso la iniciativa caerá en manos de un cuerpo de legisladores divididos entre la idea de reducir impuestos y las preocupaciones con el creciente déficit público.
«Estamos trabajando para hacer esto rápidamente», dijo Mnuchin, quien añadió que «es parte del impacto por los primeros 100 días» del nuevo gobierno.
Según el funcionario, «tenemos un acuerdo fundamental sobre lo que queremos hacer y tenemos que definir los detalles».
De cualquier forma, el impacto del plan de reforma del sistema de impuestos sobre el déficit será la clave para la supervivencia de la propuesta.
En principio, la idea de reducir a 15% los impuestos a las empresas representa un recorte de 20 puntos porcentuales, y según analistas un recorte de esa magnitud podría significar 2 billones de dólares adicionales de déficit en apenas una década.
Ante esta visión, el gobierno argumenta que tal reducción de impuestos promovería la generación de empleos y estimularía el crecimiento económico; todo lo cual representaría una mayor recaudación. Analistas económicos señalan, sin embargo, que la idea de un crecimiento del empleo mediante recortes de impuestos a las empresas no se apoya en experiencias previas.
Para el experto Douglas Holtz-Eakin, esa idea es apenas una ilusión.
«Nunca ha habido cualquier análisis verosímil» que indique que eso sea posible, dijo a la AFP.
Este recorte de impuestos podría ser válido por 10 años, pero Mnuchin dijo que prefería que se torne permanente. «Si lo tenemos por 10 años, ya es mejor que nada. Pero me gustaría su permanencia», añadió.
Mnuchin aseguró que la reducción impositiva estará destinada en primer lugar a las pequeñas empresas. «No habrá fisuras en la norma que permita a ricos, que deberían pagar tasa más elevadas, pagar el 15%», afirmó.
En el Congreso, el líder del bloque del opositor partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, adelantó que la idea encontrará resistencias.
«Si se trata de una enorme recorte de impuestos para los más ricos, eso no será apoyado por los demócratas», adelantó.
En general, los republicanos son favorables a la reducción de impuestos, pero una parte de ellos, defensores del equilibrio presupuestario, expresan preocupaciones sobre su impacto en las cuentas públicas.
Mnuchin también apuntó este miércoles que los especialistas del gobierno están trabajando para simplificar el proceso con el que los estadounidenses pagan sus impuestos.
«Vamos a discutir los detalles cuando presentemos el plan», dijo Mnuchin.
«Nuestro objetivo es simplificar las tasas. Creo que la mayoría de los estadounidenses deberían ser capaces de presentar su declaración de impuestos en un formulario del tamaño de una tarjeta postal», expresó.
APRUEBA TEXAS VETO A “CIUDADES SANTUARIO”
Austin, Texas (Ap). La Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó el jueves una estricta norma que prohíbe las «ciudades santuario» en uno de los estados con más inmigrantes en Estados Unidos.
La ley da mayor poder a la policía para imponer las normas federales sobre inmigración a cualquier detenido y amenaza con sancionar a jefes policiales y comisarios que se nieguen a hacerlo.
La votación del jueves, aprobada por 95 votos a favor y 54 en contra, se produjo después de 15 horas de un debate acalorado impulsado principalmente por los demócratas, que no tenían los votos necesarios frenar la norma.
El proyecto permitiría al estado retener los fondos a gobiernos locales que actúen como «ciudades santuario», aunque los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para hacer lo mismo a nivel nacional se toparon con obstáculos judiciales.
Otros estados controlados por republicanos presentaron políticas similares en los últimos años, pero Texas será el primero donde los jefes policiales y otros funcionarios podrían enfrentar cargos de falta al deber y ser despedidos por no ayudar a aplicar la ley inmigratoria.
Una entidad que incumpla la ley podría estar sujeta a una penalidad civil de mil 500 dólares por una primera infracción y de 25 mil por cualquier reincidencia.
La norma es necesaria «para dar seguridad al público y retirar a gente mala de las calles», dijo el patrocinador de la norma, el representante Charlie Geren.
El término «ciudades santuario» –municipios que se niegan a colaborar con las autoridades federales en cuestiones de persecución de personas que viven en Estados Unidos sin autorización– no tiene una definición legal, pero los republicanos quieren que la policía local ayude a las autoridades federales como parte de una campaña mayor para reprimir a los presuntos delincuentes que se encuentran en el país de manera irregular.
El proyecto original de la cámara baja permitía a los agentes de la ley averiguar sobre el estatus migratorio de una persona solamente si era arrestada. Una versión aprobada por el Senado en marzo iba más allá al permitir esa averiguación en caso de cualquier detención, incluso por una infracción de tránsito.
Pero una enmienda respaldada por el movimiento conservador Tea Party –que ampliaba la versión de la cámara para que fuera aplicable a los detenidos– fue aprobada por una votación de 81-64, lo que la acercó a la versión del Senado.
Los demócratas, a los que se sumaron algunos republicanos, se opusieron vanamente al cambio. La conferencia episcopal católica de Texas tuiteó: «Estamos decepcionados porque la cámara aprobó averiguación policial de estatus legal durante detención, antes que arresto formal».