César Arellano García / La Jornada
Ciudad de México. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal le negó el amparo al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, contra la prisión preventiva que se le dictó el pasado 9 de abril del año pasado por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, ya que se le relaciona con actos de corrupción para la aprobación de las llamadas reformas estructurales en el sexenio anterior, al supuestamente haber recibido sobornos con recursos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la constructora brasileña Odebrecht.
Según el expediente, Lavalle Maury supuestamente recibió 97 millones 190 mil pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio pasado y realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita por al menos 52 millones 390 mil pesos, por lo que podría alcanzaría una pena de prisión mínima de 12 años y una máxima de hasta 39 años de prisión, así como la reparación del daño.
Además durante la comparecencia del panista el año pasado, los fiscales indicaron al juez de control del Reclusorio Norte que cambiarle la medida cautelar existiría un alto riesgo de fuga ya que no existe la certeza sobre el lugar de su residencia.
“Estas elevadísimas cantidades de dinero son sin duda alguna un medio muy eficaz para abandonar no tan sólo la jurisdicción que ejerce su señoría en esta Ciudad de México, sino que le permitirían al imputado huir del país e incluso le alcanzaría para abandonar al continente americano, las cuales por tratarse de cantidades en efectivo sería casi imposible darle seguimiento a sus gastos ya que no habría forma de que dejaran un registro las erogaciones por la falta del uso del sistema financiero y, por si no fueran suficientes 97 millones 190 mil pesos para huir y permanecer oculto, también podría tener acceso a una buena parte de los 14 millones 496 mil pesos que él manifestó en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante el Senado de la República”.
Lo fiscales recordaron que cuando Lavalle fue Senador de la República desde 2012, el pertenecer a este reducido y selecto grupo de legisladores le permitió al imputado crear una grande y sólida red de contactos en los tres niveles de gobierno. “No perdamos de vista que en la argumentación que hizo me homólogo se hizo referencia que algunas de las personas que han sido señaladas como miembros de la asociación delictuosa a la cual pertenece el hoy justiciable, uno de ellos es gobernador actual de un Estado, otros fueron candidatos a la Presidencia, muchos de ellos también fueron secretarios de Estado”.
Al respecto, el colegiado consideró que la resolución del juez de control se dictó con base a los datos de prueba y diversos factores expuestos y no sólo lo referente al domicilio, argumentos que se encuentran “acorde a la legalidad, porque se actualiza el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, pues con los recursos que se dice tiene a su alcance, las facilidades para el contacto con los testigos y que puede haber una red de ayuda, podría posibilitarse, que se destruya, modifique, oculte o falsifique elementos de prueba”.