Tequio y Política


Luis Carlos Ugalde
  • Durante los últimos 30 años se han efectuado varias reformas electorales; EPN, propuso la vigente
  • José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, dos presidente del IFE hoy están contra todo lo que huela a oficialismo
  • A partir de 1953 hasta 2014 los mexicanos han atestiguado 47 reformas electorales; de Ruiz Cortines a EPN
  • La Reforma Electoral de AMLO propone bajar considerablemente el presupuesto al INE de Córdova
  • El aparato electoral de todo el país creció de 68 mil millones en 1999 a más de 68 mil millones en el 2022
  • Son 11 mil millones de pesos para financiar la burocracia de todos los partidos políticos en el país
  • Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, hicieron del INE bastión opositor a AMLO; juez electoral se convirtió en parte

Fouché

POR QUÉ OTRA REFORMA

ELECTORAL EN NUESTRO PAÍS…

Instituto Nacional Electoral

… Algunos, argumentarán que no es necesaria, otros afirmarán que es abuso del Ejecutivo Federal, muchos considerarán que se trata de llevarnos al ejercicio del poder absoluto y los más esgrimirán que tema nos dirigimos hacia otra dictadura de partido (MORENA), como lo fue en sus mejores tiempos el Partido Revolucionario Institucional, PRI.

Hay dos ex presidentes del Instituto Federal Electoral (José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde), que sistemáticamente han declarado en contra de las acciones y decisiones del Presidente López Obrador en materia político-electoral y no resultara extraño que, en pocos días, ambos, por cualquier medio critiquen la iniciativa presidencial en materia electoral, de esta manera se unirán al coro de la Coalición Va por México, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (propiedad de Claudio X. González Jr) y de los grupos ex orgánicos que manifestarán su desacuerdo por esta nueva “blasfemia” del primer Mandatario.

José Woldenberg, primer presidente (1996-2003) de un organismo autónomo en materia de comicios, llamado Instituto Federal Electoral, IFE, de pronto se convirtió en abogado del diablo al defender al actual titular del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdova, quien ha abusado del cargo hasta a llegar a considerarlo un patrimonio de facción política.

Hoy, un desconocido Woldenberg, pues según su historial fue un férreo luchador estudiantil en 1968 en contra del stablishment, 54 años después defiende uno de los últimos resabios del sistema electoral que se dedicó a defender los intereses del PAN-PRI y con ello tratar de consolidar un disfrazado bipartidismo-alternante en nuestro país.

José Woldenberg

De Luis Carlos Ugalde, máxima autoridad del Instituto Federal Electoral (2003-2007), llegó al cargo gracias a la recomendación de Elba Esther Gordillo, otrora mujer poderosa gracias a la “fuerza” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE.

Recordemos que el Ugalde de marras jugó un papel fundamental en el fraude electoral del 2006, cuando se adelantó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al declarar ganador de la Presidencia a Felipe Calderón Hinojosa.

Las siguientes fueron sus palabras ese 7 de julio de 2006:

‘El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón, del PAN. La regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que tenga más votos.»

El velo de la sospecha de complicidades apareció cuando, además, el “triunfo” de Calderón fue por 0.58 por ciento… Nadie esperó el recuento de votos, simplemente el PRIismo guardó el silencio acostumbrado cuando se cometen atrocidades de cualquier índole.

El fraude electoral del 2006, con el que hicieron perder a Andrés Manuel López Obrador, es equiparable por su descaro y cinismo al de 1988, en el que factotum fue el panista Diego Fernández de Cevallos, al ordenar desde la más alta tribuna del Poder Legislativo en San Lázaro, que se quemaran los paquetes electorales de esos aciagos comicios del 88.

Pero, ¿por qué otra Reforma Electoral?

Es simple:

Adolfo Ruiz Cortines

1).- Porque el costo del aparato electoral, pasó de 13 mil millones de pesos en 1999 a 68 mil 300 millones de pesos en 2022, partida que incluye a todas las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales. En 2021 se asignaron 13 mil millones de pesos a los 32 Oples. Sólo el del Estado de México y de la capital del país recibieron 3 mil millones de pesos.

