Eduardo Ruíz-Healy
En el evento conmemorativo del 107 aniversario de la Constitución de 1917, el lunes 5 de febrero, hubo varios oradores, pero la atención se centró en los discursos de Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pérez Dayán resaltó la importancia de nuestra ley suprema y enfatizó la democracia, justicia y separación de poderes como valores esenciales, refiriéndose a eventos clave desde la Independencia hasta la actualidad. Para destacar la persistencia de estos principios en nuestra Constitución mencionó, entre otros documentos fundacionales, al Manifiesto de Chilpancingo de 1813 y la Constitución de Apatzingán de 1814.
Este discurso se dio en un momento de crecientes tensiones entre AMLO y el Poder Judicial, resultantes de diferencias ideológicas profundas. El ministro defendió la independencia judicial como fundamental para la democracia y llamó a la vigilancia y compromiso con los principios democráticos. Su mensaje, que combinó solemnidad y llamados a la reflexión, no solo recordó los fundamentos de la nación sino que también instó a la unidad y al respeto mutuo entre poderes estatales, crucial para nuestra democracia, y subrayó la necesidad de diálogo y respeto por los límites constitucionales. Aseguró que “El Poder Judicial de la Federación (…) da cuenta puntual de su encomienda con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos…”.
La reacción a este discurso puede reforzar al Poder Judicial ante la opinión pública como un contrapeso necesario o aumentar las fricciones políticas.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en el discurso que pronunció después del de Pérez Dayan, destacó la importancia histórica de la Constitución y cómo las reformas de AMLO representan una continuación de la lucha por la justicia social y democracia. Recordó que desde la abolición de la esclavitud hasta la Cuarta Transformación se ha caminado hacia un país más justo. Buscó legitimar estas reformas como parte esencial de la evolución democrática de México, enfrentando críticas y mostrando que no son meros caprichos políticos sino necesidades históricas.
Criticó al neoliberalismo por pervertir el sentido social de la Constitución y al referirse al humanismo y los derechos sociales buscó reforzar la imagen de un gobierno comprometido con el bienestar popular. Al presentar las reformas como una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa busca ganar apoyo ante el conflicto con la SCJN.
Más que un recordatorio de valores fundacionales, el discurso de la secretaria fue un llamado a la unidad y a la transformación social y una defensa de la legitimidad de las reformas ante la opinión pública apelando a una tradición de lucha por la justicia y la inclusión.
El discurso de Alberto Pérez Dayán seguramente resonó en todos los que nos oponemos a la reforma del Poder Judicial propuesto por Andrés Manuel, que más bien es un desmantelamiento de este. El de Luis María Alcalde en quienes apoyan las propuestas de AMLO.
Habrá que ver cuál visión resulta vencedora. Si la que defiende la división de poderes o la que busca someter el Judicial al Ejecutivo.
¿EL SÍNDROME DEL SEXTO AÑO?
Al final de cada sexenio, los presidentes mexicanos se enfrentan al inevitable «síndrome del sexto año», una suerte de maldición que parece marcar el legado de sus gobiernos. Este fenómeno, lejos de ser un mito, ha marcado con fuerza y consistencia el último tramo de los mandatos presidenciales y el del presidente Andrés Manuel López Obrador no será la excepción.
Desde 1982, el «síndrome del sexto año» afectó así a cada presidente:
Miguel de la Madrid (1982-1988): Su sexenio concluyó bajo la sombra de una severa crisis económica, exacerbada por la caída de los precios del petróleo y el devastador terremoto de 1985, eventos que pusieron a prueba la capacidad del gobierno para manejar desastres y recesiones.
Carlos Salinas (1988-1994): Aunque logró estabilizar la economía y firmar el TLCAN, el «error de diciembre», el levantamiento zapatista y el asesinato del elegido para sucederlo, Luis Donaldo Colosio, marcaron profundamente el fin de su mandato, dejando un país económicamente frágil y socialmente dividido.
Ernesto Zedillo (1994-2000): Ocasionó el «error de diciembre» que llevó al país a una profunda recesión económica y una crisis de deuda que limitan severamente su capacidad para lograr reformas significativas y restaurar la confianza en el gobierno.
