- Ocupa el país lugar Num. 57 según reporte del GKI 2019.
- Entra en vigor la Ley de Austeridad Republicana
- Lista de gobiernos eficientes ubica a México en lugar 82.
- Aceptación del presidente AMLO en descenso: encuestas
- México, país peligroso para defender la tierra y territorio: AI
Eduardo Ruiz Healy
El martes, 19 de noviembre, se difundió el Índice de Conocimiento Global 2019 (GKI por sus siglas en inglés), elaborado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación de Conocimiento Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (MBRF).
En la introducción del reporte del GKI 2019 (puede verse en http://knowledge4all.com/Reports/globalknowledgeindx2019_en.pdf) se
explica que “El índice tiene el objetivo de medir el concepto multidimensional del conocimiento. El concepto es fluido, a menudo vinculado a conceptos relacionados como ‘economía del conocimiento’ o ‘sociedad del conocimiento’. A veces sólo se refiere a la educación o a la tecnología. Dadas las variaciones en su uso y significado, el GKI tiene como objetivo introducir una comprensión más sistemática del conocimiento en dos aspectos: desglosa el concepto en sus componentes constitutivos, es decir, educación preuniversitaria, educación y formación técnica y profesional (EFTP), educación superior, investigación, desarrollo e innovación (RDI), tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y economía, además del entorno habilitador general (…) reconoce la naturaleza multidimensional de los sistemas de conocimiento en todos los contextos y aplicaciones relacionadas con las estructuras económicas y sociales. Esto permite una exploración más significativa y perspicaz de las políticas de conocimiento en relación con diferentes sectores. También permite un vínculo más científico y basado en la evidencia entre el desarrollo y un concepto multidimensional de conocimiento”.
El Índice califica a 136 países, México incluido, en cuanto a la calidad de sus servicios educativos como promotores del conocimiento (educación preuniversitaria, educación y capacitación técnica y vocacional y educación superior), su situación en las áreas de investigación, desarrollo e innovación, su desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones, la importancia del conocimiento en su sistema económico y la existencia de un ambiente que contribuya al incremento del conocimiento.
No debe sorprendernos que los países que encabezan el índice sean los que usualmente aparecen en los primeros lugares de otras mediciones de bienestar y desarrollo. En este caso, los primeros 10 son, en orden ascendente: Suiza, Finlandia, Estados Unidos, Singapur, Luxemburgo, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido y Hong Kong.
Tampoco debe sorprendernos que México ocupe una posición intermedia o mediocre, como generalmente sucede. En el GKI 2019 está en el lugar 57, con una calificación de 47.2 puntos sobre 100 posibles, poco arriba del promedio mundial de 46.5.
En los siete componentes que integran el GKI 2019, nuestro país se ubica en las siguientes posiciones: Educación preuniversitaria: 64; Educación y capacitación técnica y vocacional: 79; Educación superior: 61; Investigación, desarrollo e innovación: 48; Tecnologías de la
información y comunicaciones: 66; Importancia del conocimiento en el sistema económico: 58; Ambiente que contribuya al incremento del conocimiento: 58.
El GKI 2019 indica que México no está preparado para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que le impone la economía del conocimiento.
ENTRÓ EN VIGOR LEY DE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA
La semana anterior entró en vigor la Ley Federal de Austeridad Republicana, que tiene por objeto “regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La ley define la austeridad republicana como la “Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
Al leer la anterior definición, cualquiera creería que administrar los recursos públicos “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” es propio de los países con un sistema de gobierno republicano presidencialista, como el nuestro. Sin embargo, diversos estudios indican que esto no es cierto.
Por ejemplo, el Índice de Prosperidad Legatum 2018, realizado por el Instituto Legatum, una ONG con sede en Londres, califica la eficiencia de 149 gobiernos nacionales. En los 10 primeros lugares están Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Países Bajos, Suecia, Luxemburgo, Canadá, Dinamarca y Alemania.
De estos 10, tres son repúblicas parlamentarias (Finlandia, Suiza y Alemania) mientras que los siete restantes son monarquías constitucionales. Ninguna es una república presidencialista.
Es más, entre los primeros 20 países con gobiernos eficientes sólo aparece una república presidencialista: Estados Unidos, en el lugar 19. México aparece en la posición 82.
En resumen: un gobierno que administra los recursos públicos “con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” no necesariamente es republicano y por esto siempre me he opuesto al término “austeridad republicana” creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora utilizado para denominar una ley que simplemente debía haberse llamado “Ley de Austeridad”.
Entre otras cosas, la ley establece qué funcionarios podrán tener secretario particular o chofer, suprime la mayoría de las direcciones generales adjuntas, prohíbe remunerar a “los representantes gremiales en los órganos tripartitos”, limita el tipo de empresa privada en que podrá trabajar un funcionario de mando superior durante 10 años después de dejar su cargo, y hasta prohíbe “asistir al trabajo en estado de ebriedad”.
Su Artículo 6 Transitorio prohíbe que a partir de hoy los expresidentes tengan a su servicio “servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado”. ¿Significa que Felipe Calderón y Vicente Fox ya no contarán con la protección militar que les dio Andrés Manuel en abril pasado?
La nueva Ley de Austeridad, republicana o no, es un buen comienzo. Espero que se cumpla.
AMLO PODRÍA CAER EN UN DESPEÑADERO
Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República al obtener el 53.2% de los votos emitidos en la elección del 1 de julio del año pasado.
