*En twitter de respuesta a El Correo de Oaxaca, HP no aclara los ilícitos cometidos en Comunicación Social
*Un sindicato del crimen, 2004-2010, que “administró” la sangre derramada en Oaxaca; HP, en el secreto
*Magdalena López Rocha, como Coordinadora Académica del IESO, “tramitó” el título de “licenciado” a HP
*La finca “Las Margaritas”, después de ser un yermo o un páramo, se convirtió en una lavadora de dinero
*En Pluma Hidalgo y en San Agustinillo, se preguntan cómo y con qué, esa se convirtió en un verdadero paraíso
*Durante el sexenio de Ulises Ruiz, Oaxaca ocupó segundo lugar nacional en acoso y ataques a la prensa
*En 2009, bancada del PAN, en LX Legislatura federal, propuso un punto de acuerdo para proteger a Carlos Velasco
*En 2014, bancada de MC, en LXII Legislatura Federal, denunció en el Pleno hechos delictivos de HP en Liconsa
*Ese mismo año, diputados federales se presentaron en la PGR para que investigaran a Ramírez-Puga Leyva
*Héctor Pablo sabe cuándo y cómo tomó las decisiones Ulises para reprimir y asesinar en 2006 y 2007
*HP exhorta respetar la normatividad y no promover la corrupción, cuando él es la corrupción personificada
Carlos Velasco M.
HP, UN POLÍTICO, UNA PERSONA,
SIN VALOR Y SIN HONOR…
El “famoso” twitter de Héctor Pablo, no aclaró nada de lo publicado en este espacio, simplemente se limitó a denostar y a mentir.
La semana del 16 al 20 de agosto, resultó bastante interesante en cuanto a las reacciones que se registraron por lo publicado en El Correo 715 (fechas, datos y números) acerca de la corrupción que desde hace tiempo ha sido práctica común, normal diríamos, de Héctor Pablo Ramírez Puga-Leyva, hoy haciendo de las suyas como director general de la Comisión Estatal del Agua, CEA, corrupción que le ha permitido hacer de la finca “Las Margaritas”, un exclusivo hotel boutique (paraíso terrenal) gracias al lavado de miles de millones de pesos de dinero público, revelaron algunos habitantes de Pluma Hidalgo a El Correo de Oaxaca, que por cierto muchos de ellos trabajaron en la remodelación de la finca de marras.
Héctor Pablo, ascendió en la política estatal “gracias” a dos carencias y una “virtud”: el honor, el valor y la traición.
Ha reptado durante toda su vida, acción fielmente aprendida de su papá, ese profesionista fracasado como doctor y “empresario” periodístico venido a menos, llamado Héctor Ramírez Puga.
A la falta de valor y de honor, el hijo del fracasado galeno, también es truculento, pues desde el instante en que propala que es licenciado egresado de la Universidad de Las Américas Campus Puebla, UDLAP y que en esa institución no existe registro alguno de que haya pisado la citada universidad, nos da una idea de que estamos hablando de un farsante pleno.
OTRO DELITO MÁS DEL “HONORABLE” HP;
SU CÓMPLICE, MAGDALENA LÓPEZ ROCHA
El decente, honorable y respetado “licenciado” Héctor Pablo, sí tiene título y cuenta con cédula profesional del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, IESO, pero este documento lo obtuvo a base de una trácala… ¿Raro, no?
Veamos:
Uno).- El número de su cédula profesional es la 10495703, fechada en 2017.
Dos).- El documento lo acredita como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.
La fecha de la cédula profesional, 2017, huele a podrido porque en ese año era titular de Liconsa…Una interrogante ¿cómo hacia para estar estudiando y, al mismo tiempo, haciendo negocios sucios, perdón quisimos decir, administrando Liconsa?… ¿Acaso tendrá el don de la ubicuidad?, es decir estar en dos lugares al mismo tiempo.
Todos estamos ciertos que lo anterior es imposible, por ello dicen que para obtener ese título, tuvo la complicidad de Magdalena López Rocha, quien en ese año fungía como Coordinadora Académica del Instituto de Estudios Supriores de Oaxaca, IESO, y fue quien negoció, tramitó y obtuvo el documento solicitado por Héctor Pablo.