Vicente Fox (2000-2006): El primer presidente de la oposición después de 71 años dejó grandes expectativas no cumplidas y parálisis legislativa, lo que minó su popularidad y limitó su capacidad para implementar cambios profundos.
Felipe Calderón (2006-2012): Su guerra contra el narcotráfico incrementó dramáticamente los niveles de violencia en México, un legado de seguridad desafiante que dejó una huella indeleble en su administración y en la percepción pública de su gobierno.
Enrique Peña Nieto (2012-2018): Escándalos de corrupción, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la llamada “Casa Blanca” de su entonces esposa, la actriz Angélica Rivera, así como una economía estancada, empañaron su sexenio.
A medida que nos acercamos al final del gobierno de AMLO, es imposible ignorar las lecciones que estos ejemplos proporcionan. Cada uno de estos presidentes enfrentó, en su último año, desafíos que no solo pusieron a prueba su liderazgo, sino que también marcaron la transición hacia la siguiente administración, dejando lecciones valiosas sobre la importancia de la resiliencia gubernamental, la adaptabilidad y la necesidad de mantener un diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad.
El legado de estos sexenios demuestra que, más allá de las políticas individuales, la gestión de las crisis y la capacidad para unir a un país son los verdaderos desafíos que definen el «síndrome del sexto año». La historia nos muestra que la fortaleza de una administración se mide no sólo por sus éxitos, sino también por su capacidad para navegar las aguas turbulentas del último año en el poder.
¿SABRÁ CÓMO ACABAR CON LA
CORRUPCIÓN LA PRÓXIMA PRESIDENTA?
Durante sus tres campañas presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que durante su gobierno se erradicaría la corrupción en el gobierno federal. Hoy, después de 1,888 días de gobernar al país y faltando solo 245 para que deje de hacerlo, la corrupción sigue.
De acuerdo con información que se va difundiendo cada vez con mayor frecuencia, durante el sexenio lopezobradorista la corrupción no disminuyó y, peor aún, parece ser que de ella se han beneficiado económicamente los tres hijos mayores del presidente y otros de sus familiares, además de incontables funcionarios y altos mandos de las fuerzas armadas que fueron responsabilizados de construir las principales obras del sexenio, entre ellas el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.
Acabar con la corrupción será otra de las promesas incumplidas del presidente.
No solo no acabó con ella, sino que aumentó de 2019 a 2023, de acuerdo con el Índice de Percepciones de la Corrupción o IPC (en inglés: Corruption Perceptions Index o CPI) difundido ayer por Transparencia Internacional, la organización no gubernamental basada en Berlín que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional.
En su sitio web www.transparency.org puede verse el IPC 2023 y leerse en qué consiste: “El IPC califica y clasifica a 180 países/territorios en función de cuán corrupto es el sector público de un país como lo perciben los expertos y ejecutivos de empresas. Es un índice compuesto, una combinación de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones acreditadas. El IPC es el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo. Las fuentes de información utilizadas para el IPC se basan en datos publicados en los dos años anteriores”.
Este año, México obtuvo una calificación de 31 en el IPC, que es la misma que obtuvo en 2020, 2021 y 2022. En 2019, la calificación fue 29, un punto más que el 28 que se le dio en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, que los expertos y ejecutivos de empresas perciben un ligero aumento de la corrupción en el gobierno de la 4T que en el del sexenio anterior.
De entre los 180 países y territorios del IPC, el nuestro ocupa el lugar 126, lo que significa que hay 54 más corruptos.
La corrupción gubernamental es una triste realidad para la mayoría de los habitantes del planeta, que son los que finalmente pagan sus costos, como son la pérdida económica debido a la mala asignación de recursos, injusticia social, deterioro de los servicios públicos, desconfianza en el gobierno y efectos negativos en la reputación y relaciones internacionales del país. De acuerdo con Transparencia Internacional, “Más de dos tercios de los 180 países y territorios obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100, lo que indica claramente que tienen graves problemas de corrupción. El promedio mundial está estancado en solo 43, mientras que la gran mayoría de los países no han logrado avances o han disminuido en la última década”.
La próxima presidenta nos prometerá acabar con la corrupción, igual que lo han hecho todos sus antecesores desde 1929. Preguntémosle cómo lo hará. Ojalá que tenga una respuesta convincente.
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