2.- Porque todo indica que los actuales responsables del INE (Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama) perdieron la brújula al caer abiertamente en serio conflicto de intereses, pues se convirtieron en juez y parte, cuando solamente jugarían el papel de juez ó árbitro.

3).- Porque se observa un exceso de legisladores (senadores y diputados) plurinominales.

4.- Porque los actuales Institutos Estatales Electorales, también conocidos como Organismos Públicos Locales Electorales, no han respondido a las tareas que les fueron encomendadas, de ahí que la propuesta es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC.

5).- Porque se hace necesaria una reducción de Consejeros Electorales… Éstos, pasarán de 11 a 7 consejeros que serían elegidos mediante designación del voto popular y los aspirantes serían propuestos por los Tres Poderes de la Unión.

6).-  Porque actualmente, año con año, se destinan 11 mil millones de pesos para financiar las estructuras burocráticas partidistas y con la Reforma se reduciría en 66 por ciento los fondos que reciben hasta hoy los partidos políticos; también se busca cancelar las prerrogativas para su gasto ordinario, preservando únicamente los recursos destinados al financiamiento de campaña. En paralelo a esta restricción, se buscarán mecanismos para tener mayores controles de los apoyos privados que reciban los partidos políticos… En otras palabras, el Instituto Nacional Electoral desaparecería como el gran patrocinador de partidos políticos.

BREVE HISTORIA DE LAS REFORMAS

ELECTORALES EN NUESTRO PAÍS…

…La últimas ó la más reciente fue aprobada en el Congreso de la Unión en diciembre de 2013; las legislaturas estatales le dieron el visto bueno a principios de 2014.

Enrique Peña Nieto

En nuestro país, cualquier tipo de reforma constitucional no es algo nuevo y en lo referente a una reforma electoral, en el lapso de tres décadas, las modificaciones electorales han sido varias, cosa que tiene en su origen los variables que en este rubro han surgido.

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, catedrático de la Maestría en Derecho Electoral en la Universidad de Jalapa, al respecto, precisa:

“Es importante mencionar que todas han sido necesarias para ir consolidando a México como un país verdaderamente democrático; sin embargo, a pesar de ser algo que se ha dado de forma gradual en los últimos treinta años, es un proceso que aún no ha podido ser cabalmente entendido por las autoridades, los propios partidos políticos y el resto de los ciudadanos, porque aun cuando las nuevas reglas del juego han sido evidentes, lo cierto es que, no se le ha dado la difusión ni la importancia debida, lo cual trae como consecuencia que la población se interese muy poco en la vida política del país, lo que genera un bajo número de electores en las jornadas relativas , además de no existir motivación por parte de la sociedad en participar en las encuestas ciudadanas. No podemos pasar por alto, que es obligación tanto de las autoridades legislativas, electorales y de los diversos actores políticos, el dar a conocer y promover en la mayoría de ciudadanos todas las prerrogativas y obligaciones que existen en materia electoral para así lograr lo que toda democracia busca, que es, que todos sus ciudadanos salgan a votar y a elegir a quienes los van a gobernar y representar.

Dada la importancia de la última reforma electoral acontecida en nuestro país, resulta necesario hacer una pequeña reflexión de la evolución histórica que han tenido las instituciones electorales la cual abarque las reformas que desde nuestro particular punto de vista han sido las más significativas, para así poder comprender la magnitud de este último proceso de cambios en el marco normativo electoral y poder hacer frente a los temas que quedaron aún pendientes en la agenda legislativa, lo cual esperamos se pueda difundir entre la mayoría de los ciudadanos y así poder genera un mayor compromiso de participar en la vida democrática de México”.

Claudio X. González Jr

EN EL LAPSO 1953 A 2014, 47

REFORMAS ELECTORALES

El catedrático Sigala Aguilar, además expone:

“En total se han llevado a cabo alrededor de cuarenta y siete reformas de naturaleza político-electoral desde 1953 (año en que se le otorga el voto a la mujer) hasta 2014 , no obstante, en este pequeño ensayo, abordaremos las que a nuestro juicio han sido las más trascendentales”.