Poco tiempo después, este “favor” fue pagado a través de Alejandro Leyva, tío de HP, quien como titular de la Corporación de Radio y Televisión de Oaxaca, CORTV, la designó en un puesto clave con el cual se sintió bien pagada.
Esto es respetar la normatividad y no promover la corrupción.
UN PARÉNTESIS BREVÍSIMO…
Las nuevas generaciones desconocen el talante del doctor fracasado (unos dicen que no se dejarían poner ni talco por Héctor Ramírez Puga, el doctor timorato ), por ello va una breve historia:
Dicen que como secretario particular del entonces gobernador Manuel Zárate Aquino (1974-1977), abusó de la confianza del mandatario, atreviéndose a hurgar en el escritorio del titular del ejecutivo estatal, pero – ¡ohhh! sorpresa, alguien lo cayó en ese intento de robo o de algo por el estilo–. El ADN de la corrupción no falla.
Cosas curiosas de la vida: Manuel Zárate Aquino, como mandatario de la entidad, ordenó el desalojó violento de numerosos habitantes de Juchitán que estaban en “plantón” y, al mismo tiempo, mandó encarcelar a dos mil juchitecos por ese “delito”, ésta fue una de las muchas razones por las cuales fue acusado de asesino y por la cual fue defenestrado.
Transcurrieron muchos años, hasta llegar al 2006 y 2007, lapso en el que Ulises Ruiz Ortiz, también como gobernador ordenó la fuerza física gubernamental contra maestros de la CNTE y de la APPO… Además, envió a la cárcel, asesinó, persiguió e hizo desaparecer a personas que protestaron por su intolerancia y su pésima administración… En el gobierno ulisista (aquí estriba la curiosidad), fue parte clave de la represión, otro Ramírez-Puga Leyva, en este caso el llamado Héctor Pablo.
ANÁLISIS DE CONTENIDO DE UN
TWITTER AL MERO ESTILO DE HP
Bueno, esta entrega no es para recordar o denunciar estas “pequeñeces” de Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva y su papá.
Esta columna es para precisar la “aclaración” que , vía twitter, nos envió uno de los cinco funcionarios más cercanos al entonces gobernador Ulises Ruiz, quien como su voz cero estuvo o está en el secreto de los asesinatos cometidos en el 2006 y las desapariciones del 2007.
Vamos por partes:
1.- La respuesta de Héctor Pablo, en twitter, fue una buena decisión, pero también me hubiera gustado que lo hubiese dicho de frente, con valor y con honor. Las mismas palabras del twitter hubieran tenido una respuesta razonada y razonable sobre lo que se escribió en El Correo 717.
2).- Dice que mis épocas de influencia y poder ya pasaron… Me pregunto ¿alguna vez tuve influencia y poder?… Me respondo: de haber tenido poder (ambición y avaricia, significado para HP), tuviera los miles de millones de pesos que administra el descendiente del empresario periodístico que también es un fracaso… De haber tenido influencia (ni valor ni honor y doblar la cerviz para quedar bien, significado para HP), todavía fueran tiempos para cometer raterías en la vida pública, si es que me hubiera inclinado por esta práctica delictiva.
3).- Afirma que le envío “correos” para que me asigne obra pública… Pregunto: estos “correos” son vía e-mail, whatsapp, telegramas, cartas o señales de humo… Respondo: porque si se trata de algunos de los anteriores medios, lo exhorto a que los haga públicos de inmediato para confirmar que usted y yo somos un par de farsantes y ladrones, de lo contrario, usted quedará exhibido como lo que es: una persona sin honor, sin valor, traidor y truculento.
4).- Para continuar, le voy a dar una idea, una sugerencia, porque se nota que no tiene dos dedos de frente: si no fue por los medios anteriores hubiera inventado otra cosa… Más o menos que me reuní con usted en Oaxaca, a la que en más de año y medio solamente he estado de visita cuatro días… Le doy más ideas, desconozco dónde está su oficina, pero informe que estuve en ella, rogando y pidiéndole obra pública y que había una, dos o más personas que lo atestiguaron.
