Eduardo Ruiz-Healy
Como muchos, creí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaría, con ciertas modificaciones, el proyecto que el ministro Luis María Aguilar le presentó a los otros 10 ministros para que una mayoría de ellos dictaminara como inconstitucional la consulta popular que el presidente Andrés Manuel López Obrador desea realizar para investigar delitos que pudieran haber cometido cinco expresidentes de la República y someterlos a juicio en caso de que se encontraran pruebas de su culpabilidad.
La pregunta que el presidente propuso para la aprobación de la SCJN fue la siguiente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
En varios párrafos de su propuesta, Aguilar argumentó que la consulta es inconstitucional “porque su sustancia e implementación (…) tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y sus garantías, pues sujeta a la decisión de las mayorías los derechos de las víctimas u ofendidas (…) no está justificado por qué a unas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras que al resto de las personas no (…) el Estado no puede renunciar a sus obligaciones constitucionales de investigar y perseguir cualquier hecho del que se tenga noticia que puede constituir un delito”.
Sin embargo, durante su sesión de ayer, los ministros Zaldívar, Gutiérrez, Pérez Dayán, González Alcántara, Esquivel y Ríos Farjat votaron en contra del proyecto de Aguilar porque, a su juicio, la consulta no viola la Constitución. A favor del proyecto, además de Aguilar, votaron Laynez, Franco, Pardo y Piña.
Quien esté interesado, en www.scjn.gob.mx puede ver el video de la sesión y conocer los argumentos, ya sean a favor o en contra, de cada uno de los 11 ministros. Tener amplias nociones de derecho le ayudará porque muchos de los argumentos pueden resultar incomprensibles o confusos para los legos.
Ahora bien, al sancionar la consulta, la mayoría de los ministros expresaron que era necesario cambiar la pregunta propuesta por AMLO, ya que efectivamente se centraba en los expresidentes, y finalmente aprobaron esta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Así, por medio de la consulta, los mexicanos autorizaremos a que el gobierno investigue a todos los políticos y funcionarios que en los años pasados (¿2018 y 2019 incluidos?) cometieron delitos, autorización que las fiscalías no requieren para investigar a quienes sean sospechosos.
La consulta va, aunque no como la quería Andrés Manuel, quien de todas maneras se anota puntos a su favor al decidir investigar las gestiones de quienes lo precedieron en el cargo.
AMLO PROMETE “CERO
IMPUNIDAD”; OJALÁ ASÍ SEA
En mi columna del 6 de octubre de 2014, escribí:
“Lo ocurrido el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, y en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, por más que nos indigne, no debe causarnos sorpresa alguna. Después de todo, son dos eventos más que se añadirán a la larga lista de desapariciones forzadas y asesinatos o ejecuciones extrajudiciales cometidos por miembros de nuestras fuerzas armadas o cuerpos policíacos (…) Los casos de Tlatlaya e Iguala tienen un común denominador: civiles que fueron asesinados o desaparecidos por fuerzas de seguridad: militares en el Estado de México, y policías en Guerrero. Vienen a añadirse a otros que desde hace años han sido ampliamente documentados y denunciados por diversas organizaciones…”.
