Algunas entidades de la República realizaron cambios para mejorar.
¿Alcanzará la justicia a gobernadores señalados como corruptos?
Eduardo Ruiz-Healy
El Banco Mundial publicó hace algunos días su reporte Doing Business en México 2016 – Midiendo la calidad y la eficiencia de la regulación, el cual “analiza las regulaciones comerciales desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa”.
En su capítulo intitulado Visión general, el reporte anota:
“La sexta edición de Doing Business en México actualiza los datos presentados en 2014 para 4 indicadores en los 32 estados: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento
de contratos.
“Este año, los indicadores de obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos incorporan nuevos componentes diseñados para medir la calidad de la regulación y de los servicios prestados.
“Por primera vez, el reporte incluye una investigación piloto enfocada en el proceso de conexión de un negocio a las redes de agua y drenaje en 16 municipios.
ENTIDADES QUE ESTÁN A LA CABEZA
“En las 4 áreas medidas, es más fácil hacer negocios en Aguascalientes Estado de México y Colima. Estos 3 estados, junto con Puebla, Sinaloa, Guanajuato y Durango, muestran un desempeño superior al de la media de los países de altos ingresos de la OCDE.
“Puebla, Jalisco y Estado de México fueron las entidades que más avanzaron hacia las mejores prácticas internacionales. Todos los estados han reformado en al menos un área, 5 lo han hecho en al menos 3 áreas y Puebla lo ha hecho en todas las áreas. Las últimas 4 ediciones del reporte acumulan 238 reformas desde 2009.
“Ninguna entidad clasifica en todas las áreas entre los 9 primeros puestos y, además, 29 de los 32 estados tienen al menos un indicador por encima de la distancia a la frontera promedio de México”.
Aguascalientes aparece en el primer lugar de la lista, es decir que hacer negocios en este estado es más fácil que en los otros 31. Y no es casualidad que ocupe tal posición, en el Doing Business 2009 también se colocó en el mismo lugar, bajando al segundo en el Doing Business 2012.
GOBERNADORES DEBEN EMULAR ESTE EJEMPLO
El caso del Estado de México, que en la edición 2016 de Doing Business ocupa el segundo lugar, es digno de análisis. En la edición 2009 estaba en la vigesimosegunda posición y en la decimoctava en el reporte correspondiente a 2012. Los cambios realizados en esa entidad por el gobernador priista Eruviel Ávila Villegas deberían ser estudiados y emulados por sus colegas con el fin de que sus estados también se vuelvan más amables para quienes quieran y puedan arrancar negocios.
Colima aparece en el tercer lugar de la lista este año, habiendo estado en el primero en 2012 y el sexto en 2009.
Lo hecho en Aguascalientes y Colima también debe ser analizado por los demás gobernadores del país.
Puebla, como el Estado de México, ha avanzado de manera impresionante en lo que a la facilidad para hacer negocios se refiere. En Doing Business 2016 aparece en el cuarto lugar, muy por encima del 25 en que apareció en 2012 y del 16 en 2009. El gobernador panista Rafael Moreno Valle también le podría dar buenos consejos a la mayoría de sus colegas.
Los cinco estados en donde es más difícil hacer negocios en el reporte de este año son, en orden ascendente: Baja California Sur (lugar 28), Baja California (29), Guerrero (30), Ciudad de México (31) y Oaxaca (32).
Cuando los partidos políticos elijan a sus próximos candidatos a la presidencia de México, harían bien en considerar a sus gobernadores que mejor han trabajado para llevar inversiones y empleos a sus estados y al país.
SE DICE, SE COMENTA Y SE RUMORA…
Nos guste o no, en México la justicia no se aplica ciegamente cuando es política o económicamente poderoso aquel que es sujeto a un proceso judicial. En este tipo de caso, como ocurre en mucho otros países, la justicia se negocia con el fin de que el poderoso, si es declarado culpable de haber cometido algún delito, reciba la pena más leve.
Se dice, se comenta y se rumora que desde hace varias semanas los dirigentes del PAN, PRD y PRI negocian con representantes del gobierno federal la forma en que la justicia se aplicará en los casos de los aún gobernadores priístas de Quintana Roo (Roberto Borge) y Veracruz (Javier Duarte), del ex gobernador panista de Sonora (Guillermo Padrés) y del gobernador electo panperredista de Veracruz (Miguel Ángel Yunes).
De los primeros cuatro se dice, se comenta y se rumora que son unos pillos que no solo endeudaron groseramente a sus estados sino que aprovechándose de sus cargos hicieron negocios ilícitos que los convirtieron en hombres muy, pero muy ricos. Del quinto de ellos, desde hace tiempo se ha dicho que al abrigo del poder se convirtió desde hace ya mucho tiempo en multimillonario en dólares.
También se dice, se comenta y se rumora que Roberto Borge, quien dejará de ser gobernador el domingo entrante, podría ser detenido ese mismo día por agentes del a Policía Federal Ministerial y presentado ante un juez para declarar en calidad de indiciado en torno a diversas acusaciones en su contra, entre ellas la de desvío de recursos públicos.
Y, como todo se negocia, el arresto de Borge podría llevarse a cabo horas antes de la aprehensión de Guillermo Padrés, quien ha sido acusado de cometer innumerables ilícitos durante su gobierno, sexenio en que aparentemente se sirvió con la cuchara grande.
O sea, PAN y PRI-Gobierno negociarían como aplicar la justicia a un priista y a un panista.
Pero, aparentemente, la cosa no quedaría ahí, ya que se dice, se comenta y se rumora que el 30 de noviembre venidero, día en que concluye el sexenio del veracruzano Javier Duarte, las autoridades judiciales actuarían tanto en contra del gobernador saliente como del entrante, Miguel Ángel Yunes. La aprehensión del segundo obedecería a una orden de aprehensión girada por un juez antes de que asumiera el cargo y adquiriera el fuero protector que los políticos mexicanos inventaron para protegerse de la ley. El arresto del primero sería apenas concluyera su mandato constitucional.
De suceder lo anterior, se seguiría lo que señala el Artículo 46 de la Constitución del Estado de Veracruz: “Si al iniciar el período constitucional no se presentare el Gobernador electo o la elección no estuviere hecha o declarada válida, cesará en sus funciones el Gobernador cuyo período haya concluido, encargándose desde luego del Poder Ejecutivo; en calidad de Gobernador interino, a quien designe el Congreso, y éste convocará de inmediato a elecciones extraordinarias, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor de doce meses a partir del inicio del período constitucional”.
O sea, como en los casos de Borge y Padrés, en Veracruz el PAN-PRD y el PRI-Gobierno negociarían como aplicar la justicia a un priista y a un panista.
De resultar cierto lo que se dice, se comenta y se rumora en la Ciudad de México, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, tanto el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como los tres principales partidos políticos lanzarían una clara señal que, aunque negociada, la justicia se aplicará contra estos cuatro individuos que representan, de ser cierto lo que de ellos se ha escrito y dicho, lo peor de la clase política mexicana. Que llegó a su fin la era de la impunidad.
Bueno, más bien que casi llegó a su fin, porque por ahí faltaría llamar a cuentas a muchos otros funcionarios y ex funcionarios que son sospechosos de ser unos ladrones.
¿Resultará ser cierto lo que con insistencia se dice, se comenta y se rumora estos días?
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