- Seguridad en México aceptable, debe mejorarse, revela EIU.
- Cuatro senadoras aspirantes que no llegaron al ansiado sitio.
- Requerirá AMLO de senadores y diputados de la oposición.
Eduardo Ruiz-Healy
Olga Sánchez Cordero se enteró un día antes de que sería substituida por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y que regresaría a ocupar el escaño senatorial que dejó en noviembre de 2018 para integrarse al gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Fuera de ser la primera mujer en ese cargo, su gestión fue gris e intrascendente debido a su falta de pericia política.
Desde el primer día tuvo que lidiar con dos subsecretarios impuestos por AMLO que pocas, si es que alguna vez, le hicieron caso.
Uno de ellos, Zoé Robledo, actuó siempre con un solo objetivo: arrebatarle el cargo a su jefa para después buscar la candidatura presidencial en 2023. La relación entre ambos fue tan mala que en mayo de 2019 AMLO lo retiró de la subsecretaría de Gobierno y lo nombró director general del IMSS. Su sucesor, Ricardo Peralta, duró poco más de un año en el puesto, hasta que en agosto de 2020 fue anulada esa subsecretaría en aras de la austeridad republicana.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, poseedor de una amplísima experiencia administrativa y legislativa, le daba cuentas, por lo menos hasta ayer, directamente a AMLO, de quien fue secretario de Desarrollo Económico y de Gobierno cuando gobernó al DF. En agosto de 2005 asumió la jefatura de Gobierno del DF cuando su jefe se fue para ser el candidato presidencial del PRD.
El otro subsecretario, el de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar, está más preocupado por lograr la candidatura morenista a la gubernatura de Morelos y por eso nunca tuvo pocos problemas con Olga.
El nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ingresó al PRD en 2001 después de militar 25 años en el PRI, y en 2014 se fue a MORENA. En 2006 coordinó la campaña presidencial de AMLO en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Todos, menos Yucatán, los ganó su amigo y paisano. Antes de ser gobernador fue diputado local y federal y senador.
El sorpresivo pero no inesperado cambio de ayer en el gabinete obliga a plantear unas preguntas:
¿Por qué decidió Andrés Manuel reemplazar a Olga con su paisano y no con Encinas? ¿Desconfía de quienes no son de Tabasco? ¿El cambio se debe a que las cosas se le están complicando al presidente en todos los frentes y necesita a alguien que sea de su entera confianza y capaz de lograr o imponer acuerdos dentro de MORENA y con la oposición, principalmente la que representa un PAN cada día más aguerrido?
¿Qué hará ahora Encinas, de quien hace mucho se decía que sería el sucesor de Sánchez Cordero? ¿Aceptará el cambio y el hecho de que fue relegado por el jefe a quien tan lealmente ha servido durante dos décadas?¿Lo perjudicó no ser de Tabasco? ¿Con cuál tabasqueño acordará ahora? No tardaremos mucho en saberlo.
En lo que a Olga se refiere, le dieron su regalo de consolación y hoy será electa presidenta de la mesa directiva del Senado, de acuerdo con los deseos de AMLO; deberán quedarse con las ganas de ocupar ese cargo Imelda Castro, Bertha Caraveo, Ana Lilia Rivera y Marybel Villegas.
Un cambio de secretario de Gobernación siempre causa turbulencia, pero ahora más que en otros tiempos que aparentemente eran menos agitados.
LA SEGURIDAD DE LA CDMX ES
ACEPTABLE, PERO DEBE MEJORARSE
The Economist Intelligence Unit (EIU) difundió ayer su cuarta edición del Índice de Ciudades Seguras (Safe Cities Index o SCI), que “mide la seguridad urbana de una manera objetiva que permite comparar ciudades de diferentes tamaños y con diferentes niveles de ingresos. El índice incluye múltiples dimensiones como la infraestructura, los factores socioeconómicos, la gobernanza y los sistemas tecnológicos (…) la seguridad urbana ha evolucionado para incluir factores que van desde lo físico a lo virtual (…) la pandemia ha expuesto brechas y debilidades en las defensas existentes de las ciudades, lo que obliga a los responsables de formular las políticas públicas a reenfocar urgentemente su atención hacia los riesgos cambiantes y repensar sus estrategias urbanas”.
