Eduardo Ruiz Healy
Los 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ayer demostraron que el Poder Judicial de la Federación es independiente y autónomo al declarar inválida, por ser anticonstitucional, la llamada “Ley Bonilla” que los corruptos integrantes de la anterior legislatura de Baja California (BC) aprobaron para ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno del gobernador mexicano-estadounidense de esa entidad, el morenista Jaime Bonilla Valdés.
Bonilla ganó con el 50.4% de los votos la elección de gobernador efectuada el domingo 2 de junio de 2019, proceso en donde el verdadero triunfador fue el abstencionismo, en vista de que sólo votaron tres de cada 10 votantes inscritos en el padrón electoral.
Y ganó una gubernatura que sólo duraría menos de dos años, en vista de que por medio de una reforma a la constitución del estado se estipuló que “el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.
Sin embargo, el 9 de julio pasado, el congreso de BC, de mayoría panista, aprobó con 21 votos a favor, uno nulo y tres en contra, otra reforma a la constitución estatal para ampliar de dos a cinco años el mandato de Bonilla.
PROTESTAS EN
TODO MÉXICO
La decisión de los diputados generó una protesta generalizada, no solo en BC, sino en todo el país. También dio origen a la expulsión de sus respectivos partidos de los diputados del PAN, PRD, PRI y MC que votaron a favor de esa reforma.
Pese a las protestas, los cabildos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate avalaron la reforma constitucional.
Luego, el Congreso local convocó a una consulta ciudadana para someter a consideración de los bajacalifornianos la ampliación del mandato. Ésta se realizó el 13 de octubre del año pasado y, a pesar de que la mayoría de los votos emitidos fueron a favor de la ampliación, careció de validez porque la Ley de Participación Ciudadana de BC señala que una consulta solo es vinculante cuando participa al menos el 20% de los electores inscrito en la lista nominal.
Contra las reformas a la constitución local que diseñó e instrumentó Bonilla se interpusieron siete acciones de inconstitucionalidad por parte del PAN, PRD, PRI, MC, PBC, CNDH e INE.
Ayer, los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (presidente de la SCJN), Luis María Aguilar Morales, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González-Salas, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Ríos Farjat invalidaron la llamada “Ley Bonilla” y no hubo una sola voz que se escuchara en contra de su decisión, ni la de Bonilla.
Durante la sesión de la SCJN, Zaldívar señaló que la anterior legislatura bajacaliforniana “fraguó en realidad un fraude a la Constitución”.
Con base en lo que dijo el presidente de la SCJN, cabe preguntarse si Bonilla, los diputados que aprobaron la reforma constitucional para ampliar su mandato y los integrantes de los cabildos que avalaron dicha reforma, cometieron un delito que pueda castigarse conforme a lo que señala la Ley General en Materia de Delitos Electorales u otras leyes.
Por delitos menos graves mucha gente va a la cárcel…
¿CÓMO QUEDARÁ MÉXICO TRAS
ECONOMíA POSTPANDÉMICA?
“Para crear resiliencia a largo plazo, es probable que veamos más automatización robótica e inteligencia artificial (AI) dentro de nuestras cadenas de suministro.
Estas tecnologías reducen la intervención manual y las transferencias, reducen los riesgos de transmisión [del coronavirus] y reducen la dependencia de los humanos para trabajar cara a cara. También pueden permitir que la producción se amplíe y reduzca en respuesta a una demanda repentina. De hecho, las intervenciones del gobierno pueden haber acelerado involuntariamente esta tendencia. Los estímulos fiscales de muchos países equivalen al experimento a mayor escala en Ingreso Básico Universal (IBU) hasta la fecha. Muchos consideran que IBU es un requisito previo para una economía exitosa impulsada por la IA, ya que permite a las empresas reemplazar potencialmente a los humanos sin afectar su bienestar”.
Lo anterior lo escribió Mohit Joshi, Presidente y Jefe de Servicios Financieros, Seguros, Salud y Ciencias de la Vida de Infosys Limited, la empresa multinacional de servicios de tecnologías de la información con sede en Bangalore (India).
Es parte de su artículo intitulado Who will be the winners in a post-pandemic economy? (¿Quiénes serán los ganadores en una economía postpandémica?) que escribió para el Foro Económico Mundial y que se publicó en el sitio wefdoreum.com el 20 de abril pasado.
Lo que nota Joshi confirma lo que desde 1995 escribió Jeremy Rifkin en su ya clásico El Fin del Trabajo, El declive de la fuerza del trabajo global y el nacimiento de la era posmercado:
“Estamos entrando en una nueva era de mercados globales y producción automatizada. El camino hacia una economía casi sin trabajadores está a la vista. Si ese camino conduce a un refugio seguro o un abismo terrible dependerá de qué tan bien se prepare la civilización para la era posterior a la comercialización que seguirá a la Tercera Revolución Industrial”.
En efecto, hace 25 años Rifkin fue uno de los primeros en ver cuál era el futuro del trabajo y los trabajadores en un mundo en donde la mecanización, la robotización y la inteligencia artificial empezaban a dejar desempleados a millones de personas.
Cuando escribió El Fin del Trabajo aún no se inventaban los celulares inteligentes (eso ocurriría en 2007 con la aparición del iPhone), ni el WiFi, las comunicaciones móviles se realizaban con el estándar de conexión 2G y las redes sociales apenas y existían, no había el streaming, el CD aún era el soporte idóneo para la guarda y distribución de datos.
Rifkin escribió que conforme disminuyan la economía de mercado y el sector público, deberá desarrollarse un nuevo sector, el del trabajo voluntario y comunitario, financiado con recursos públicos, que creará los trabajos requeridos para reconstruir zonas urbanas y rurales degradadas y proporcionar diversos servicios sociales. Los recursos necesarios para financiar este nuevo sector vendrán de la reducción de gastos gubernamentales superfluos y de un impuesto al valor agregado sobre bienes y servicios no esenciales. También dijo que los gobiernos federales y estatales deberían pagarle un “salario social a los trabajadores del tercer sector”, lo que hoy denominamos ingreso básico universal.
Preguntémonos: ¿estará México entre los ganadores en la economía postpandémica?
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