5).- Más sugerencias: o que le hablé por celular y como tiene esa costumbrita de grabar a todos los que le llaman (Eviel Pérez dixit), busque en su grabadora, a lo mejor encuentra algo de valor para quedar como una persona y un político impoluto e intachable.
6).- Convencido de sus propias mentiras, argumenta que tengo “empresas”, deduzco que son constructoras, por aquello que le pido obra pública… Lo exhorto a que denuncie cuáles son, dónde están, cuántas son y de ser cierto su argumento se las obsequio, pero como estamos hablando de una falacia, lo reto a que nos informe a cuánto asciende su fortuna, si no es mucho qué pedir y, además, cómo la hizo… ¿Le parece bien?
7).- “Hay una normatividad que cumplir y debemos acatarla. No promueva la corrupción”, me hace notar… Pero viene una necia pregunta ¿alguna vez en su trayectoria de la administración pública ha respetado la normatividad?… Respondo: si en algún momento usted hubiera respetado la normatividad, no estaríamos hablando del mar de la corrupción en la que se ha movido y que ha convertido en modus operandi y modus vivendi… Si usted respetara la normatividad devolvería el inmueble que Manuel Zárate Aquino le entregó, en comodato por 99 años, a ese doctor fracasado. Eso sería respetar la normatividad y combatir la corrupción y con ello demostraría un poquitín de valor, pero más que todo una pizca de honor, dos virtudes que no tiene ¿no cree?.
8).- Usted me pide, me exige, que “no promueva la corrupción”, pero gracias a esa corrupción tiene una serie de propiedades de las que estamos haciendo un recuento y en su momento, daremos a conocer para ratificar lo corruptazo que ha resultado gracias a los consejos de Héctor Ramírez Puga.
9).- Como director de Liconsa, Héctor Pablo, organizó una reunión de delegados nacionales en Huatulco y, al concluir ésta, los invitó a realizar un recorrido por “Las Margaritas”… Todos pensaron que esa finca pertenecía al gobierno del estado por los lujos que hay en ella… Comentan los que asistieron a ese recorrido, que uno que otro pensó en las lavadoras Hoover y en Maestro Limpio, por aquello de lavar y blanquear.
SEXENIO 2004-2010, MARCADO
POR EL SINDICATO DEL CRIMEN
Hay una película mexicana de los años 50 llamada “El sindicato del crimen”, comedia que no tiene desperdicio para los cinéfilos inclinados al humor sano.
Sin embargo, a principios del siglo XXI, en Oaxaca durante 2004, inició un gobierno estatal administrado por un sindicato del crimen. Esto no fue una película y, menos, una comedia, sino que se convirtió en una verdadera tragedia para 4 millones de oaxaqueños.
En el lapso de 6 años, este sindicato, cuyas cabezas visibles eran Ulises Ruiz, Jorge Franco, Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva, Ortega Habib y Eviel Pérez Magaña, entre otros, decidían quienes quiénes vivían y quiénes morían con la represión desatada. Este fue el círculo rojo del líder del sindicato del crimen que “administró” la sangre derramada en Oaxaca del 2004-2010.
Durante el mes de mayo de 2007, esta quinteta, en el war room ó cuarto de guerra, decidió desaparecer a dos eperristas, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Ruiz, Franco, Héctor Pablo, Pérez Magaña y Ortega Habib, insistimos son parte clave en los crímenes cometidos en 2006-2007, así como de la persecución y el violento acoso a periodistas y activistas sociales.
¿60?… ¿70?… ¿80 muertos?… nadie sabe a ciencia cierta cuántos fueros los ejecutados… De las caravanas de la muerte, Héctor Pablo, está enterado de todo, dicen los que saben.
Una cosa es real: el entonces Coordinador General de Comunicación Social y amigo personal de la bestia Ruiz Ortiz, en todo este derramamiento de sangre, fue y es cómplice por omisión o comisión.
EN EL LAPSO 2004-2010, OAXACA FUE SEGUNDO
LUGAR NACIONAL EN ATAQUES A LA PRENSA
Antes de entrar en materia, tenemos que advertir que el sujeto sin honor y sin valor, tiene una manera “precisa” para desmentir hechos contundentes, por ejemplo cuando Benjamín Rojas Bolaños lo denunció por enriquecimiento ilícito y otras trapacerías ante la Procuraduría General de la República, simplemente “argumentó” que se trataba de una “guerra sucia” en su contra por el proceso electoral que estaba en marcha.
