- Índice del Poder de las Mujeres califica participación de féminas en política.
- Mexicanas han avanzado ante su empuje, tenacidad y por reformas legislativas.
- Conforman 42% del gabinete presidencial, 48% de cámaras legislativas federales y 37% de legislaturas locales.
- A 103 años de la promulgación de la Constitución de 1917, se miran pocos cambios.
Eduardo Ruiz Healy
México generalmente sale mal librado en los muchos índices que diversas organizaciones elaboran con el fin de comparar la situación que, respecto a un determinado tema, un país guarda con relación a otros.
En este espacio regularmente difundo y comento muchos de estos índices. Ahora me toca escribir sobre uno en el cual nuestro país sale bien librado.
Efectivamente, hace una semana el Council on Foreign Relations (en español: Consejo de Relaciones Exteriores; abreviado en inglés como CFR), una organización estadounidense sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Nueva York, especializada en política exterior y en los asuntos internacionales de los Estados Unidos, difundió su Women’s Power Index, (en español: Índice del Poder de las Mujeres), el cual “clasifica a 193 estados miembros de la ONU en su progreso hacia la paridad de género en la participación política. Analiza la proporción de mujeres que sirven como jefas de Estado o de gobierno, en gabinetes, en legislaturas nacionales, como candidatas para legislaturas nacionales y en organismos de gobiernos locales, y visualiza la brecha de género en la representación política”.
En este índice, al obtener 57 de 100 puntos posibles, nuestro país ocupa el décimo lugar, detrás de Costa Rica (74 puntos), Suecia (69), Islandia (68), Ruanda (67), Nicaragua (63), Noruega (62), Sudáfrica y Finlandia (ambos con 61), Francia y Andorra (ambos con 60), Cuba y España (ambos con 58). Es conveniente aclarar que sólo 17 de los 193 países obtienen una calificación superior a 50.
México logra el lugar número 10 porque las mujeres conforman el 42% del gabinete presidencial, el 48% de las cámaras legislativas federales y el 37% de las legislaturas locales.
Ahora bien, a nuestro país le falta seguir avanzando para que las mujeres gocen del mismo poder político que los hombres.
Para empezar, una mujer nunca ha gobernado México, lo cual indica un gran atraso si tomamos en cuenta que 63 países han tenido una jefa de Estado y/o de gobierno desde 1946 y que 19 países tienen actualmente gobiernos presididos por mujeres.
De los 32 estados, sólo dos son gobernados por mujeres.
En 15 países hay una proporción mayor al 42% en los gabinetes de gobierno nacionales, llegando a 65% en España.
Sólo cuatro países tienen un porcentaje de mujeres mayor al de México en sus legislaturas federales y 18 lo superan en el porcentaje de las que integran sus legislaturas locales.
El avance político de las mujeres mexicanas ha sido posible gracias al empuje y tenacidad de muchas de ellas y también a que se han realizado reformas constitucionales y aprobado leyes que garantizan la paridad de género en los tres poderes de gobierno de la federación y de los estados de ésta.
Este índice, a diferencia del Índice de la Democracia, no mide el desarrollo democrático de un país, sino “su progreso hacia la paridad de género en la participación política”.
En el Women’s Power Index, México supera a países con mayor desarrollo democrático, pero en donde las mujeres tienen menor participación política, entre ellos: Dinamarca (52 puntos), Alemania (43), Irlanda (35), Reino Unido (31) y al que se ostenta como el líder del mundo libre, Estados Unidos (20).
NO SE HAN CONSOLIDADO NI DIVISIÓN DE PODERES NI SOBERANÍA ESTATALES
Se cumplieron 103 años de la Constitución de nuestro país.
Venustiano Carranza, promulgó la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de Febrero de 1857”, que fue aprobada días antes por el Congreso Constituyente reunido en Querétaro.
Dos meses atrás, el 1 de diciembre de 1916, Carranza presentó a ese Congreso su propuesta de una nueva constitución y la justificó diciendo, entre otras cosas, lo siguiente:
“… los derechos individuales que la Constitución de 1857 declara que son la base de las instituciones sociales, han sido conculcados de una manera casi constante por los diversos Gobiernos que se han sucedido (…) El recurso de amparo pronto se desnaturalizó hasta quedar convertido en arma política y en medio apropiado para acabar con la soberanía de los estados (…) quedaron sujetos de la revisión de la Suprema Corte hasta los actos más insignificantes de las autoridades de aquéllos (…) ese alto tribunal estaba completamente a disposición del jefe del Poder Ejecutivo (…) el Poder público se ha ejercido, no por el mandato libremente conferido por la voluntad de la nación sino por imposiciones de los que han tenido en sus manos la fuerza pública para investirse a sí mismos o investirse a personas designadas por ellos, con el carácter de representantes del pueblo.
“Tampoco ha tenido cumplimiento el otro principio fundamental claramente establecido por la Constitución de 1857, relativo a la división del ejercicio del Poder público (…) todos los Poderes han estado ejercidos por una sola persona (…) dándose sin el menor obstáculo al jefe del Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre toda clase de asuntos (…) ha sido hasta hoy una promesa vana el precepto que consagra la federación de los estados que forman la República Mexicana, estableciendo que ellos deben de ser libres y soberanos (…) esa soberanía no ha sido más que nominal, porque ha sido el Poder central el que siempre ha impuesto su voluntad…”.
La Constitución de 1917 supuestamente remediaría los males que enumeró Carranza. Desafortunadamente, nada cambió después de que éste fuera asesinado en mayo de 1920 tras el golpe de Estado que encabezaron quienes serían sus tres sucesores consecutivos: Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.
Así, desde el 1 de diciembre de 1920 hasta el 1 de diciembre de 2000, el sistema político siguió adoleciendo de los defectos que Carranza condenó el 1 de diciembre de 1916.
Las cosas cambiaron a partir del 1 de diciembre de 2000. Desde entonces, tanto la Suprema Corte como el Congreso Federal gozan de mayor autonomía, sin que se haya logrado plenamente la división de poderes consagrada en las constituciones de 1824, 1836, 1857 y 1917. Los gobernadores tienen mayor libertad, pero limitada, entre otras cosas, por el control que el gobierno federal ejerce sobre sus finanzas.
Hoy, cuando un sólo partido político controla el Congreso Federal y la mayoría de los congresos locales, se ve difícil que la división de poderes y la soberanía de los estados se consoliden como debería haber ocurrido hace 196 años.
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