REFORMA ELECTORAL  DE 1963-1964;

LLEGAN LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN

“En el año de 1964, se dio una reforma electoral en la cual se facilitó la entrada a la participación de las minorías (partidos de oposición) en la formación de la voluntad legislativa, aunque limitada y constreñida a la representación en la Cámara baja del Congreso, fue una modificación que permitió la presencia de diputados de un partido diferente al del titular del Ejecutivo, con esta modificación a la ley se buscó una mayor apertura hacia los ciudadanos y flexibilidad en la forma en que se votaba en México, en una época en que la credibilidad del país como un Estado democrático había empezado a ponerse a prueba . Como un antecedente debe decirse que en las elecciones del 5 de julio de 1964, el Partido Acción Nacional logró obtener veinte diputados, el Partido Popular Socialista nueve y el Partido Auténtico de la revolución mexicana creado en 1957, cinco lugares, es decir el 15.3% del efectivo total de la Cámara y sería el presidente Gustavo Díaz Ordaz al que le correspondió gobernar con la presencia en el Congreso de los diputados de los partidos de oposición reconocidos por la ley”, escribe Sigala Aguilar.

REFORMA ELECTORAL DE 1977; BASES

PARA ABRIR COMPETENCIA ELECTORAL

En su investigación, Roberto Eduardo Sigala, puntualiza:

Lorenzo Córdova Vianello

“Es común que la reforma de 1977 sea nombrada como la REFORMA POLÍTICA, así con mayúsculas iniciales, para diferenciarla de las demás reformas por su importancia y la trascendencia que tuvo, aun cuando las posteriores también contribuyeron al avance de nuestra vida democrática, sin embargo, podemos decir sin temor a equivocarnos que esta reforma fue fundamental para la vida democrática de nuestro país, pues sentó las bases para la creación de un verdadero sistema electoral. Para hablar de la reforma acaecida en 1977, es importante mencionar que mucho tuvo que ver la sucesión presidencial de 1976, la cual ha sido una de las que menos participación ciudadana tuvo, y la cual contó con muy pocos partidos reconocidos hasta entonces, lo cual generó una preocupación muy fuerte entre la clase política, quien buscó una manera de reformar la ley electoral que permitiera una mayor apertura a las distintas fuerzas políticas. De esta reforma electoral, podemos decir que uno de sus puntos más importantes fue el proceso de apertura de la competencia electoral, pues se incentivó a los diversos partidos políticos para participar, lo que evidenció un aumento gradual en la competitividad. Así la reforma electoral ocurrida en 1977, tuvo un carácter único, al ser considerada, como el origen de la verdadera democracia en México, pues fue la primera que se consideró incluyente de todas las fuerzas políticas nacionales y a partir de ahí los actores políticos fueron pugnando cada vez más por la continua mejora y democratización del sistema electoral, además que por primera vez existió flexibilidad política y voluntad por parte del ejecutivo para incluir a todas las fuerzas políticas del país en el proyecto nacional, dándose así una apertura a un verdadero sistema plural de partidos. Es por ello que se considera el punto de partida de nuestra vida democrática, con la característica de incluir a todas las fuerzas políticas que hasta entonces no habían sido reconocidas de manera oficial y a partir de entonces, se fue impulsando cada vez más la democratización.

Respecto de las elecciones que se dieron bajo la legislación de 1977, éstas se llevaron a cabo con la nueva ley electoral en las elecciones federales intermedias a través de la cual se reformó la cámara de diputados, siendo una votación histórica en la cual se alcanzó una participación del 49.37% del total de los empadronados , lo cual reveló la operatividad del nuevo sistema impuesto en dicha reforma, el Partido revolucionario Institucional (PRI) obtuvo el 74% del total de la cámara de diputados, el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo el 10.75% del total, el Partido Popular Socialista (PPS) aun cuando no alcanzó ningún escaño por votación directa por el principio de representación proporcional obtuvo el 2.75% de la cámara, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) de igual forma alcanzó el 3% y el Partido Comunista Mexicano (PCM) fue la tercera fuerza política con el 18% de los escaños, aunado a que no obtuvo ninguno por el principio de mayoría relativa.