Y cuando viajamos a la Ciudad de México, para denunciar en el diario La Jornada y en otras instancias, el acoso, las amenazas y el atentado en contra mía, lacónico y, cínico, argumentó que los ataques de Carlos Velasco en contra del gobierno de Ruiz, se debían a que “Ulises Ruiz no le había dado trabajo en su gobierno”, en Oaxaca, pues “no pasaba nada”, según el entonces voz cero.
Ulises y su sindicato del crimen, gobernó con el miedo, por el miedo y a través del miedo.
Ante ello, los que nos sentíamos perseguidos tomamos precauciones, muchas precauciones, por temor a ser parte de la lista de muertos, pues la bestia se alimentaba de sangre cada día que pasaba en Oaxaca, entidad que se convirtió en un estado del terror.
NOTA DE LA JORNADA, FECHADA
EL 13 DE ENERO DE 2009…
La siguiente, es la denuncia en La Jornada contra Ulises Ruiz:
Desconocidos lanzaron dos bombas molotov contra el domicilio del comunicador
La agresión a periodistas es una política de Estado en Oaxaca: Carlos Velasco
*Es imposible ejercer en la entidad un trabajo independiente, pues el gobierno estatal reprime y persigue
Patricia Muños Ríos/La Jornada
México, D.F., 13 de enero de 2009.- En Oaxaca “se ha hecho imposible el ejercicio del periodismo independiente; se persigue, reprime y se busca acallar a quienes critican el gobierno del priísta Ulises Ruiz Ortiz. Tan sólo el año pasado se registraron oficialmente 42 agresiones contra comunicadores en ese estado, donde se sigue una política represiva sistemática para silenciar a quienes no están de acuerdo con lo que hace su gobierno”.
Carlos Velasco Molina, director del semanario El Correo de Oaxaca, es quien hace tal denuncia, luego de dar pormenores del ataque ocurrido el pasado viernes 9 de enero, cuando desconocidos lanzaron dos bombas molotov contra su domicilio, ubicado en San Agustín Etla, en ese estado.
Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en la comisión de atentados contra la prensa libre, según advierte el comunicador, y señala que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por el acoso que ha sufrido por parte del gobierno de Oaxaca; sin embargo, también asegura que la publicación del periódico que dirige va a continuar. “No cerrará, ya que obviamente los ataques perpetrados tienen la finalidad de acallar la crítica que hace este medio al gobierno estatal.”
Apuntó también que desde hace un año presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la persecución política que emprendió el gobierno oaxaqueño en su contra y acusó desde ese entonces al gobernador; al dirigente estatal del PRI, Jorge Franco, y el vocero del estado, Héctor Pablo Ramírez, e inclusive los hizo responsables de lo que le pudiera ocurrir, porque temía que en cualquier momento el acoso llegara a la violencia física, como sucedió el viernes pasado.
Hace mes y medio recibió la respuesta de la CNDH y de PGR, en la que se le señaló que el caso se regresaba a Oaxaca porque los hechos correspondían al ámbito estatal. Por ello, Velasco Molina considera que las bombas molotov lanzadas contra su domicilio son un “mensaje” para acallarlo.
El periodista apuntó que para el gobierno de Ulises Ruiz es enemigo todo aquel que lo critica. Su visión es: “estás conmigo o contra mí”, por lo que la práctica del periodismo independiente se ha tornado imposible en ese estado y concretamente contra El Correo se han realizado acciones para someterlo.
Sin acusar directamente a nadie, dijo que recibió información según la cual los responsables del ataque fueron dos personas que pertenecen al grupo de ayudantes o de seguridad del presidente del PRI estatal, Jorge Franco Vargas, “quien inclusive es el responsable de la operación de un equipo de intercepción de llamadas que se compró en Israel por 600 mil dólares y eso está comprobado”.
También sostuvo que luego de la denuncia presentada por los ataques del viernes pasado se quisieron hacer dos peritajes y dos inspecciones a su domicilio, lo cual es irregular, por lo que sospecha que se pretende sembrar algo o alterar la escena. Por ello se presentó ante la Fiscalía de Agravios contra Periodistas de la PGR para exigir un peritaje federal imparcial.