Años antes, el 9 de mayo de 2011, escribí:
“¿Quién recuerda hoy que el 21 de septiembre de 1941, por órdenes del presidente Ávila Camacho, el Ejército disparó contra unos 200 obreros huelguistas de la Cooperativa de Vestuario y Equipo, la empresa paraestatal que fabricaba los uniformes del ejército y la policía, cuando marchaban hacia la casa del presidente, en la colonia Del Valle, para pedirle mejores salarios y condiciones laborales? ¿Quién recuerda a los nueve obreros que murieron? (…) ¿Recuerda alguien a los 5000 mineros de Palau, Nueva Rosita y Cloete, Coahuila, que después de caminar 1500 kilómetros desde sus minas hasta la Ciudad de México, para exigir mejores salarios y democracia sindical, fueron reprimidos y arrestados por el gobierno del presidente Miguel Alemán, el 10 de abril de 1951? (…) Tampoco son muchos quienes recuerdan la masacre del 7 de julio de 1952, cuando soldados dispararon contra miles de personas que en el centro de la Ciudad de México protestaban contra los resultados de la elección presidencial del 1 de julio anterior, que oficialmente ganó Adolfo Ruiz Cortines. Ese día 7, por órdenes de Miguel Alemán, los seguidores del candidato opositor, Manuel Henríquez Guzmán, fueron atacados por el Ejército y la policía. Se habló entonces de unos 200 muertos cuyos cadáveres fueron incinerados en el Campo Militar Número 1 (…) Casi nadie se acuerda de la matanza de casi 90 campesinos copreros en Acapulco, el 20 de agosto de 1967”.
El sábado pasado, al encabezar el evento en donde se informó el estado que guarda la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde que estaba en campaña dijo “que si se aclaraba de que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables”. Añadió que “se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar, cero impunidad”. Además, indicó que iban a entregarle “el informe de si ya se detuvo a los que están prófugos y que tienen que ver sobre todo con las Fuerzas Armadas”.
Durante décadas, militares, policías y paramilitares reprimieron violentamente a quienes protestaron pacíficamente contra el gobierno. Los que ordenaron que se matara o hiriera a tantos mexicanos, nunca respondieron por sus crímenes.
Espero que AMLO, a diferencia de sus antecesores, permita que los soldados, guardias nacionales y policías que cometan cualquier delito sean denunciados, enjuiciados y castigados; que haya “cero impunidad”.
CADENA DE FRIO NO PODRÁ FALLAR EN
DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS CONTRA COVID-19
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró ayer, durante la entrevista que le concedió a Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, que es muy probable que durante el primer trimestre del año entrante ya estén disponibles una o más vacunas contra el COVID-19.
Lo anterior no significa que durante los primeros tres meses de 2021 esté alguna en México porque su fabricación y distribución en cantidades masivas llevará tiempo.
Ebrard explicó que en una primera etapa, llegarán las que sean necesarias para vacunar hasta el 20% de la población, es decir, a casi 26 millones de personas, empezando por los trabajadores del sector salud que atienden a quienes se enferman de COVID-19.
Ebrard no lo dijo, pero la distribución de las vacunas será una pesadilla logística debido a que, como lo explica la Organización Mundial de la Salud, deberán distribuirse correctamente en cuanto a su cantidad, destino y calidad.
De acuerdo con el Dr. Seth Berkley, director ejecutivo de Gavi, la Alianza Mundial de Vacunas: “La entrega eficiente de miles de millones de dosis de vacunas a todo el mundo implicará obstáculos logísticos y programáticos enormemente complejos a lo largo de la cadena de suministro”. Añade que para “garantizar un despliegue mundial eficiente de una vacuna COVID-19 segura y asequible” deben trabajar coordinadamente los gobiernos, los fabricantes de vacunas y las empresas de transporte.
La dimensión de la pesadilla será doble si la vacuna que demuestre ser más eficaz, implica la aplicación de dos dosis, lo cual entonces significará la distribución de casi 52 millones de ampolletas, viales o los que sean los contenedores de cada dosis.
México es un país con una pobre infraestructura y de alguna manera deberán transportarse las vacunas desde el lugar donde se fabriquen hasta los almacenes que habrá en diversas ciudades del país, y luego enviarse a los lugares en donde se les aplicarán a los 26 millones de mexicanos.
El reto por superar consiste en que durante la cadena de distribución, se mantenga refrigerada o congelada cada vacuna. Cualquier falla en esta cadena de frío echará a perder decenas o centenas de miles de dosis.
Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que “una ruptura en la cadena de frío puede significar dosis adicionales para los pacientes, mayores costos para los proveedores y dañar la confianza del público en las vacunas. Más importante aún, los pacientes que se niegan a la revacunación pueden permanecer desprotegidos…”.