Ciro Murayama

El 30 de diciembre de 1977 se promulgó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) , esta reforma ofreció a los partidos políticos de oposición nuevas oportunidades de participación, pues además de su participación directa, se introdujo por primera vez el concepto de representación proporcional al Poder Legislativo, esto es, serían electos por esta vía la cuarta parte de la cámara de diputados (100 en vez de sólo 41), lo cual también aumentó el número de diputados de 196 a 300 . Se estableció la obligación para los partidos políticos de mantener un número necesario de afiliados, entre otras cosas. Se otorgaron derechos a los partidos políticos para postular candidatos, nombrar representantes ante las mesas directivas de casilla y ante la Comisión Federal Electoral, obtener financiamiento público, tiempos permanentes en radio y televisión, apoyos para tareas editoriales, entre otros, en cuanto a este punto…”

LEY FEDERAL ELECTORAL DE 1946 Y LA

INSTITUCIONALIZACIÓN DE ELECCIONES

Moisés Sinuhé García Bartolo, sociólogo y profesor de la FES Acatlán de la UNAM, detalla acerca de las reformas electorales:

“En la naciente democracia mexicana, en donde el factor fundamental ha sido la competencia, este elemento que parecía inexistente en las contiendas electorales antes de 1988, hoy en día es un elemento esencial en la trayectoria política de este país.

Es por ello que resulta pertinente enmarcar en este artículo las peculiaridades por las que ha atravesado la conformación de los principios democráticos que dan sustento al sistema electoral actual.

El trabajo está estructurado en siete apartados que en su conjunto comprenden el resultado final del ensayo.

En el primer apartado, “La Ley Federal Electoral de 1946”, se enuncian los inicios de la institucionalización de los procesos electorales en México.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador en 2006

En el segundo apartado, “La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE)”, se destaca la experimentación de reformas que pretenden frenar el monopolio partidista del PRI.

El tercer apartado se denomina “La Reforma Electoral de 1987”, que permitió el surgimiento del Código Federal Electoral que en ese momento fue resultado de las presiones de los partidos de oposición.

En el cuarto apartado, “La Reforma Electoral de 1991”, se aborda el surgimiento del IFE (Instituto Federal Electoral).

El quinto apartado, “La Reforma Electoral de 1994”, corresponde a la etapa que marca el inicio del proceso de ciudadanización con respecto a la ocupación de los cargos de consejeros electorales en el IFE.

El apartado siguiente, “La Reforma Electoral de 1996”, se destaca por ser considerada ésta como la reforma en la que se trabajó a mayor profundidad en materia electoral y que sirvió como referente para las elecciones de 1997, 2000, 2003 y 2006.

“La Reforma Electoral de 2007” es el séptimo apartado, y es la que  antecede a la elección efectuada en el 2006 y que redefine en su conjunto las atribuciones que le corresponde seguir como órgano rector al IFE.

Por último, se enuncian “Las consideraciones finales”, en donde se contrasta el papel de la ciudadanía con respecto al del político de nuestro país, así como la responsabilidad que a cada uno de ellos le corresponde en el terreno de la política.

CUESTIONADO EL DOMINIO

ELECTORAL DEL PRI

El sociólogo García Bartolo, hace notar:

Elba Esther Gordillo

“La Ley Federal Electoral de 1946, marca el inicio de la institucionalización de los procesos electorales en México, y aunque según las cifras oficiales, desde entonces y hasta el inicio de los setenta el PRI alcanzó en general votaciones nacionales por encima del 80% y se apoderó de la gran mayoría de los escaños, en un marco de alta participación del electorado (entre 70 y 80% de los empadronados), su dominio electoral llegó a ser cuestionado en elecciones presidenciales por fracciones que se desprendieron del propio PRI (el padillismo en 1946 y el henriquismo en 1952). Dicho de otra manera, el acomodo hegemónico no se dio de entrada, o de una vez y para siempre, debido a que la unidad del grupo priísta no estaba bien asentada. De hecho, algo que contribuyó a cohesionar a la familia revolucionaria fue precisamente el monopolio del PRI sobre el voto y el recuento, que dotó al sistema de un amplio margen de maniobra en la asignación de recompensas por la disciplina partidaria.

