Víctor M. Quintana S./La Jornada.
El agua del río Conchos ya ha propiciado enfrentamientos entre grupos sociales en México y puede generar otro entre entidades federativas. Ante la demanda del gobernador de Tamaulipas a la Conagua de que se extraiga agua de las presas chihuahuenses para auxiliar a su estado agobiado por la sequía, el PAN y el PRI pretenden ahora enarbolar la bandera del agua de Chihuahua para defenderla de las supuestas ambiciones políticas de Américo Villarreal, golpear a la 4T, y de paso lucrar políticamente.
Pero fueron justo los gobiernos del PAN y del PRI los que aceptaron entregar de la cuenca del río Conchos un volumen de agua mayor al establecido en el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944. En dicho tratado se estimó el escurrimiento virgen de la cuenca del Conchos en 2 mil 45 millones de metros cúbicos anuales. Se calculó que para usos futuros se podrían utilizar mil 275 millones de metros cúbicos y los restantes 770 millones deberían dejarse escurrir al río Bravo. De este volumen una tercera parte es para Estados Unidos y dos tercios para la parte baja de la cuenca del río Bravo en México.
Sin embargo, debido a la severa sequía a finales de los años 90 que impidió que México pagara los volúmenes de agua estipulados en el tratado, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) propusieron a los gobiernos de Fox y Bush un acuerdo para eficientar y el riego de tres distritos de la cuenca del Conchos, ahorrar agua y garantizar el pago a Estados Unidos. Para esto se invirtieron mil 532 millones de pesos en la modernización de tres distritos en tecnificación del riego, revestimiento de canales, nivelación de tierras, etcétera. La inversión se costeó en 72 por ciento con recursos federales y en 28 por ciento con recursos del Banco de Desarrollo de América del Norte. Estados Unidos no aportó nada. El acuerdo implicó además que, de los mil 44 millones de metros cúbicos del agua para riego en los tres distritos, se comprometieran a ahorrar por tiempo indefinido 396 millones –casi 40 por ciento– para entregarlos al río Bravo, además del promedio de 770 millones de metros cúbicos anuales pactado en el tratado de 1944. Esto se plasmó en el Acta 309 de la CILA y puede consultarse en: https://rb.gy/4cic3..
Los grandes promotores del acuerdo fueron el gobierno de Vicente Fox y el gobernador priísta de Chihuahua, Patricio Martínez. Los productores de la cuenca participaron en varias reuniones y manifestaron su acuerdo, aunque siempre externaron su inconformidad sobre destinar el agua ahorrada al pago a Estados Unidos.
Aunque se efectuaron la inversión y las obras estipuladas en el Acta 309, Chihuahua mantiene un déficit permanente con el agua que debe entregar al río Bravo para Estados Unidos, por cuatro razones principales.
Primera: desde antes de la firma del Acta 309 la Conagua otorgó concesiones de extracción de la cuenca del Conchos mucho más allá del volumen debido: los cuatro distritos de riego de la cuenca utilizan un volumen de mil 860 millones de metros cúbicos anuales, casi 80 por ciento más de lo pactado originalmente.
Segunda: numerosos puntos de extracción ilegal de las aguas a lo largo de la cuenca no han sido eliminados por la Conagua. Se estima que 20 mil hectáreas se están regando sin concesión o registro de agua, lo que requeriría unos 230 millones de metros cúbicos adicionales.
Tercera: nunca funcionó el Comité de Evaluación y Seguimiento que debería haber vigilado la tecnificación del sistema de riego, los ahorros del agua, y en general la gobernanza de ésta. Así se propició, por ejemplo, que muchos productores dejaran de utilizar la tecnificación, pues no veían ninguna ventaja en el pago de cuotas de riego con relación a quienes seguían usando métodos con alto desperdicio de agua.
Finalmente, la deforestación de los bosques de la Sierra Tarahumara que contribuye al cambio climático y disminuye el caudal aportado a la cuenca del Conchos. Paradójicamente, parte de la madera cortada y comercializada ilegalmente va a parar a las madererías y a la industria mueblera de la región de Delicias.
Esto lo saben e incluso lo disfrutan como beneficiarios algunos de quienes se dicen ahora defensores del agua. Fueron gobiernos de PRI y PAN los que comprometieron el agua del Conchos adicional al tratado. Son los intereses privados que ellos entonces no desmantelaron y que ahora apoyan, los que impiden se cumplan los compromisos de entrega.
Es la Conagua de antes y de ahora la que no acaba con sobreconcesiones y extracciones ilegales, cuando si lo hiciera, habría agua suficiente para el bajo río Bravo. Y de paso se quitarían las banderas a quienes, faltos de causas, pretenden fabricar desde el centro sur de Chihuahua, candidaturas a diputaciones, senadurías o gubernaturas… de agua.