El SCI incluye 60 ciudades, la Ciudad de México entre ellas, y mide la seguridad urbana mediante 76 indicadores organizados en cinco pilares:
- Seguridad digital: la capacidad para que las personas utilicen libremente el Internet y otros canales digitales sin miedo a la violación de su privacidad, el robo de identidad y los ataques maliciosos en línea.
- Seguridad de salud: el nivel y la calidad de los servicios e infraestructura sanitaria en la ciudad.
- Seguridad de la infraestructura: el entorno físico construido y la disponibilidad, calidad y suficiencia de la infraestructura de la ciudad y su vulnerabilidad a desastres naturales y provocados por el hombre.
- Seguridad personal: el riesgo que para las personas representan el crimen, la violencia, las amenazas terroristas, los desastres naturales y las vulnerabilidades económicas.
- Seguridad ambiental: la inclusión en la planificación urbana de parámetros de sustentabilidad para reducir emisiones de carbono y gestionar los riesgos climáticos (…) y la aplicación de políticas destinadas a mejorar la salud del entorno natural y físico, donde en años recientes se ha dado un severo deterioro.
La calificación total y la de cada pilar se expresa en puntos. La seguridad es muy alta cuando la calificación va de 75.1 a 100.0 puntos; alta cuando va de 50.1 a 75.0; media cuando va de 25.1 a 50.0; y baja cuando va de 0.0 a 25.0.
Con 60.3 puntos, la CDMX ocupa el nada envidiable lugar 42 en el ranking.
En los cinco pilares la CDMX ocupa los siguientes lugares (las calificaciones entre paréntesis): Seguridad Digital: 37 (57.2 puntos); Seguridad de Salud: 50 (57.4); Seguridad de la infraestructura: 43 (62.1); Seguridad personal: 42 (52.5); Seguridad ambiental: 34 (72.1).
El SCI puede verse en safecities.economist.com y es interesante observar las calificaciones que obtiene la CDMX en cada uno de los 76 indicadores. Por ejemplo, en acceso a servicios de salud obtiene 83.3 puntos (lugar 14), en la calidad de los servicios de salud 50.0 puntos (lugar 37), y en lo que corresponde al número de camas de hospital por 1000 habitantes (2.8) queda en el lugar 56 de la lista, solo arriba de Caracas, Daca y Lagos.
Todos los que vivimos o trabajamos en la CDMX, gobernantes y gobernados, debemos esforzarnos más para que ésta mejore sus posiciones en el SCI y otros índices que la comparan con otras ciudades del mundo. Solo así será más competitiva y capaz de crear condiciones que mejoren los niveles de vida de sus habitantes.
LA PRESIDENCIA DEL SENADO…
LAS QUE NO TUVIERON OPCIÓN
Los senadores morenistas elegirán el viernes de esta semana a quien a partir del 1 de septiembre presidirá la mesa directiva del Senado de la República. Y será una mujer.
Son cuatro las aspirantes a ocupar el cargo: Imelda Castro, Bertha Caraveo, Ana Lilia Rivera y Marybel Villegas.
Las responsabilidades de quien preside la mesa directiva del Senado están señaladas en los artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso General, y entre ellas destacan: presidir los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de los asuntos; conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas, así como la diplomacia parlamentaria; presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara para su remisión al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno; dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deben recaer en aquellos con que se dé cuenta a la Cámara; conducir los debates y aplicar el Reglamento correspondiente; firmar, junto con uno de los secretarios de la Cámara, y en su caso con el Presidente y un secretario de la Colegisladora, las leyes y decretos que expidan la Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión.
¿Cuál de las cuatro aspirantes sería la mejor presidenta?
La sinaloense Castro, de 52 años, es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestra en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. De 1989 a 2017 militó en el PRD y desde 2017 pertenece a MORENA. Ha sido dos veces diputada local en Sinaloa (2001-2004 y 2013-2016) y desde 2020 es vicepresidenta de la mesa directiva del Senado.
