Érika Ramírez/Viridiana García
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) –hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)– envió a 15 agroproductores al mundial de futbol Rusia 2018 bajo pretexto de llevar a cabo una “investigación de mercado”, revela el Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el marco de la celebración de la copa mundial, la dependencia –entonces encabezada por el priísta Baltazar Hinojosa Ochoa– gastó 6 millones 750 mil pesos en la actividad “Probadita de México Rusia 2018”, del miércoles 13 de junio al sábado 7 de julio de 2018.
La auditoría 2018-5-08F00-19-0331-2019 indica que los recursos fueron entregados bajo el incentivo: “Misiones prospectivas dentro y fuera de México”. Este contempló el viaje a Moscú de 15 productores mexicanos integrantes de la asociación civil México Calidad Suprema, “con la finalidad de que establecieran relaciones comerciales con potenciales compradores rusos y de otras nacionalidades”.
No obstante, el máximo órgano de fiscalización del país dictaminó el pasado 14 de octubre de 2019 que “no se presentó evidencia documental que sustentara el criterio de selección de los productores que viajaron a ese país para participar en las actividades, ni la información que permitiera verificar los beneficios comerciales obtenidos por éstos”.
En mayo de 2018, Contralínea documentó la entrega de más de 93 millones de pesos a la asociación México Calidad Suprema para la promoción y realización de una carrera deportiva simultánea, de cinco kilómetros, en 15 estados del país; sin que tampoco hubiera justificación para la entrega de los recursos millonarios (https://bit.ly/2O4nQtl).
La organización estaba encabezada por Juan Alberto Laborín Gómez, uno de los empresarios que acompañaba al entonces presidente Enrique Peña Nieto a eventos comerciales de gran importancia. En enero de 2016 fue parte del pool de invitados especiales que llegaron a Medio Oriente para acompañar al primer mandatario en su gira por países árabes.
FISCALÍA ANTI-CORRUPCIÓN, CON FALLAS ESTRUCTURALES DESDE SU CREACIÓN
En el nuevo paradigma del Sistema Nacional Anticorrupción, los funcionarios encargados de la investigación penal no están haciendo frente a su tarea, aseguró el maestro en derecho Gabriel García Vargas. Agregó que la forma en cómo está operando la Fiscalía Especial Anticorrupción está mal y deben arreglarlo antes de que ocurra una situación irreversible.
Al presentar el libro El Sistema Nacional Anticorrupción, detalló que entre las inconsistencias destaca que no se nombró a la titular sino hasta marzo de este año, y que varias de las atribuciones de la reforma constitucional establecidas desde la Procuraduría General de la República (PGR) no han entrado en vigor.
El abogado Gabriel García expuso que en las reformas constitucionales en materia anticorrupción –publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015– se obligaba a la PGR (hoy Fiscalía General de la República) a crear o instaurar la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Al respecto, indicó que los autores del libro encontraron que entre 2004 y 2014 la PGR había emitido acuerdos para su creación. El problema, explicó García Vargas, fue que “las reformas en materia penal tienen un artículo primero transitorio que dice que el decreto entrará en vigor a partir del nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada, que el Senado de la República realizara en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción; sin embargo, desapareció la PGR y entró en su lugar la FGR, y el Senado seguía sin nombrar un fiscal anticorrupción”.
Al respecto, remarcó que a 1 mes de que María de la Luz Mijangos Borja fuera nombrada fiscal Anticorrupción, en abril de 2019 se modificó el artículo 19 de la reforma constitucional a fin de incrementar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva, lo que involucra dos nuevos delitos en materia de hechos de corrupción: el ejercicio indebido de funciones y el enriquecimiento ilícito.
Pero “encontramos en el análisis que ninguna de las atribuciones ha entrado en vigor porque toda la normativa que hizo la PGR se revocó con la nueva entrada de la FGR, y esto ha tenido gran trascendencia, entonces ¿cómo está trabajando realmente esta Fiscalía?”
Además, agregó que en la reforma constitucional, que incluye las leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, no se creó ninguna ley en específico que hable de la materia penal, de la responsabilidad penal ni del proceso penal, y añadió: “esta reforma data ya de varios años y está apenas terminando de implementarse cuando se hizo la reforma del nuevo sistema procesal acusatorio, entonces no tiene caso hacer nuevas reformas en algo que apenas a mediados de 2016 se implementó de manera total en el país”.
Asimismo, el abogado destacó que el 10 de junio de 2019, en el coloquio “Existe el delito de corrupción”, la fiscal Mijangos Borja se quejó de la carga de trabajo, al asegurar que la Fiscalía contaba con más de 400 expedientes. Según García Vargas, Mijangos Borja declaró: “estoy viendo la manera de que modifiquen la ley para que sólo nos pasen asuntos importantes”.
Por ello el abogado criticó: “no sé de qué tamaño están los expedientes para que esta Fiscalía Especializada, con todo el personal que tiene, 400 expedientes se le haga una carga de trabajo imposible”.