Eduardo Ruiz-Healy
Para el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, el amor y la amistad brillaron ayer por su ausencia porque fue el día en que estaba obligado a comparecer ante el juez de control federal Marco Antonio Fuente para responder a la acusación que contra él hizo el exdirector general de PEMEX Emilio Lozoya, quien asegura que le entregó un soborno de 6.8 millones de pesos para que votara a favor de la Reforma Energética aprobada por el Congreso Permanente en 2013.
En su denuncia, el hoy preso Lozoya, afirmó que “Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya”. El dinero en efectivo supuestamente se le entregó a Osiris Hernández, quien era secretario particular del entonces diputado federal panista.
La comparecencia de ayer originalmente debería haberse efectuado el 4 de octubre de 2021, pero se prorrogó varias veces por solicitud de Anaya. Sin embargo, la de ayer era improrrogable y su abogado, Eduardo Aguilar, le dijo al juez que no sabía por qué su cliente no llegó y pidió aplazarla para otro día, siendo denegada su solicitud.
Fuente le dijo al representante de la Fiscalía General de la República (FGR) que podría solicitar una orden de aprehensión en contra de quien pronto será considerado prófugo de la justicia.
Lo que me llama la atención de este caso que la FGR sólo ha actuado en contra dos de los muchos exfuncionarios que Lozoya acusó de ser corruptos.
Los señalados son:
Carlos Salinas de Gortari, quien supuestamente uso sus influencias para que PEMEX indemnizara con 15 millones de dólares a la empresa Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializadas (TRESE), vinculada con un hijo del expresidente.
Felipe Calderón Hinojosa. Supuestamente vendió en condiciones desventajosas para PEMEX la planta Etileno XXI a Braksem, filial de Odebrecht. En su denuncia, Lozoya anotó que ““las voces que representaban los intereses de la Nación fueron avasalladas por instrucciones de Felipe Calderón Hinojosa e instrumentalizadas por José Antonio Meade Kuribreña, como secretario de Energía; Ernesto Cordero y José Antonio González Anaya, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los años 2011 y 2012”.
Enrique Peña Nieto. De acuerdo con Lozoya, el expresidente organizó junto con Luis Videgaray un “aparato organizado” para enriquecerse a costa de PEMEX. Además, dice que ambos estuvieron de acuerdo en que se recibieran los sobornos de Odebrecht.
Los senadores panistas Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco García Cabeza de Vaca [hoy gobernador de Tamaulipas] y el priista David Penchyna Grub, supuestamente fueron sobornados con 97.1 millones de pesos para votar a favor de la Reforma Energética. Lavalle fue encarcelado el 9 de abril del año pasado.
Carlos Treviño Medina, también exdirector de PEMEX, recibió un soborno de 4 390 000 pesos.
Las preguntas obligadas son: ¿Por qué la FGR sólo ha actuado hasta ahora contra Lavalle y Anaya? ¿Porque siguen tan tranquilos los demás, especialmente Videgaray, quien de acuerdo con la FGR es el que le envió a Lozoya 10 millones de dólares procedentes de Odebrecht para sobornar a los legisladores? ¿Es este un caso que obedece a razones puramente políticas?
SENADORES DEL PAN OLVIDAN LO
QUE MÁS PREOCUPA A MEXICANOS
En este espacio me al reprobable comunicado emitido también ayer por un grupo de senadores morenistas.
Ahora bien, los del PAN también nos dejaron ver ayer que lo que menos les interesa es legislar o proponer estrategias que contribuyan a resolver los problemas que el gobierno de AMLO no ha sabido, podido o querido enfrentar.
¿Qué es lo que ayer hicieron los senadores panistas?
Interrumpir la sesión que estaba programada para exigir que se debatiera el tema de la casa en donde vivió José Ramón López Beltrán, en Houston (Texas).
Para armar su escándalo, los panistas colocaron al frente del salón de sesiones una enorme maqueta, pagada claro está con nuestros impuestos, de la ahora conocida Casa Gris, incluida la larga alberca que en ella hay.
Su vicecoordinadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, le dijo a la presidenta de la Cámara, la morenista Olga Sánchez Cordero: “No traten de tapar el sol con un dedo. Hay una corrupción que lastima a los mexicanos, que violenta el Estado de Derecho. Urge que este tema se aborde en el Senado de la República; 19 días y el Senado ha estado callado. No pueden ocultar la verdad. La verdad es que la familia del presidente tiene privilegios(…) Ustedes tienen su ‘Casa Gris’ y no son capaces de abordar este tema”.
Los del PAN exigían que se discutiera el tema a pesar de que la mayoría de MORENA y sus aliados votaron en contra de ello y a favor de seguir con el orden del día antes aprobado.
La actitud del PAN causó que los senadores dejaran de trabajar durante tres largas horas.
Los panistas han concluido que López Beltrán es un corrupto, con base solamente en una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción. Al hacerlo actúan igual que el gobierno de la 4T que ha decidido perseguir a Ricardo Anaya y a Jorge Luis Lavalle con base en una acusación hecha por Emilio Lozoya. Olvidan que en un Estado de Derecho todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
¿Realmente creen los senadores del PAN que el tema que más lastima a los mexicanos es el de la Casa Gris? ¿No creen que hay cosas que les importan más a las personas, como son: la seguridad; el aumento de precios; la pobreza alimentaria; la crisis educativa porque muchos niños y jóvenes ya no pudieron regresar a la escuela; los miles de huérfanos que han dejado la pandemia y la guerra entre las mafias; las enfermedades y muertes por falta de medicamentos y acceso a los servicios de salud; las secuelas de la pandemia por el COVID Largo y su impacto en el mercado laboral y los servicios médicos; los riesgos que entraña para la estabilidad de la economía y los efectos que tendrá en nuestra vida personal una posible crisis a final de sexenio, los salarios exiguos y muchos otros más?
Con senadores como los de la actual legislatura, no debe sorprendernos que nuestros “representantes populares” sean más rechazados que los policías municipales. Otro día comentaré sobre los del PRI, PES, PT, PVEM y los dizque independientes.
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