La chihuahuense Caraveo, de 67 años, es psicóloga con maestría en Planeación y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde fue maestra e investigadora de 1990 a 2015. Milita en MORENA desde 2012. Es presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migración del Senado y antes de 2018 no había ocupado cargo público alguno.
La tlaxcalteca Rivera, de 48 años, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. De 2000 a 2014 militó en el PRD y a partir de 2014 pertenece a MORENA. Preside la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.
Villegas, nacida en la Ciudad de México pero residente de Quintana Roo, de 45 años, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha sido dos veces diputada local. La primera por el PRD (2005-2008); la segunda por el PRI (2013-2015). Ha militado en los cuatro principales partidos: PRD (2005-2008), PAN (2008-2013), PRI (2013-2017) y MORENA (desde 2017).
Mis fuentes me aseguran que las que más probabilidades tienen de obtener la presidencia son Castro, por su amplia experiencia legislativa, y Rivera, porque demostró capacidad al frente de la Primera Comisión de la Comisión Permanente. Opinan que Caraveo es inexperta en asuntos parlamentarios, mientras que Villegas es una oportunista que carece de ideología política.
56 DIPUTADOS Y 8 SENADORES DE
LA OPOSICIÓN NECESITARÁ AMLO
Estuvieron muy activos la semana pasada los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o TRIFE).
Entre las muchas resoluciones que emitieron está la que resolvió las impugnaciones de los resultados de las elecciones de los 300 diputados federales.
Con base en esta resolución, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) pudo aprobar el sábado pasado el reparto de las 200 diputaciones plurinominales que integrarán la nueva Cámara de Diputados que empezará a sesionar el 1 de septiembre.
Le tocará hoy al Consejo General del INE aprobar o rechazar el proyecto que le presentará la mencionada comisión y nada indica que ocurra lo segundo.
Así, las 200 plurinominales quedarán repartidas como sigue: MORENA: 76; PAN: 41; PRI: 40; MC: 16; PVEM: 12; PRD: 8; y PT: 7.
Si sumamos estas 200 con las 300 de mayoría relativa que cada partido ganó el 6 de junio, el total de diputados que cada partido tendrá a partir de la semana entrante es: MORENA: 198; PAN: 114; PRI: 70; PVEM: 43; PT: 37; MC: 23; y PRD: 15.
Lo anterior significa que la alianza oficialista MORENA-PVEM-PT tendrá 278 diputados y la opositora PAN-PRI-PRD 199.
Lo que quiere decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que convencer a legisladores de la oposición para que se aprueben las tres grandes reformas constitucionales que anunció en junio: l. La Eléctrica que enviará al Congreso este mismo año para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); 2. La Electoral, que someterá en 2022, para que, según él, el INE sea verdaderamente independiente y no “domine el conservadurismo”, se reduzcan los costos de las elecciones y se eliminen los 200 diputados plurinominales y 32 senadores de representación proporcional, y; 3. La de la Guardia Nacional, que presentará en 2023, para que ésta pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Artículo 135 de la Constitución establece que para que esta pueda ser adicionada o reformada “se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.
Si en el momento de votarse una adición o reforma constitucional estuvieran presentes los 500 diputados y los 128 senadores, se necesitará que voten a favor 334 de los primeros y 86 de los segundos.
Para llegar a los 334 diputados a favor, la mayoría MORENA-PVEM-PT deberá convencer a 56 legisladores de la oposición para que se le sumen. Y estos muy bien podrían ser del PRI, partido que en su momento abandonaron muchos priistas, incluido el coordinador de los diputados de MORENA, Ignacio Mier Velasco.
En el Senado, la alianza oficialista cuenta con 78 legisladores y necesita ocho más para aprobar cambios a la Constitución. Ocho de los 13 priistas pueden ser motivados a votar junto con los morenistas.
Ahora bien, pudiera ser que la alianza opositora que se creó para enfrentar a la oficialista el 6 de junio se mantenga firme y que ninguno de sus diputados y senadores deserte, para irse con el enemigo. De ocurrir esto las reformas propuestas por AMLO estarán condenadas al fracaso.
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