Después de su victoria, muchos mexicanos que no votaron por él empezaron a aceptarlo y hasta verlo con muy buenos ojos. Solo así se explica que las encuestas realizadas después de la jornada electoral mostraran que el porcentaje de mexicanos que lo aprobaba como presidente electo superara ampliamente el 53.2% con que ganó el cargo.
Luego, ya como presidente en funciones, cada vez más personas aprobaban su desempeño.
Las encuestas trimestrales hechas por el diario El Universal muestran lo anterior: en agosto de 2018, 64.6% de los encuestados “aprobó totalmente o en algo la forma que Andrés Manuel López Obrador desempeña el puesto de presidente”; en noviembre de 2018, el porcentaje disminuyó a 55.6%; en marzo de 2019, alcanzó 79.4%; en junio estaba en 72.2% y en agosto bajó ligeramente a 68.7%, una cifra aún muy por encima del 53.2% de los votos con que ganó el 1 de julio del año pasado.
La encuesta cuatrimestral que realiza el diario Reforma indica que son mayoría quienes “aprueban la forma en que AMLO está haciendo su trabajo como presidente”. En noviembre de 2018, eran el 63% de los encuestados; en marzo pasado, el 78% y en julio, el 70%. De nuevo, un porcentaje que está muy arriba del 53.2% que le dio la victoria.
Las encuestas que Consulta Mitofsky realiza para el diario El Economista también indican los altos porcentajes de aceptación que goza el presidente. En noviembre de 2018, el 62.6% lo aprobaba; en febrero de este año, el porcentaje se elevó a 67.1%.
Como lo indican estas encuestas, hasta octubre pasado las cosas iban bastante bien para el presidente, pero ese mes ocurrieron diversos hechos violentos y sangrientos que convencieron a muchos que el gobierno de la 4T carece de la capacidad necesaria para enfrentar eficaz y exitosamente a la delincuencia organizada.
La encuesta de El Universal realizada a principios del mes en curso indica que ya solo el 58.7% de las personas aprueba la gestión de AMLO. Este porcentaje indica una caída de 10 puntos con respecto a la encuesta hecha en agosto pasado.
Reforma publicará próximamente su encuesta correspondiente al mes en curso y todo permite suponer que también registrará una caída en la aprobación del presidente.
En lo que a Consulta Mitofsky se refiere, en mayo pasado esta empresa empezó a elaborar diariamente su AMLO Tracking Poll, también para El Economista. De acuerdo con ella, en septiembre el nivel de aprobación de AMLO había descendido a 62.8% y a 60.4% en octubre. El viernes pasado, el porcentaje de quienes aprobaban la gestión presidencial había caído a 58.1%.
Los porcentajes de aprobación que indican las encuestas de El Universal y El Economista superan ligeramente el multicitado 53.2% y muestran que AMLO ya perdió el apoyo de muchos de quienes aprobaban su gestión.
De seguir esta tendencia descendente, el presidente podría ser el gran perdedor el 21 de marzo de 2022, cuando se realizará la consulta para determinar si continúa en el cargo o no. Ese día podría caer en un precipicio o, como él dice, en un despeñadero.
CNDH, INCAPAZ DE CREAR UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que “La CNDH tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación. Cuando en un mismo hecho estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las Entidades Federativas o Municipios, la competencia se surtirá en favor de la Comisión Nacional”.
Desde 1992 ha tenido siete presidentes, incluida la actual, Rosario Piedra Ibarra.
Después de casi 28 años de actuación, la CNDH ha sido incapaz de crear una cultura de respeto a los derechos humanos. Diversos estudios nacionales e internacionales reportan la violación cotidiana de dichos derechos, ya sea por acción u omisión de los organismos públicos y sus funcionarios.
El Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch, la ONG con sede en Nueva York, anota que “Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la CNDH recibió más de 4600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares (…) los fiscales de la justicia penal ordinaria habían iniciado 505 investigaciones entre 2012 y 2016 sobre delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados, pero solo habían obtenido 16 condenas (…) Según una encuesta realizada por el INEGI a más de 64 000 personas que, en 2016, estaban encarceladas, el 64 % informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestada; el 19% recibió descargas eléctricas; el 36 % fue estrangulada, sumergida en agua o asfixiada; y el 59% recibió puñetazos o patadas; el 28% fue amenazada con la posibilidad de que hicieran daño a sus familiares. Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la PGR inició más de 9000 investigaciones sobre torturas (…) son pocos los casos en los que quienes cometen torturas son llevados ante la justicia (…) Hasta octubre de 2018 se desconocía el paradero de más de 37 400 personas desaparecidas desde 2006 (…) más de 3900 cuerpos han sido hallados en más de 1300 fosas clandestinas desde 2007 (…)
Hasta agosto de 2018 [la PGR] había iniciado 1255 investigaciones, pero solamente había presentado cargos en 11 casos [de desaparición…] ninguna condena (…) Según la PGR, 110 periodistas fueron asesinados y 25 desaparecieron entre enero de 2000 y agosto de 2018 (…) 148 periodistas asesinados desde 2000 (…) ocho periodistas fueron asesinados entre enero y septiembre de 2018”.
Amnistía Internacional, la ONG defensora de los derechos humanos en 150 países con sede en Londres, califica a México como “uno de los países más peligrosos para la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente”.
En su sitio web, la CNDH anota los 53 derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales que todos deberíamos disfrutar, pero que la mayoría no goza; entre ellos, derecho a la educación, salud, vivienda, alimentación, igualdad y prohibición de discriminación; de audiencia y debido proceso legal; sexuales y reproductivos; libertad de expresión e imprenta; igualdad entre mujeres y hombres…
En lo que a derechos humanos se refiere, falta mucho por hacer en México.
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