En cambio, el marco legal, que a partir de entonces normaría los procesos electorales federales, sí respondía ya a las exigencias de un sistema de partido hegemónico, en la medida en que se caracterizó por: 1) el control centralizado del gobierno sobre la organización, el cómputo y la calificación de los comicios (por la presencia privilegiada del gobierno y su partido en órganos electorales; 2) el ingreso restringido de los partidos políticos a la arena electoral (por los enormes requisitos que se exigían para acceder al registro y por la total discrecionalidad de la Secretaría de Gobernación para otorgarlo o retirarlo); y 3) el método de escrutinio mayoritario y la autocalificación porque no daba cabida a las minorías y se sancionaba a sí mismo (Peschard,1993)”.

LA LFOPPE DE 1977 Y MENOS CONTROL

DE INGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

“Aun cuando desde el inicio de los años setenta, el sistema electoral mexicano empezó a experimentar reformas para mitigar el monopolio priísta dentro de la Cámara de Diputados, las elecciones mexicanas siguieron sin ocupar un lugar importante dentro del escenario político nacional. En cambio, desde que inició el proceso de consulta para la reforma en 1977, el tema electoral fue gradualmente ocupando espacios de interés para la opinión pública.

Diego Fernández de Cevallos

Por primera vez en la historia, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) fue aprobada después de una amplia consulta pública, que si bien fue más un acto simbólico que un canal real para que partidos y sectores interesados incidieran sobre los contenidos de la reforma, sí sentó precedente.

La LFOPPE relajó el control gubernamental sobre el ingreso de los partidos políticos a la escena electoral, y por tanto sobre su participación en el reparto de asientos en la Cámara de Diputados, al abrirse el registro condicionado a los resultados de las elecciones –que dispensaba a los partidos políticos del requisito de acreditar 65, 000 miembros en la mitad de las entidades del país o de los distritos electorales, que era necesario para obtener el registro definitivo (artículo 27)–; al dejar la decisión del registro en manos de la Comisión Federal Electoral y ya no en las de la Secretaría de Gobernación; al reglamentar el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, el apoyo oficial para sus campañas y a una serie de franquicias y exenciones de impuestos; y al permitir el establecimiento de coaliciones y de candidaturas comunes (artículos 48 y 60-67). Paralelamente, se introdujo la representación proporcional como complemento de la mayoritaria para estimular a las minorías y reducir la sobrerrepresentación del PRI,” expone el sociólogo Sinuhé García.

REFORMA ELECTORAL DE 1987

Y MANIPULACIÓN OFICIAL DEL VOTO

El Sociólogo de la FES Acatlán, posteriormente advierte:

“La crisis económica de los ochenta y las dificultades del gobierno para administrar el país fueron el catalizador del reclamo democrático que invadió el universo político mexicano. La arena electoral devino terreno propicio para la expresión del descontento porque ofrecía la oportunidad de agregar la protesta tanto de los sectores urbanos más individualizados que se hallaban dispersos, como de la parte socialmente más marginada, y de activar dicha protesta en función del esquema de polarización (PRI-PAN) que asumió la lucha electoral a mediados de la década.

Roberto Eduardo Sigala Aguilar

El tema de la manipulación oficial del voto cubrió por completo el debate en torno a las urnas, lo que repercutió positivamente sobre la capacidad del PAN para movilizar electores y poner en entredicho los triunfos priístas.

Chihuahua de 1996 fue el caso paradigmático porque a la protesta panista frente al fraude que se desplegó tanto fuera como dentro del país, se sumaron grupos de intelectuales con una influencia pública importante, que cuestionaron la validez de los resultados. En esta coyuntura el centro del debate se desplazó del asunto del registro y representación de los partidos políticos, hacia el problema de los organismos encargados de realizar los comicios y hacer el cómputo de los votos, en particular de la Comisión Federal Electoral, que concentraba una cantidad enorme de facultades.

