Armando G. Tejeda, corresponsal / La Jornada
Madrid. Repsol y la entidad financiera CaixaBank están siendo investigadas e imputadas por los delitos de cohecho y revelación de secretos por el espionaje ilegal que diseñaron para impedir una operación empresarial entre 2011 y 2012, que consistía en la alianza estratégica entre la paraestatal mexicana Pemex con la constructora ibérica Sacyr para hacerse con el control ejecutivo de Repsol. La operación, impulsada desde México por los ex directores de Pemex, Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya Austin, fracasó y se saldó con la virtual salida de la paraestatatal mexicana del accionariado de Repsol, de la que actualmente sólo posee un testimonial 1.69 por ciento.
Entre 2011 y 2012 hubo una guerra abierta entre algunas de las empresas y los ejecutivos más relevantes y poderosos en España. En medio de la batalla estaba Pemex.
Primero con el beneplácito del presidente Felipe Calderón y después con el impulso tanto de Lozoya Austin como de su entonces jefe, Enrique Peña Nieto,
Pemex y Sacyr, con su entonces presidente Luis del Rivero al frente, buscaban controlar más de 30 por ciento de las acciones de Repsol, pero la operación fracasó y provocó la destitución fulminante de Del Rivero, quien fundó la compañía, la cual estaba hipotecada con una deuda multimillonaria con la banca, y la salida abrupta y traumática de Pemex del accionariado de Repsol, una empresa a la que se había ligado desde 1987.
Ahora la justicia investiga las triquiñuelas que utilizaron Antonio Brufau, todavía presidente de Repsol, e Isidro Fainé, actual máximo ejecutivo de CaixaBank, para impedirla. Sobre todo la justicia tiene el ojo puesto en la contratación de los servicios del ex comisario de policía, José Manuel Villarejo, un oscuro personaje que ha realizado trabajos ilegales de espionaje para numerosos líderes políticos, empresarios y medios de comunicación. Recientemente fue liberado, después de permanecer tres años y medio en prisión, pero está a la espera de que se resuelvan los más de 30 expedientes que tiene abierto en los tribunales, entre ellos el que ahora investiga la Audiencia Nacional de España, en concreto el magistrado Manuel García Castellón, y que confirmaría los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.
El juez citó a declarar el próximo 26 de julio ante el juzgado a los dos ejecutivos españoles, que deberán responder sobre los numerosos y sólidos indicios, avalados además por una profusa investigación de la Fiscalía Anticorrupción española, que confirmarían el espionaje que utilizaron para impedir la operación de Sacyr y Pemex, sobre todo con las escuchas ilegales telefónicas al número privado de Luis del Rivero. La comparecencia se suma a la imputación como personas jurídicas tanto de Repsol como de CaixaBank, que se suman así a Iberdrola, como la otra gran multinacional española imputada por este tipo de prácticas ilegales. En el caso de la eléctrica por haber realizado vigilancia, seguimiento y acoso tanto a rivales empresariales como a periodistas y líderes ecologistas que se oponían a alguno de sus proyectos eléctricos. La Fisclía acreditó que los ex jefes de seguridad de Repsol (Rafael Araujo) y de CaixaBank (Miguel Ángel Fernández Rancaño) expusieron que desconocían por completo que Villarejo estaba en activo en la policía y que el objetivo de este encargo de espionaje era frenar cualquier reacción de Del Rivero contra Antonio Brufau toda vez que sus intenciones se frustraron. El costo del “servicio”fue de 413 mil euros (10 millones de pesos).
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol aseguró que durante los hechos investigados “ni hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna”. Y advirtió que las instrucciones judiciales no afectarán a la presidencia de Brufau de la empresa. “La condición de investigada en la instrucción judicial no tiene consecuencia alguna sobre la sociedad, su gobernanza o actividad”, explica el comunicado.
La presencia de Pemex en Repsol se remonta a 1987. Fue una operación que llevó a cabo el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, pero que culminó, a principios de la década de los 90, su sucesor en el cargo, Carlos Salinas de Gortari, quien justificó el desembarco de Pemex en una petrolera española con el afán de acceder a nueva tecnología que garantizara una mejor exploración y explotación de los recursos naturales mexicanos. Durante varios lustros Pemex tenía 5 por ciento de las acciones, lo que, sin ser uno de los socios de referencia, le permitía participar de las decisiones del consejo de administración y conocer de primera mano las principales estrategias de Repsol en América Latina.