Agregó que hay varios periodistas que también enfrentan persecución: Pedro Matías, corresponsal de la revista Proceso y reportero del periódico Noticias, quien fue levantado, o Misael Sánchez, reportero de El Tiempo, a quien balearon cuando llegaba a su casa.
Está también el levantón contra la esposa del director del semanario Contra Poder o la persecución del director de la Organización Radiofónica de Oaxaca, Humberto Cruz.
“Es una política de Estado”, afirmó.
APOYO DE LA ORGANIZACIÓN
“REPORTEROS SIN FRONTERAS”
El mismo 13 de enero, el apoyo también fue de la organización Reporteros sin Fronteras. El documento habla por sí solo:
Atentado al domicilio del director de un semanario en Oaxaca
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(RSF/IFEX) 13 de enero 2009. – Reporteros sin Fronteras condena el atentado, cometido en la noche del 9 de enero de 2009, contra el domicilio de Carlos Velasco Molina, director del semanario «El Correo de Oaxaca», en la capital del Estado de Oaxaca (Sudoeste). Lanzaron dos cócteles Molotov a la casa provocando un principio de incendio. Afortunadamente, el atentado no causó víctimas porque hace ya varias semanas que Carlos Velasco Molina se había llevado a su familia a vivir a otro sitio.
Portavoz en otros tiempos del antiguo gobernador del Estado de Oaxaca, José Murat, el periodista acusó en la prensa al sucesor del político, Ulises Ruiz Ortiz, y a su director de comunicación, Héctor Pablo Ramírez, y solicitó una investigación federal.
Según Carlos Velasco Molina, los dos últimos números de «El Correo de Oaxaca», que incluían artículos relativos a la gestión del gobierno del Estado, serían la causa del ataque. Héctor Pablo Ramírez le contestó, también en la prensa, diciendo que sospecha que podría tratarse de un «autoatentado» (refiriéndose sarcásticamente al atentado en contra del entonces gobernador, José Murat), tramado por el propio Carlos Velasco Molina.
PUNTO DE ACUERDO EN EL CONGRESO FEDERAL
PARA PROTEGERNOS DE CRIMINALES
Fue el 17 de febrero de 2009, cuando nuestra denuncia llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde la bancada del Partido Acción Nacional (pues los priistas comían de la mano de la bestia Ruiz Ortiz), por medio del diputado tabasqueño, Gerardo Priego Tapia, propuso un punto de acuerdo el cual fue aprobado para exigir todo en cuanto a mí seguridad correspondía:
Este es el documento expuesto ante el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura:
“CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ATRAER MEDIANTE LA PGR, POR CONDUCTO DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS, LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL COMUNICADOR CARLOS JAVIER VELAZCO MOLINA TRAS LAS AGRESIONES SUFRIDAS EN OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La libertad de expresión es uno de los derechos humanos que después de un arduo proceso de lucha ha sido consagrado en nuestra Carta Magna, por lo cual es deber de las instituciones del Estado vigilar su cabal cumplimiento.
Este derecho ha sido reconocido y suscrito por México, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Es por ello que la defensoría de la libertad de expresión se convierte es un asunto de Estado.
El Poder Legislativo, como una de las instituciones del Estado mexicano más cercanas a su población, debe sensibilizarse y dar voz a los reclamos de ésta con el fin de que encuentren pronta respuesta.
Es por ello que en mi calidad de presidente de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, es mi deber dar voz a las demandas de este gremio, tan embestido recientemente.
El estado de Oaxaca ha sido escenario de numerosas agresiones a periodistas en los últimos años, lamentablemente no todas ellas han alcanzado los medios nacionales, de hecho, algunas no han sido denunciadas ante autoridad judicial alguna.
En días recientes acudió a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación el licenciado Carlos Javier Velazco Molina, habitante de San Agustín Etla, Oaxaca, y periodista de profesión, quien sufrió un atentado en su propiedad el pasado 9 de enero, día en el que incendiaron su casa con tres bombas tipo molotov.