En este contexto de cuestionamiento al sistema electoral y de despegue de la ofensiva sobre todo panista, la Reforma Electoral de 1987, que dio lugar al Código Federal Electoral, respondió a las presiones de la oposición a la vez que a propósitos de control del oficialismo que llevaron a: 1) ampliar los espacios de representación, aumentando a 200 las curules de representación proporcional, pero permitiendo que el PRI participara de dicho reparto; 2) evitar la pulverización del espectro político, limitando el acceso de los partidos políticos a la arena electoral con la eliminación del registro condicionado y de la figura de las asociaciones políticas; 3) reforzar el control oficial sobre los organismos electorales para que el gobierno ya no tuviera que depender de la alianza con los llamados partidos paraestatales; 4) fortalecer la posición mayoritaria en la Cámara de Diputados (a través del llamado candado de gobernabilidad); y 5) dar cauce a las impugnaciones que surgieran por irregularidades en los procesos.

La tensión entre el afán de reforzar el control por parte del gobierno y su necesidad de responder a las demandas de la oposición hicieron que, de manera inusitada, la iniciativa de reforma del Ejecutivo sufriera modificaciones importantes en la Cámara de Diputados, entre las que destaca por un sentido involutivo la relativa a la representación de los partidos políticos dentro de la Comisión Federal Electoral, que en lugar de una restricción, como proponía la iniciativa presidencial (sólo tendrían voz y voto los tres partidos electoralmente más fuertes), introdujo una proporcionalidad que implicaba un sesgo mayor (cada partido tendría un número de representantes de acuerdo con su nivel de votación en la contienda federal previa). Esta fórmula le permitió al PRI acceder a 16 puestos dentro de la Comisión Federal Electoral (CFE), gracias a lo cual aseguró de entrada una mayoría de votos dentro del órgano central electoral, que lo liberó de cualquier necesidad de pactar con los partidos políticos comparsas para sacar adelante decisiones favorables para su partido y la figura del Ejecutivo (Woldenberg, 1987).

A diferencia de las legislaciones anteriores, el Código Federal Electoral surgió como reacción del gobierno frente a signos amenazantes para su control sobre las urnas, sin embargó, no se pudo prever la embestida que significarían los comicios presidenciales de 1988, pues con todo y los candados que puso no logró mantener el proceso dentro de los marcos de respeto a la legalidad.

Los primeros síntomas de la jornada electoral del 6 de julio de 1988 aparecieron desde mediodía, cuando pudo constatarse una afluencia inusual de votantes. Las elecciones transcurrieron con tranquilidad hasta las seis de la tarde, cuando intempestivamente se detuvo el flujo de información que debía emitir el mecanismo “auxiliar” que había instalado la Secretaría de Gobernación (que consistía en líneas telefónicas a disposición de los delegados distritales del Registro Nacional de Electores, para que se transmitieran los resultados de cada casilla a un centro de recepción instalado con tal propósito, desde donde se debían pasar a pantallas de computadoras que manejaban representantes de partidos).

El presidente de la CFE y secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, solicitó a los comisionados una pausa de media hora para que se revisara el funcionamiento del sistema; sin embargo, las “las fallas técnicas” resultaron tan serias que fue preciso improvisar un nuevo centro de cómputo. No deja de ser irónico que la primera elección mexicana que recurría a métodos modernos para fundamentar la credibilidad del proceso, abriera la puerta al regreso de las prácticas más tradicionales de negociación y componenda entre los contendientes, dado que ninguno de los partidos tenía información suficiente para fundar sus reclamos (Loaeza, 1999: 399-477). Finalmente resultó vencedor de la contienda electoral a la Presidencia el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari”.

REFORMA ELECTORAL DE 1991  BUSCÓ

Gustavo Díaz Ordaz

RECUPERAR CAPACIDAD DE CONVOCATORIA

“Con este telón de fondo de un gobierno que buscaba rápidamente recuperar la capacidad de convocatoria, en octubre de 1989 se aprobaron modificaciones a siete artículos en materia electoral gracias al acuerdo que el partido del gobierno logró con la directiva nacional del pan. Sin embargo, el rechazo del recién integrado prd y las críticas de un grupo de panistas que después formaron la fracción foxista, fueron suficientes para empañar el proceso de negociación y para reafirmar la falta de credibilidad en el sistema electoral.

