Arturo Cano / La Jornada
Ciudad de México. La justicia de la República Dominicana pondrá “a disposición de las autoridades mexicanas los graves hallazgos” sobre la participación de Alejandra Lagunes, senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y estratega digital de Enrique Peña Nieto, en un entramado de corrupción que tiene preso a Jean Alain Rodríguez Sánchez, ex procurador general de ese país, acusado de liderar una “compleja red criminal”.
Lagunes y los colaboradores de su empresa, DGI Consultoría Estratégica, que en la investigación judicial son llamados “mexicanos o tequilas”, fueron contratados por Rodríguez Sánchez para manejar su estrategia de redes sociales, incluyendo ataques contra detractores, pues el ex procurador buscaba ser candidato a la presidencia en 2020.
El expediente oficial de la Operación Medusa, como se conoce el caso en la nación caribeña establece: “El Ministerio Público tiene pruebas de pagos millonarios en dólares realizados mediante operaciones de pitufeo a la hoy senadora Lagunes, a quien esta investigación ha dejado fuera de las imputaciones por evidentes razones procesales, pero usará los canales oficiales de cooperación jurídica internacional, para poner a disposición de las autoridades mexicanas los graves hallazgos que se encuentran bajo la custodia del Ministerio Público dominicano: ¡si el crimen no tiene frontera tampoco la debe tener la justicia!”
Jean Alain Rodríguez fue procurador general entre 2016 y 2020, y aspiraba a ser candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch. Fue detenido a fines de junio de 2021 por montar una “compleja red criminal” que defraudó 103.4 millones de dólares.
Para “sus aspiraciones políticas, creó un ambicioso equipo de publicidad, propaganda, ataques, defensas y promoción de su imagen que revelan la magnitud del entramado”, equipo en que Lagunes fue clave.
La investigación, a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, se tradujo en un expediente de 12 mil 275 páginas. En el expediente de la Operación Medusa aparecen 41 personas y 22 empresas; las pesquisas incluyen a 400 testigos y 3 mil 500 elementos de prueba. El nombre de Lagunes aparece 25 veces.
La fama de Peña Nieto, en tanto “telecandidato”, trascendió fronteras. Siendo procurador, Rodríguez Sánchez viajó a México, en octubre de 2018, para reunirse con Lagunes y contratar a su empresa. Colaboradores suyos habían viajado con ese fin en febrero y mayo de ese año.
El equipo de Rodríguez estaba integrado por funcionarios de la procuraduría y por “los asesores españoles, los mexicanos o tequilas, contratados de manera ilícita y en una operación típica de lavado de activos, liderado por la hoy senadora mexicana Alejandra Lagunes”. Participaba otro equipo desde Ecuador y “algunas publicitarias locales”.
Siempre según el expediente judicial, la firma de Lagunes se instaló en un inmueble rentado por un contratista de la procuraduría, a su equipo “se le asignó un bien incautado para vivir y se les pagó con fondos públicos más de 2 millones de dólares”.
El expediente indica que Jean Rodríguez “usó mecanismo de pitufeo para lavar activos (en pequeñas cantidades) y su influencia para que Lagunes y su equipo “utilizaran el salón de Embajadores del Aeropuerto Internacional de las Américas”.
¿De dónde provenían los recursos pagados a los tequilas? Parte era dinero que regresaban empleados de la procuraduría, mismo que habían recibido “para labores ficticias o servicios no prestados”, así como de sobornos de contratistas, facturas falsas y transferencias de proveedores de la procuraduría.
En el documento se considera “evidente que estamos ante una operación internacional entre dos personas políticamente expuestas… quienes inobservaron las disposiciones de la Ley de Lavado de Activos de Dominicana”.
“Toda esta maquinaria costó millones de pesos al Estado dominicano y lo más grave, vergonzoso y lamentable es que se haya hecho desde la institución que tiene la obligación constitucional de ser garante del estado de derecho y de promover una cultura de respeto a la ley”, dice la investigación.
En México, Lagunes fue señalada como la creadora de los peñabots. En Dominicana usó la misma táctica, según el documento oficial: “Desde la granja de bots se crearon 18 mil cuentas falsas para inducir tendencias, atacar a personalidades que ejercen su derecho a la libre expresión, así como defensa en torno a la figura del acusado Jean Rodríguez”.
Lagunes y colaboradores hicieron una “lista de los detractores”, que incluía a periodistas, líderes de opinión e influencers, a quienes “se les montaba vigilancia, campo de ataque, acoso en redes sociales y difamación”. El trabajo de los mexicanos incluía el análisis demográfico digital… y una “estrategia de defensa y ataques, en especial cuando los comentarios (en redes sociales) no eran del agrado del ex procurador”.
Para ocultar al beneficiario final, el contrato fue firmado por el mexicano Ricardo Fernández Audiffred, “quien representaría a la senadora Alejandra Lagunes y la empresa DGI Consultoría Estratégica SA de CV, y por Carlos Rodríguez Sánchez, hermano del procurador, el 2 de octubre de 2018. El mismo fue pagado “con dinero sustraído de la PGR y producto del esquema de soborno, chantaje y extorsión sin precedente que estableció” el entonces procurador.
El expediente cita a colaboradores de Lagunes que recibieron pagos con recursos públicos pese a que “nunca realizaron trabajos para la PGR, sino “un servicio particular y personal en comunicación digital para redes sociales a la figura de Jean Alain Rodríguez Sánchez”. Los mencionados son, además de la senadora, Salvador Cacho, Abril Vásquez Rojas, Sergio Solache, Paloma Alejandra Franco López, Daniel Pineda Ibarra, José Antonio Quiñones Vázquez, Sergio Manuel Solache Vázquez, Jorge Luis Días González, Yamil Gustavo Nares, Daniel Pineda Ibarra, Arturo Guillermo Ocana, José Antonio Galicia, Silvia Zafra y Aldo Hiram Campuzano Rivera.
Parte de los pagos de la “estructura criminal” fue realizada mediante entregas en efectivo “que no superaban 10 mil dólares” y mediante tres transferencias internacionales por poco más de 109 mil dólares que en México recibió Vector Casa de Bolsa y “que luego era acreditado a las cuentas de corretaje de los asesores mexicanos”. Las autoridades describen una “operación típica del lavado de activos entre dos personas políticamente expuestas, utilizando terceros” y señalan directamente a Lagunes como parte del entramado de corrupción. Así, obtuvo 125 mil dólares al mes que, con excepción del último pago, siempre fueron entregados en efectivo “en un acuerdo criminal con el entonces procurador”.
Lagunes, esposa del ex secretario del Medio Ambiente Rafael Pacchiano, cobró notoriedad tras su paso de Televisa a la campaña que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto. En 2018, se convirtió en una de las estrategas principales del candidato José Antonio Meade. En ese año comenzó a colaborar con el procurador dominicano.