El licenciado Velazco levantó la querella judicial ante el Ministerio Público del distrito correspondiente, iniciándose la averiguación previa número 29 (I) / 2009, derivada de la cual corrieron los trámites pertinentes a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Es preciso mencionar que según se asentó en la declaración del licenciado Velazco, señala como probables responsables a Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador del estado de Oaxaca; Jorge Franco Vargas, presidente del PRI estatal; Héctor Pablo Ramírez Puga, en ese entonces coordinador General de Comunicación Social del estado; y Argeo Aquino Santiago, presidente municipal de Santa Cruz Xoxotlan, Oaxaca.
En este sentido, el denunciante ha detectado algunas irregularidades, puesto que la instancia investigadora es la Procuraduría del estado, de alguna manera se convierte en juez y parte en un proceso que dada su gravedad requiere de toda la atención de instancias judiciales como la propia Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
Como se mencionó, no es la primer agresión a un ciudadano que ejerce el periodismo en el estado de Oaxaca, el licenciado Velazco se une a una larga lista de periodistas que han sufrido diversos atropellos a sus derechos humanos y agresiones en tiempos recientes.
Debido a los argumentos anteriormente referidos y colaborando al cumplimiento de nuestra Constitución Política, desde la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, damos voz al ciudadano Carlos Javier Velazco Molina y pedimos la intervención de la Procuraduría General de la República, mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, a fin de llevar a cabo las investigaciones de tan lamentable atentado a la libertad de expresión.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a ejercer a través de la Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, su facultad de atracción respecto de la denuncia del Periodista Carlos Javier Velazco Molina, con el fin de que se realicen las investigaciones pertinentes e identificar a los responsables de las agresiones perpetradas en su contra.
Segundo. Se exhorta a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y al gobierno del estado a que vigilen el desarrollo de las investigaciones del presente caso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009. Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica).
ACABÓ LA ESTAFA MAESTRA Y ROSARIO ROBLES
DESDE HACE TIEMPO ESTÁ EN LA CÁRCEL…
Todos recordamos la frase del entonces Presidente Peña Nieto: “No te preocupes, Rosario”, esta era la respuesta presidencial o la protección por decreto para la otrora secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien durante casi todo el sexenio de EPN, una y otra vez, era acusada de desvíos de recursos financieros con fines electorales.
Al final, estas acusaciones, en abril de 2013, se convirtieron en otro de los muchos escándalos de corrupción del peñanietismo conocido como “la estafa maestra”, en la que se desviaron más de 5 mil millones de pesos (263 millones de dólares de ese tiempo).
Leche Industrializada Conasupo, Liconsa, dependía de la Secretaría de Desarrollo Social y, en consecuencia, Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva, como director de esa institución, era “víctima” de su jefa y accedía a todos sus deseos y peticiones, es decir, “respetaba la normatividad para no promover la corrupción” (HP dixit).
En otras palabras, aquí hay otra complicidad por omisión o comisión. Pero veamos lo ocurrido el 6 de noviembre de 2014, días en los que el tema de la “estafa maestra” estaba tomando presión. Fue en el Pleno de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, donde exhibieron de corrupto, una vez más, a Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva.
DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA
DENUNCIAN A HÉCTOR PABLO ANTE PGR
Ese 14 de noviembre de 2014, Ricardo García Berdeja, diputado federal por Movimiento Ciudadano (hoy subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Cuarta Transformación), hizo la siguiente denuncia ante el pleno en el Palacio Legislativo de San Lázaro:
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEDESOL, LA SFP Y LA PGR A INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR A LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN UN POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL CONTRA LICONSA, SA DE CV , SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
Ricardo Mejía Berdeja, diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El Programa de Abasto Social de Leche inició en 1944 con la inauguración de la primera lechería de la empresa pública Nacional Distribuidora y Reguladora, SA de CV (Nadarse). Por disposición del gobierno federal en 1961 se constituyó la Compañía Rehidratadora de Leche CEIMSA, SA; en 1963 esta empresa cambió su denominación por la de Compañía Rehidratadora de Leche Conasupo, SA. Posteriormente, en 1972, se modificó su razón social para quedar como Leche Industrializada Conasupo, SA de CV.