El COFIPE (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), que fue aprobado en 1990 por cinco de las seis fracciones parlamentarias (sólo el PRD votó en contra), abrió ciertos espacios por un lado, pero afianzó controles por otro.

Mantuvo la representación mixta y las fórmulas electorales del código anterior, fijando mecanismos para avanzar hacia la cabal proporcionalidad, pero reglamentó “el candado de la gobernabilidad” para ampliarlo con creces, pues no sólo se fijó en un nivel muy bajo (35% en la Cámara de Diputados y 30% en la Asamblea de Representantes), sino que se añadió un premio más (dos curules por cada punto porcentual de votación por encima del 35% y el 30% respectivamente).

El COFIPE conservó el sistema de autocalificación, pero otorgó mayores facultades al Tribunal Federal Electoral para acotar las de los colegios electorales; sin embargo, al igual que como había sucedido con el Tribunal de lo Contencioso Electoral en 1988, las formalidades establecidas en la ley no permitieron una amplia adjudicación de los casos. Las mayores novedades del COFIPE se dieron en la esfera de la organización electoral, que se definió como función estatal y ya no meramente gubernamental (Peschard, 1993: 114).

Esta función recayó en manos de una instancia separada administrativamente de la Secretaría de Gobernación: el Instituto Federal Electoral (IFE), que se conformaría y funcionaría a partir de dos principios encaminados a lograr la imparcialidad en los procesos electorales: los pesos y contrapesos en los órganos de dirección, y la profesionalización en las instancias técnico-operativas. En el caso de los órganos directivos (consejos electorales), se mantuvo la lógica de la representación de los partidos políticos de acuerdo con los niveles anteriores de votación, pero se redujo a un máximo de cuatro plazas, con lo que el PRI dejaría de tener mecánicamente la superioridad absoluta en los consejos electorales. Paralelamente, se introdujo la representación de la oposición entre los consejos del Poder Legislativo (dos por cada Cámara, uno del partido mayoritario y el otro del minoritario con mayor fuerza), y se reservó un espacio para la representación de la ciudadanía (consejos magistrados), entendida como representación al margen de intereses partidarios específicos, es decir, como elemento de equilibrio entre los intereses particulares presentes.

Carlos Salinas de Gortari

El desarrollo de la profesionalización en la vertiente técnica del IFE quedó pendiente para después de las elecciones de 1991, cuyo desarrollo mostró áreas problemáticas de la nueva legislación: un frecuente roce entre las disposiciones jurídicas y su pertinencia política, y una desproporción entre las obligaciones asignadas a los partidos y su debilidad estructural.

Se puede decir que el resultado de la primera experiencia del IFE fue desconsolador. El PRD aseguró que toda la estructura del Instituto Federal Electoral fue puesta al servicio del PRI, mientras que el PAN afirmó que sólo se salvó la actuación de los consejeros de más alto nivel, esto es, quienes se integraron al Consejo General del Instituto.

Los juicios anteriores están influidos, como es obvio, por la experiencia directa de cada partido, pero de esas afirmaciones podemos extraer una conclusión: la forma de designación de los funcionarios del IFE, tanto en los niveles superiores como en los intermedios y de base, contribuyó a recrear los vínculos tradicionales entre la estructura del PRI y la estructura electoral, de forma tal que esta última terminó por ser subordinada y adaptada a las necesidades del priísmo.

Recordemos que prácticamente la totalidad de los consejeros magistrados y de los funcionarios ejecutivos del IFE tenían claros antecedentes de militancia priísta, o procedencia indudable de las altas esferas del poder público (Alcocer, 1991)”. agrega.