CDC explica que “una cadena de frío eficaz se basa en tres elementos principales: 1. Personal bien capacitado, 2. Equipos confiables de monitoreo de temperatura y almacenamiento; y 3. Gestión precisa del inventario de vacunas”.
Para que 26 millones de personas queden debidamente vacunadas, durante los primeros seis meses del año entrante, idealmente, el gobierno federal, los transportistas terrestres, las líneas aéreas, los proveedores de servicios de almacenamiento, los hospitales, clínicas y centros de salud no pueden fallar, porque la salud y hasta la vida de millones de personas estarían en riesgo.
México deberá demostrar que está a la altura de las circunstancias porque, hasta ahora, no lo ha hecho.
EL CIRCO DE CLEVELAND
El martes pasado millones de personas alrededor del mundo vimos el supuesto debate que en Cleveland sostuvieron los dos candidatos a la presidencia estadounidense: el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.
Y digo supuesto porque en vez de ser lo que debió haber sido (una confrontación de ideas y defensa de planes de gobierno) resultó un espectáculo circense dominado por un payaso irrespetuoso que no dejó de hablar ni permitió que los demás lo hicieran.
Trump no respetó una de las reglas que para el evento habían aceptado sus representantes: responder en un máximo de dos minutos las preguntas que le hiciera el moderador y permitir que su oponente también contestara dentro de ese límite de tiempo las que se le hicieran a él.
Lo que presenciamos fue a un tipo que acaparó gran parte de los 90 minutos que duró el evento, que no respondió a la mayoría de las preguntas que se le hicieron, que mintió sin la menor vergüenza cuando presumió de sus supuestos logros o al acusar a Biden o a su hijo Hunter de cometer delitos que nunca fueron probados, y que irrespetuosamente interrumpió a éste apenas empezaba a decir algo.
Pasados no más de 10 minutos del evento quise cambiar de canal, pero por obligación profesional seguí viendo lo que para mi y seguramente para millones fue un espectáculo desagradable que muestra la degradación de la democracia en un país que se jacta de ser el líder del mundo libre.
Peor aún fue ver al jefe de Estado y de gobierno de un país que supuestamente es líder mundial de la democracia, cuestionando la integridad de su propio sistema electoral que, con todo y sus defectos, ha permitido la realización de elecciones federales y locales y transiciones pacíficas del poder.
Estas elecciones se vienen llevando a cabo desde junio de 1777, cuando fue electo el primer gobernador de Nueva York; casi 12 años después, en enero de 1789, George Washington fue electo como el primer presidente del país.
Desde entonces hasta ahora los que perdieron una elección, local o federal, aceptaron su derrota y cedieron su cargo al ganador. Si creyeron que había motivos para impugnar algún resultado lo hicieron utilizando los recursos legales a su disposición.
El martes, Trump insistió nuevamente en que si él pierde la elección de noviembre venidero, será solo porque se cometió un fraude descomunal, sin que le importe que hace una semana el director general del FBI, Christopher A. Wray, declaró ante el Senado que no existe evidencia que avale lo que dice su jefe.
El republicano no solo cuestionó la integridad del sistema electoral sino que se negó a condenar a los grupos supremacistas blancos y ultraderechistas que lo apoyan. Es más, a uno de estos grupos, Proud Boys, los instó a seguir adelante.
Después del evento circense del martes, queda claro que, como un buen populista, Trump hará todo para mantenerse en el poder aunque para lograrlo se enfrenten a balazos sus seguidores y detractores.
La situación se puede volver trágica porque en Estados Unidos hay más armas que personas, algo así como cinco armas por cada cuatro habitantes, incluyendo a menores de edad.
El circo de Cleveland demostró que es probable que, después de casi 250 años, el actual sistema político estadounidense llegue a su fin dentro de unas cuantas semanas.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com