A partir de 1994, el programa se resectorizó, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la Secretaría de Desarrollo Social. Ese cambio determinó su desincorporación como filial del Sistema Conasupo, y por tanto, la sustitución de su razón social a la actual Liconsa, SA de CV.
Desde el inicio de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto hemos señalado la falta de compromiso por parte del gobierno que encabeza, con realmente atacar el problema de corrupción que día a día lacera a la sociedad y que es cometida por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
Derivado de esta situación, los hechos de corrupción de los cuales hemos tenido conocimiento en el ejercicio de nuestra de función como representantes populares, han sido denunciados desde la más alta tribuna de esta soberanía, incluso también hemos llegado a hacerlo ante la Procuraduría General de la República.
En ese sentido, no es menor recordar para el caso de la empresa Liconsa SA de CV y su programa de abasto de leche, como parte de la tan afamada por el gobierno federal Cruzada Nacional contra el Hambre, se hicieron de conocimiento público hechos cometidos por el director de esta empresa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, mismos que consideramos podrían ser tipificados, ante el Ministerio Público, como delitos, y que fueron denunciados por diputados federales en abril pasado ante la Procuraduría General de la República (PGR) y que se investigan bajo la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/SP/M-VI/060/2014 .
Ahora bien, no obstante ello, hemos tenido conocimiento de nuevos actos de corrupción que se han suscitado en dicha dependencia, en específico en la gerencia del Programa de Abasto de Leche en el estado de Guanajuato, derivado de la revisión de los estados financieros de los meses marzo, abril, mayo, junio y julio del año en curso, y en los cuales se detectaron faltantes físicos de producto, que se presume nunca llegaron a los centros de acopio de esta entidad, sin embargo sí se registraron en los libros e informes contables causando daño patrimonial por el orden de quince millones de pesos.
Este desfalco, que fue denunciado en su momento por el gerente de este programa en el estado, el licenciado Benjamín Francisco Rojas Bolaños, ante la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado de Guanajuato, el 18 de agosto del año en curso radicada bajo la averiguación PASGTO/SAF/JJDR/082/2014 , por un primer desfalco en un centro de acopio por casi once millones de pesos, que a su vez originó la destitución de dos funcionarios de la gerencia y que de manera extraña fueron reinstalados por órdenes de oficinas centrales, mientras que el titular del Programa de Abasto de Leche en el estado de Guanajuato fue destituido de su encargo por denunciar el desfalco y una posible red de corrupción en la institución.
Cabe mencionar que derivado de esta acción por parte de la dirección general de Liconsa, el funcionario destituido quedó en la imposibilidad de presentar más denuncias penales por diversos daños patrimoniales detectados en otros centros de acopio de leche del estado de Guanajuato.
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Rosario Robles Berlanga, así como también al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, licenciado Julián Alfonso Ugalde Olivas y al procurador general de la República, licenciado Jesús Murillo Karam, para que en el ámbito de sus respectivas competencias investiguen y, en su caso, se sancionen a los funcionarios involucrados en un posible daño patrimonial millonario en perjuicio de la empresa Liconsa, SA de CV.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2014. Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
LA DENUNCIA DE BENJAMÍN ROJAS BOLAÑOS
POR COMPRAS FRAUDULENTAS DE LECHE
Fechada el 9 de marzo de 2018, cuando era candidato al senado por la coalición PAN-PRD-MC, empezaron a aflorar todos los delitos cometidos por el hijo de su papá.
A).- Benjamín Rojas Bolaños, ex encargado del Programa de Abasto Social de Liconsa en Guanajuato, denunció que Ramírez-Puga Leyva, compró ilegalmente lácteo por más de 15 millones de pesos.
B).- La averiguación previa PGR/GTO/SAL-I/2656/2014, además contiene una presunta red de corrupción y se denuncian irregularidades en los estados financieros de los centros de trabajo y de acopio en Guanajuato.
C).- Rojas Bolaños, en su querella, estableció que David Gómez Llanillo, uno de los proveedores de Liconsa en esa entidad, incrementó en menos de tres meses el monto de sus ventas a la empresa, pasando de facturar un promedio mensual de 24 mil pesos en 2013, a alcanzar ventas por más de 2 millones en marzo de 2014.
