Normas incumplidas desde septiembre de 1982 (balazo)
Afloran actos de corrupción y omisiones en procesos de construcción.
Partidos políticos ¿Cuál es la verdad en su propuesta de devolver recursos?
Sólo fue respuesta a la exigencia ciudadana expresada en redes sociales.
Eliminar diputaciones plurinominales es plan con maña del partido tricolor.
Eduardo Ruiz-Healy
Después del terremoto del 19 de septiembre de 1985 se tomaron medidas para prevenir que volviera a repetirse lo que ese día ocurrió. En primer lugar, supuestamente se demolieron todas las edificaciones que quedaron irremediablemente dañadas. En segundo, supuestamente se reforzaron estructuralmente aquellas casas y edificios que lo requerían. En tercer lugar, las autoridades federales y locales emitieron nuevas normas de construcción diseñadas para que las edificaciones que a partir de entonces se construyeran resistieran sacudidas similares o más fuertes que el de 1985.
Parece ser que en los últimos 32 años no se demolieron todos los edificios que debían demolerse, ni se reforzaron todos los que así lo requerían, ni todas las nuevas edificaciones se apegaron a las normas de construcción más estrictas.
Afortunadamente, estas infracciones a la ley fueron mínimas. De haber sido generalizadas estaríamos lamentando la muerte de miles y no de 318 de personas (180 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en México, seis en Guerrero y una Oaxaca).
Muchas construcciones, especialmente fuera de la CDMX se vinieron abajo o resultaron gravemente dañadas debido a su antigüedad. Este es el caso de muchas iglesias, ex haciendas, ex conventos y edificaciones que fueron construidos hace cien años o más. Aquí sólo nos queda ver la manera de reconstruir las que sean rescatables, pero utilizando métodos modernos y no, como lo exige muchas veces e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con la misma tecnología que se usó hace siglos y hoy es obsoleta.
CONSTRUCCIONES A LA ANTIGUITA
Muchas casas, especialmente en poblaciones medianas y pequeñas y zonas rurales, se cayeron o dañaron gravemente porque fueron construidas por sus dueños sin la participación de profesionales en la materia y sin la menor supervisión de la autoridad municipal o estatal. De ahora en adelante, dichas obras de autoconstrucción deberán ser supervisadas por las autoridades para que cumplan con las normas mínimas.
En la CDMX se cayeron unos 30 edificios y otros 3,000 resultaron seriamente dañados. En otras zonas urbanas importantes también hay estructuras afectadas. En todos estos casos debe investigarse qué es lo que sucedió y en el caso de incumplimiento de las normas de construcción deben ser castigados todos aquellos que resulten responsables.
En las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez es donde más daños hay. Es evidente que quienes gobernaron desde septiembre de 1985 a esas y otras delegaciones afectadas descuidaron su responsabilidad de verificar que las nuevas construcciones se levantaran de acuerdo con las nuevas normas y de que las que existían antes de 19 de septiembre de ese año fueran seguras.
Conforme transcurren los días se va sabiendo por que se cayeron tantos edificios en la Ciudad de México durante y después del sismo del martes pasado. También van conociéndose los nombres de algunos de los responsables.
EL OTRO SISMO
El temblor del martes de la semana pasada no fue el único que ocurrió en México. Todo sentimos el que derrumbó y dañó a miles de edificaciones y mató a casi 300 personas; quienes pertenecen a la clase política sintieron el que afectará el financiamiento público de los partidos y las campañas electorales de 2018.
Inmediatamente después del temblor del 19 de septiembre se expandió a través de las redes sociales una exigencia de miles de mexicanos: que los partidos políticos regresen el dinero que para sus actividades y campañas les da el Instituto Nacional Electoral (INE) para que dediquen a ayudar a los damnificados y reconstruir las zonas afectadas.
A principio, los dirigentes de los partidos hicieron como que no escuchaban a quienes a través de sus impuestos financian su operaciones y campañas. Pero la fuerza de la exigencia y éxito de varias peticiones presentadas a través del sitio change.org los convenció de que debían dar una respuesta.
Una petición, para “que los partidos políticos donen la mitad de sus recursos para los damnificados”, dirigida a la Cámara de Diputados, sumaba un millón 393 mil 851 firmantes a las 13.00 horas (Centro) de ayer. Otra, que solicita que los partidos políticos donen “los casi 7 mil millones a víctimas del Sismo 7/19 Sept.”, dirigida al INE, era apoyada a la misma hora por un millón 823 mil 041 firmantes. Sólo a estas dos solicitudes/exigencias nos habíamos adherido hasta esa hora 3 millones 216 mil 84 personas.
