- Hay varios casos de políticos encarcelados y luego exonerados.
- Inversión minera en México disminuyó en 47% durante 2021.
Eduardo Ruiz-Healy
Fue arrestado Jaime Rodríguez, el exgobernador independiente de Nuevo León, lo cual no debe sorprender a nadie ya que su sucesor en el cargo, Samuel García, quien precisamente presentó una denuncia en 2018, cuando era senador por MC, en la que acusó a más de 500 funcionarios de Nuevo León de desviar recursos públicos para recolectar las firmas necesarias para que Rodríguez pudiera ser candidato independiente a la Presidencia.
En 2019 García amplió su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, acusando al entonces gobernador y su gabinete de peculado, daño al patrimonio del estado y colusión.
También ayer, mediante un mensaje que difundió a través de su cuenta de Twitter @samuel_garcias, el gobernador anota que “Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas.
Y aquí ya empezamos”. Su tuit viene acompañado de un video en donde se le ve diciendo: “El que la hizo la paga, quien robó o desvió recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los Corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saqueen a nuestro estado”.
Pero ¿es en serio eso de quien la hace la paga?
Porque en la historia contemporánea de nuestro país es más que evidente que muy pocos pagan por las que hacen. Es más, muchos de los que pasaron años en la cárcel por supuestamente haberla hecho finalmente fueron exonerados.
Por ejemplo, de 2013 a 2019 el exgobernador priista de Tabasco, Andrés Granier, estuvo privado de su libertad después de que el gobierno de su sucesor perredista, el expriista Arturo Núñez, lo acusara de peculado. En mayo de 2019 un juez lo exoneró de todos los delitos que se le imputaban.
Lo mismo le ocurrió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, quien fue acusado de homicidio, enriquecimiento inexplicable, peculado y otros delitos y arrestado por órdenes del sucesor de éste, Ernesto Zedillo, en febrero de 1995. En 2005 recuperó su libertad después de ser absuelto por un tribunal y con el tiempo fue exonerado de todas las acusaciones en su contra.
Claro que hay casos en donde un exfuncionario se va a la cárcel después de confesarse culpable, como es el del exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, quien fue capturado en abril de 2017 después de haberse fugado en octubre del año anterior. En septiembre de 2017 fue condenado a nueve años de cárcel tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero. Podría haberse ido más años a prisión, pero la FGR reclasificó el delito de delincuencia organizada –por el que originalmente había sido acusado– por el de asociación delictuosa, de menor gravedad.
Irónicamente, está el caso de Rodrigo Medina, el gobernador priista que antecedió a Rodríguez en el cargo y fue arrestado el 26 de enero de 2017 por órdenes de éste luego de ser acusado de peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funciones. Pasó 17 horas en la cárcel y fue exonerado en 2018.
¿Cómo será el futuro de Rodríguez? ¿Similar al de Duarte o al de Medina? El tiempo nos lo dirá.
GOBIERNO DE LA 4T Y MINERAS DEBEN
ACORDAR PARA QUE TODOS GANEN
En 2021 la inversión en el sector minero se desplomó 47%, informó ayer José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México. Las inversiones, que fueron de poco más de ocho mil millones de dólares en 2020, cayeron a 4.3 millones en 2021, como lo reportó el diario 24 Horas.
Según él, “ello se debe, en buena parte, a las condiciones actuales de falta de derechos jurídico, de seguridad, de falta de incentivos fiscales para desarrollar como se venía desarrollando anteriormente la exploración y la falta de concesiones mineras en los últimos años”.
Añadió que la política del actual gobierno hacia el sector minero impide que se generen más de 50 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos; que durante los próximos seis años no se inviertan más de 24 200 millones de dólares en nuevas minas, y que por impuestos y derechos no entren al erario 23 500 millones de pesos adicionales cada año.
La actitud del gobierno hacia la minería quedó de manifiesto el 19 de mayo de 2021, cuando la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, dijo en la conferencia de prensa presidencial de ese día: “Hablar un poco de minería también es hablar un poco de desigualdad social (…) el caso del municipio de Mazapil, que principalmente se dedica a minería (…) es el segundo municipio con mayor pobreza en el estado de Zacatecas pese que ahí se encuentran dos mineras muy importantes (…) Nos encontramos conflictos socioambientales causados por esta actividad (…) anteriormente, con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras. Cuando hablamos de contaminación ambiental repercute directamente en la salud de los habitantes. Hay mineras que recurren, que recurrían a métodos ilegales para establecerse y esto ha generado conflictos sociales por violación a los derechos, despojo de tierras y los recursos de las comunidades (…) buscamos que en la minería que funcione en nuestro país contemple lo siguiente: Que respete al medio ambiente. Que consulte a las comunidades y respete su voluntad (…) Que aporte los impuestos justos al aprovechar bienes que son de la nación y de todo el pueblo de México”.
Albores dijo, con orgullo, algo que su jefe ha venido diciendo desde que es presidente: “durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones para minería…”.
Ignoro si todas las compañías mineras son o eran tan malas como las describió Albores, pero es un hecho comprobable que algunas de ellas han sido denunciadas desde tiempo atrás por violar leyes ambientales, laborales y atentar contra los derechos humanos de muchos mexicanos.
Como sea, tal vez es hora de que el gobierno federal empiece a otorgar nuevas concesiones cuidando en todo momento que las mineras obedezcan las leyes y cumplan con las condiciones que estableció Albores hace casi un año. Si no, que sean sancionadas, que para hacer cumplir la ley están las autoridades.
Nuestro país requiere de inversiones que generen empleos bien pagados y la minería puede contribuir a ello. El gobierno de la 4T tiene que llegar a acuerdos con el sector para que todos ganen: trabajadores, comunidades, empresas y gobierno.
Ojalá lo hagan antes de que concluya este sexenio.
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