D).-En enero de ese año, dice la denuncia, las ventas aumentaron cuando dicho productor, quien facturaba bajo el nombre de Asociación Ganadera Local de San Miguel Allende (AGLSMA), facturó 450 mil pesos sólo por las ventas de dos semanas. Al siguiente mes, en febrero, facturó un millón 500 mil pesos. Para marzo las ventas lcanzaron más de 2 millones 600 mil pesos.
E).- Los irregulares, explica la denuncia, se dieron por la reventa de leche, la cual era comprada a bajo precio a productores y revendida a Liconsa, que paga un precio fijo por la leche.
“Cuando el precio es bajo, un ‘productor’ adquiere leche a bajo precio, a 3.50 pesos, por ejemplo, y la revende a Liconsa a 6.20 pesos, lo que le genera grandes utilidades, cuando ese no es el objetivo del Programa de Adquisición de Leche Nacional. Para hacerlo debe estar de acuerdo con los responsables del Centro de Acopio respectivo”, asegura
José Herrera Galván, otro productor acusado de malas prácticas, es José Herrera Galván, a quien se dio de alta en el Registro Nacional de Productores de Leche y durante siete semanas vendió a Liconsa montos de 600 mil pesos.
Los irregulares, explica la denuncia, se dieron por la reventa de leche, la cual era comprada a bajo precio a productores y revendida a Liconsa, que paga un precio fijo por la leche.
“Cuando el precio es bajo, un ‘productor’ adquiere leche a bajo precio, a 3.50 pesos, por ejemplo, y la revende a Liconsa a 6.20 pesos, lo que le genera grandes utilidades, cuando ese no es el objetivo del Programa de Adquisición de Leche Nacional. Para hacerlo debe estar de acuerdo con los responsables del Centro de Acopio respectivo”, asegura.
Faltantes. Además de estas irregularidades, la denuncia asegura que se detectó que en los centros de acopio había faltantes del inventario físico por un millón 785 mil 669 litros, lo que originó una acta administrativa el 15 de agosto de 2014, contra Armando Sixtos Ramírez, jefe de Centro de Acopio, y Edgar Escalante, coordinador de Centros de Acopio.
HASTA EL 2018, LA DENUNCIA DE ROJAS
BOLAÑOS ESTABA VIGENTE…
Ocurrió el 6 de abril de 2018.
Los abogados del denunciante, Benjamín Rojas Bolaños, quien interpuso la demanda en contra del ex director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, actual candidato a Senador por el “Frente Por México”, de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, informaron:
La denuncia penal presentada en la Procuraduría General de la República (PGR), además de la Secretaría de la Función Pública, sigue vigente y de confirmarse los hechos de corrupción, se podrían liberar las órdenes de aprehensión en contra de quienes corresponda.
De acuerdo con la Averiguación Previa PGR/GTO/SAL-I/2656/2014, el monto del probable fraude es superior a los 15 millones de pesos, resultado de revisiones contables aplicadas desde el año 2014.
Asímismo, el equipo jurídico consideró que se preparan otras denuncias penales, pues en los cinco años que fungió Ramírez Puga como titular de Liconsa, se registraron una serie de irregularidades, que también son revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Benjamín Rojas Bolaños, en marzo pasado, se presentó en la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), en la ciudad de México, donde ratificó la denuncia.
Su equipo de abogados, informaron que tienen plena confianza en la PGR para que en un tiempo perentorio se tengan resultados de la denuncia interpuesta por los delitos de consumo y explotación de las riquezas nacionales, ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, discriminación, intimidación, peculado, tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento.
Manifestaron que las acusaciones están sustentadas en documentos y debidamente acreditadas, por lo cual confían en que se aplique la justicia en México.
Subrayaron que la demanda no tiene que ver en absoluto con la campaña electoral del actual candidato al Senado por el PAN-PRD-MC, sino que es una denuncia que viene de años atrás, 2014, y que de manera inexplicable algunas instituciones públicas habían omitido.
También se acusa a Jorge Ramírez Castañeda, Reynaldo Hernández Cuevas y Martín del Castillo Toledo, como encubridores y cómplices de los delitos en Liconsa.