REFORMA ELECTORAL DE 1994 Y

 “LÍMITES” A GASTOS DE CAMPAÑA

Asimismo, explica el profesor de la FES Acatlán:

“Después de esa fecha, el PAN continuó insistiendo en buscar una reforma electoral definitiva. El antecedente de la reforma de 1994 comenzó a darse en el año de 1993. Se modificaron el número de escaños y la composición del Senado –habría cuatro legisladores por entidad en lugar de dos–, y se corrigió la sobrerrepresentación, limitando a 135 el número máximo de curules por partido, restricción que implicaba que a partir de entonces ninguno solo podría modificar la Constitución. También se introdujeron normas específicas en materia de financiamiento: se fijaron límites a los gastos de campaña, se establecieron reglas para la administración de los recursos y el patrimonio de los partidos, y se prohibió a éstos recibir aportaciones de entidades gubernamentales, personas, partidos y organismos extranjeros. Se amplió al acceso a los partidos a medios de comunicación con el fin de asegurar mayor equidad; se derogó la autocalificación de las cámaras, es decir, desaparecieron las atribuciones del IFE y de los consejos distritales y locales. Los cambios que se generaron en materia electoral se le pueden atribuir directamente al Partido Acción Nacional (Caballero, 1993: 4-9)

El 24 de enero de 1994, Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Cevallos presentaron un documento titulado “Democracia por la paz”, que subrayaba la preocupación por la parcialidad de las autoridades responsables del proceso electoral, y solicitaba cambios de funcionarios, revisión del padrón electoral, una auditoría externa, acceso a los medios de información y sanciones a quienes utilizaran recursos públicos para apoyar campañas políticas. Este documento fue seguido por otro presentado el 27 de enero en la sesión del IFE, firmado por ocho partidos (el PPS se mantuvo al margen). Con el título “Compromiso para la paz, la democracia y la justicia”, fincaba la solución de los problemas políticos en el desarrollo de un proceso electoral democrático. Fue una manera de asumir responsabilidad en el mantenimiento de la estabilidad política.

Manuel Bartlett Díaz

El acuerdo también fue suscrito por ocho candidatos a la Presidencia de la República: Diego Fernández de Cevallos, Luis Donaldo Colosio, Cecilia Soto, Pablo Emilio Madero, Álvaro Pérez Treviño, Jorge González Torres, Rafael Aguilar Talamantes y Marcela Lombardo.

En consecuencia, fue convocado un periodo extraordinario de sesiones del Congreso para que se legislara con ese único propósito. El resultado fue la modificación del artículo 41 constitucional y del 31 del COFIPE; se introdujeron cambios relativos a los observadores nacionales y extranjeros, se ciudadanizó el Consejo General del ife y se ampliaron las atribuciones de los consejeros ciudadanos, pero los representantes de los partidos perdieron el derecho al voto en el Consejo General, aunque conservaron la voz.

También se creó una fiscalía especial para atender denuncias relativas a los delitos electorales, cuyas sanciones quedaron contempladas en el Código Penal. Estas reformas fueron aprobadas el 23 de marzo de 1994 (Loaeza, 1999: 425).

La amenaza de inestabilidad política convirtió de repente al prd en un actor clave en las negociaciones electorales. Todavía durante el proceso electoral de 1994, el partido del sol azteca pudo sacarle concesiones significativas al régimen. Una de las más importantes fue la transformación del Consejo General del IFE, como ya se había indicado anteriormente. En esencia, los tres partidos acordaron nombrar por consenso una nueva generación de consejeros independientes y darles la mayoría de los votos en el organismo electoral. Al profundizar la ciudadanización del IFE de esa manera, los partidos se alejaron decisivamente del modelo partidista de organización electoral.

Los “nuevos consejeros ciudadanos” asumieron sus cargos a menos de tres meses de la jornada electoral. Pese a su relativa inexperiencia y su relativa debilidad frente al aparato administrativo del Instituto, desplegaron una intensa labor para elevar al máximo la certeza y transparencia del proceso electoral. Con base en ello, la elección federal del 25 de agosto de 1994 constituyó un logro bastante notable, aunque persistieron irregularidades y el PRI volvió a ganar la Presidencia de la República con un margen cómodo (Schedler, 2001: 55-73)”.

Conclusión:

Estas pues, son algunas de las reformas electorales a las que nadie objetó a gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, PRI.