Juan Carlos Ruiz Guadalajara*/La Jornada
El pasado marzo el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente dio a conocer en Nairobi el informe del estado actual del medio ambiente planetario. Las conclusiones son incontrovertibles: el deterioro es mayúsculo y pone en peligro la sobrevivencia de la especie humana, por lo que se requieren medidas drásticas para frenar la pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Si bien todo apunta hacia la profundización de la debacle en un mundo marcado por el capitalismo global y la explotación sin límite de hombres y naturaleza, en México se acaba de abrir una pequeña grieta a dicho modelo depredador con la llegada de Víctor Toledo al frente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ello sucedió después de que el presidente López Obrador (AMLO) hiciera dos sorprendentes declaraciones en el mitin que el 24 de mayo encabezó en la capital potosina: que atendería la demanda ciudadana para declarar la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida (ANP), y que no olvidaba la destrucción del Cerro de San Pedro por una empresa minera. Sin embargo, más sorprendente fue que AMLO confiara en el gobernador de San Luis, Juan Manuel Carreras, quien en alianza con el presidente municipal de la capital se adelantó a venderle al presidente su idea de ANP.
Ubicada al suroeste del valle de San Luis, la Sierra de San Miguelito es un imponente complejo montañoso de 81 mil 565 hectáreas. Además de su enorme biodiversidad que incluye especies endémicas, la sierra presta servicios ambientales a toda la región: captura carbono y limpia la atmósfera, regula el clima regional, capta agua y recarga acuíferos, todas ellas funciones vitales para el valle de San Luis, el cual padece la concentración de industrias y proyectos inmobiliarios ecocidas con altos componentes de corrupción sustentada por la relación entre poder político y económico que AMLO ha jurado proscribir de la vida pública. A pesar de que en 1993 la sierra fue oficialmente clasificada como no urbanizable y Área Natural de Protección del Patrimonio Paisajístico y Recarga, carácter ratificado en 2003, el actual presidente municipal de San Luis Potosí, el panista Xavier Nava, convertido en el brazo político de los empresarios más voraces de la localidad, ha mostrado interés por modificar dicha declaratoria y abrir la puerta a cambios de uso de suelo que permitan la entrada a exclusivos y depredadores proyectos inmobiliarios, en una muestra de que no todo lo que es Nava brilla.
A la par se anuncia el desarrollo inmobiliario Las Cañadas, el mejor y más completo concepto de vida (sic), encabezado por los empresarios Carlos Chato López y Alejandro Tamayo, quienes pretenden imponer un ecocidio sobre un polígono de 20 mil 688 hectáreas de la sierra para construir zonas habitacionales de baja, media y alta densidad, escuelas, universidades, plazas comerciales, áreas deportivas, clubes y campo de golf, todo adornado con lagos y cascadas artificiales, en un ambiente de convivencia armónica y equilibrada con la naturaleza (sic). Conocedores de los esfuerzos que desde hace años desarrollan diversas organizaciones para lograr la declaratoria de la Sierra de San Miguelito
como ANP, los dueños del negocio Las Cañadas aumentaron la presión sobre la comunidad San Juan de Guadalupe, provocando descomposición y violencia para tratar de obtener, bajo el esquema de aportación de tierras comunales a inmobiliarias, 2 mil 69 hectáreas de las 14 mil 495 pertenecientes a los comuneros. Se trata de una fracción de territorio, Tierra Blanca, que por su ubicación resulta estratégica para el proyecto inmobiliario ecocida. No es gratuito que la tercera parte de proyectos de infraestructura municipal de Xavier Nava hayan ido a parar ahí, justo donde el negocio lo necesita.
Lo cierto es que el gobernador Carreras y el edil Nava han simulado encabezar el anhelo ciudadano de preservar la Sierra de San Miguelito para las futuras generaciones, y han entregado a AMLO un proyecto de protección que intenta imponer la idea de que la sierra abarca 63 mil hectáreas, las cuales no incluyen las que necesita la sociedad mercantil inmobiliaria de Chato López y sus colegas de aventura ecocida, entre ellas las 2 mil 69 hectáreas de la comunidad de San Juan de Guadalupe. Así, en una nueva intentona del perverso poder político-empresarial que tantos despojos y crímenes ambientales ha cometido bajo el disfraz de
lo sustentable, Carreras intenta engañar al Presidente vendiéndole su idea de ANP en Sierra de San Miguelito, la cual incluye una supervialidad que la parte en dos y el meganegocio de Las Cañadas. Estamos ante lo que Toledo calificó como el glamoroso encanto del ecologismo, y que desde abajo conocemos como vil capitalismo verde.
Desde aquí le decimos al secretario Toledo que cuenta con el apoyo de la sociedad civil organizada, y que esperamos de él una acción contundente para salvaguardar la integridad de las 81 mil 565 hectáreas de San Miguelito, lo que implica decirle a Carreras, Nava y sus socios que su idea de ANP está muy equivocada y torcida. No se puede permitir que el Homo demens (Toledo dixit) avance con la destrucción de nuestro patrimonio biocultural. Muchos necesitamos urgentemente señales de que la 4T va en serio. He aquí una oportunidad.
*Investigador de El Colegio de San Luis