Jessica Xantomila / La Jornada
iudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el acuerdo por el que continúa con el proceso de revocación de mandato, luego de que la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenaran hacerlo, tras suspenderlo temporalmente bajo el argumento de insuficiencia presupuestaria.
En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que si bien se buscarán hacer los ajustes necesarios para obtener más recursos de manera interna para dicho ejercicio de participación directa, no se pondrá en riesgo “ni las atribuciones constitucionales que tiene este instituto ni sus obligaciones legales ni ninguna de sus obligaciones constitucionales y legales y estatutarias en materia laboral”.
Resaltó, además, que en dado caso lo resuelto por el TEPJF abre la puerta para acudir a la Secretaría de Hacienda para solicitar una ampliación presupuestal.
“La revocación de mandato continúa en sus términos, hay un diferendo judicial que no ha sido resuelto en su sustancia por la SCJN y mientras ello ocurre, el INE seguirá con los recursos que hoy dispone, tomando las medidas conducentes hoy y en las semanas por venir” para realizar este mecanismo de participación directa con los recursos que fueron proveídos y con los que se logren generar, dijo.
También, resaltó que las decisiones del INE “venturosamente, y de hecho se tomaron para eso, fueron llevadas a instancias jurisdiccionales para que pudiera aclararse un diferendo que se ha venido suscitando por la insuficiencia presupuestal respecto de lo solicitado por el INE en este llamado prespuesto precautorio para la realización de una eventual revocación de mandato y lo autorizado por la Cámara de Diputados”.
En la discusión del acuerdo, tanto los consejeros Martín Faz como Carla Humphrey destacaron que es momento de encontrar “nuevos, distintos, novedosos y hasta extraordinarios procedimientos” que permitan continuar con el ejercicio de revocación de mandato en las condiciones presupuestales actuales.
Faz, quien se separó de alguno de los párrafos del acuerdo por enmarcarse “una visión parcial y no de la pluralidad de opiniones de quienes integramos el Consejo General”, mencionó que se requiere “ahondar con la suficiente profundidad y tiempo en el análisis de los diversos escenarios, que al interior de este colegiado algunos de sus integrantes hemos puesto sobre la mesa y que desde mi perspectiva no han sido hasta el momento lo suficientemente abordados”, como los estándares de calidad, que se han aprobado a partir del aprendizaje en los procesos electorales y los mandatos jurisdiccionales bajo condiciones presupuestarias óptimas, como ejemplo -dijo- la estrategia de capacitación o la determinación de utilizar papel seguridad en la impresión de documentación electoral.
Por su parte, Humphrey consideró que hay condiciones para avanzar con el proceso de revocación de mandato, al tiempo que indicó que el haberlo pospuesto de manera temporal, derivó en la suspensión de 49 procesos que a su vez suspendieron más de 190 actividades específicas, como la generación de documentación y material, gestión de sistemas informáticos en materia de organización, integración de órganos de recepción de votación, preparación y ejecución del cómputo.
Los representantes de Morena, el diputado César Hernández, consejero del Poder Legislativo, y Mario Llergo propusieron generar ahorros a través de los fideicomisos “creados para atender a la burocracia dorada”.
Hernández conminó al Consejo General “a que escudriñen respecto de los recursos que pueden disponer, y así observen que existen por lo menos 2 mil 602 millones 963 mil 532 pesos entre ingresos adicionales y fideicomisos que se pueden extinguir”. Estos, dijo, se encuentran en los rubros: “ingresos adicionales del INE por convenios con los Oples, fondo para atender el pasivo laboral, fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para el mejoramiento de los módulos de atención ciudadana del instituto, calculando el salario individual se proyecta que un descuento del 40 por ciento para titulares, y 10 por ciento para el resto de las plazas; seguro de separación 2022, gastos médicos mayores”.
Por otra parte, previo a la votación del acuerdo, el consejero presidente Lorenzo Córdova, si bien agradeció las muestras de respaldo, solidaridad y de condenan “de los usos autoritarios del derecho, de la criminalización de la diferencia”, ante la denuncia penal que interpuso la presidencia de la Cámara de Diputados contra los consejeros que votaron por posponer la revocación de mandato, dijo que no basta con el desistimiento, “porque los delitos contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy hay carpetas abiertas y se están haciendo indagatorias.
“Ojalá que esta congruencia con el estado de derecho también abarque a las autoridades ministeriales y que esto que fue un despropósito rápidamente se conduzca nuevamente al orden y vigencia del estado constitucional de derecho porque hoy todavía hay carpetas que criminalizan la diferencia y el ejercicio de las funciones de algunos servidores públicos”, aseguró.