El PRI y PVEM le solicitaron ayer al INE que el 100% del financiamiento que aún le tocaba recibir este año sea entregado a los damnificados. También ayer, el PRI presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional para acabar, para siempre y a partir de 2018, con el financiamiento público de los partidos.
PAN, PRD y MC anunciaron que solicitarán que el 100% del dinero presupuestado en el INE para sus partidos también sea dedicado a los damnificados y a la reconstrucción de las zonas dañadas. También, que presentarán una iniciativa de ley para eliminar totalmente el financiamiento público a los partidos
El dueño de Morena, después de que anunciara que estaba dispuesto a entregar el 20% de los recursos que recibe del INE, decidió sumarse a los demás dirigentes partidistas y anunció que su partido regresará el 50% del gasto de las campañas de 2018 para que ese dinero vaya a los damnificados.
Los movimientos telúricos del 7 y 19 de este mes mataron a personas y destruyeron propiedades e infraestructura. También podrían causar que el financiamiento público a los partidos sea, muy pronto, algo del pasado.
Un dicho popular dice que “No hay mal que por bien no venga”. Tal vez de las tragedias de los días 7 y 19 pasados surja un sistema electoral menos costoso para los mexicanos.
NO ELIMINAR LEGISLADORES; SI REDUCIR SUS SUELDOS Y GASTOS
¿Como estaría integrado hoy el Senado si en las elecciones de 2012 solamente se hubieran electo a 64 senadores? Por 30 priistas, 16 panistas, 11 perredistas, seis verdes y un petista. Es decir, la alianza PRI-PVEM tendría, con 36 legisladores, la mayoría de la Cámara Alta. Esto, a pesar de que los candidatos del PRI sólo obtuvieron el 31.25% de los votos y los del PVEM el 5.75%, lo que significa que con el 37.0% del voto popular a su favor ambos partidos tendrían el control.
¿Y cómo estaría conformada la Cámara de Diputados si en las elecciones de 2015 sólo hubiéramos elegido a 300 diputados de mayoría? Por 155 priistas, 56 panistas, 29 verdes, 28 perredistas, 14 morenistas, 10 emeceistas, seis petistas, un aliancista y un independiente. En este caso, el PRI y sus aliados del PVEM y PANAL tendrían, con 185 legisladores, una mayoría y ejercerían el control de la Cámara Baja después de que sus candidatos solo ganaran el 39.81% de los votos emitidos el día de la elección (29.18% los del PRI, 6.91% los del PVEM y 3.72% los del PANAL).
El PRI y sus aliados controlarían ambas cámaras legislativas y si bien no podrían lograr modificar la Constitución sí podrían aprobar cualquier nueva ley o reformar alguna existente.
PLAN CON MAÑA
La propuesta priista de eliminar diputados (tanto federales como locales) y senadores plurinominales y senadores de primera minoría es atractiva ya que, según el PRI, le ahorraría al país 11,600 millones de pesos, dinero que podría dedicarse a la reconstrucción.
Pero también es una propuesta tramposa porque, sin decirlo, pretende darle el control del Poder Legislativo al PRI en caso de que este partido obtenga en 2018 una votación similar a la de 2015. Así, en el Congreso el PRI podría modificar o nulificar cualquier iniciativa de ley que un presidente no priista sometiera a cualquiera de las cámaras legislativas.
Si de ahorrar dinero se trata, tal vez sería bueno que el PRI y los demás partidos aceptaran reducir el altísimo costo que a los mexicanos nos representan los poderes legislativos, tanto el federal como los de los estados. En lugar de reducir el número de diputados, ¿porqué no reducir drásticamente sus sueldos, viajes, gastos de representación, cantidad de personal a su servicio y el número de asesores externos que contratan? ¿por qué no obligarlos a que paguen de sus propios bolsillos sus vehículos, celulares, computadoras, laptops, tabletas y seguros médicos y de vida, en caso de que no quieran disfrutar de los servicios que por ley les toca recibir en el ISSSTE?
Si un legislador federal que hoy percibe unos 17,750 dólares mensuales ganara lo que su colega español, 5,082 dólares, el ahorro anual sería de casi 2,000 millones de pesos.
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