Violencia contra indígenas en Chiapas; ocho personas desaparecidas
Caravana de jornaleros de San Quintín agredidos por policías en Tecate
Entre enero y marzo de 2017, se registran 112 muertes maternas, denuncian
Estados defraudan a sector Salud; revela informe de la ASF.
Zósimo Camacho/Nancy Flores/Érika Ramírez
En las últimas semanas, cuatro pueblos indígenas (de las etnias ikoot –o huave–, purépecha, nahua y ñhañú –u otomí–) han sufrido agresiones, algunas armadas, por encontrarse en resistencia y en defensa de sus territorios.
El Congreso Nacional Indígena exige justicia para el ikoot San Francisco del Mar (Oaxaca), el purépecha Caltzontzin (Michoacán), el nahua Santa María Ostula (Michoacán) y el ñhañhu San Ildefonso Amealco (Querétaro).
“La guerra contra nuestros pueblos no cesa”, señalan mediante un comunicado emitido este 9 de marzo, el Congreso Nacional Indígena (CNI)
San Francisco del Mar, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, fue despojado de 15 mil hectáreas para dar paso a proyectos camaroneros y eólicos. En la asamblea de la comunidad, celebrada el pasado 6 de marzo y en la que se “aprobó” el uso del territorio para estos megaproyectos, se suscitaron hechos de violencia, que incluyeron el uso de armas de fuego, para imponer la cesión de las tierras.
En Caltzontzin, Michoacán, tropas policiacas estatales y federales sitiaron y tomaron la comunidad. Desde un helicóptero arrojaron bombas lacrimógenas y los efectivos allanaron domicilios para detener a 17 personas, de las cuales 14 permanecen en prisión hasta el día de hoy. Los purépechas protestaban por la restitución de su territorio comunal. En el comunicado del CNI se señala que los policías “ingresaron a diversos hogares en la comunidad sin orden de cateo, causando destrozos, violando los derechos humanos por defender los privilegios de la empresa trasnacional ferrocarrilera Kansas City Southern.
También en Michoacán, pero en la costa nahua, la comunidad de Santa María Ostula sufre agresiones constantes de la delincuencia organizada. De acuerdo con el CNI, es clara la intención de los sicarios de “desarticular la organización autónoma y la seguridad comunitaria” para imponer el terror y el saqueo de los recursos naturales y comunitarios. Los indígenas denuncian que el pasado 5 de febrero, cinco policías comunitarios fueron secuestrados por efectivos de la Armada de México. Los marinos, denuncian, entregaron a los nahuas a integrantes de la delincuencia organizada. Desde entonces nada se sabe de ellos.
En San Ildefonso, Amealco, Querétaro, fue detenido el ñhañhu Raymundo Pascual Gracía, por participar en las protestas contra el aumento de los combustibles. Además las comunidades de Las Galeras y La Peñuela, de la misma etnia, fueron despojadas de las tierras del Fundo Legal.
El CNI destaca que a pesar de los ataques, la lucha ejemplar de estos pueblos indígenas sostiene “nuestra esperanza, rebeldía y dignidad”.
También señala que los pueblos naciones y tribus que conforman el CNI “seguimos organizándonos, analizando y tomando acuerdos colectivos para la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno”.
DESALOJO VIOLENTO EN COMUNIDAD INDÍGENA CHIAPANECA
Unas 300 personas fueron desalojadas del predio Ricardo Flores Magón, en San Cristobal de las Casas, Chiapas, por un grupo de, aproximadamente, 800 policías estatales. Hasta el momento, 8 personas permanecen en calidad de desaparecidas.
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) y la Coordinación Regional Norte-Bosques de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH-Norte Bosques) recibieron la denuncia de que alrededor de las 7:30 horas, los policías se trasladaron en decenas de camiones y camionetas, usaron un helicóptero y detuvieron “arbitrariamente” a las personas que se encontraban a su paso.
A través de un comunicado, informan que no hubo previo aviso o notificación. Los policías estatales detuvieron a las personas, sin portar ninguna orden o documento que los amparara para realizar tal acción. Además, “agredieron a los pobladores sin importarles que fueran mujeres y niños, que no les permitieron retirar sus pertenencias”, dice el comunicado.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron “que el gobierno de Chiapas, haya ordenado un despliegue policíaco usando de manera desproporcionada la fuerza pública en contra de personas que se autodenominan como colonos del predio Ricardo Flores Magón, sin agotar previamente el diálogo”.
Exigieron a los representantes del estado, adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos y que los operativos se realicen con respeto a los derechos humanos y en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
ATAQUE POLICIACO A CARAVANA DE JORNALEROS DE SAN QUINTÍN
Organizaciones indígenas, defensoras de derechos humanos y de trabajadores, así como investigadores universitarios, reprueban la agresión de la que la caravana de jornaleros de San Quintín fue objeto en la autopista Tecate-Mexicali.
Los hechos ocurrieron a la altura de Rosa de Castilla, Baja California. Mediante un comunicado, y según la información recabada por integrantes de la caravana –quienes cuentan con una videograbación de lo ocurrido–, las organizaciones informan que fueron elementos uniformados de la policía municipal los que retuvieron arbitrariamente a los jornaleros.
“En el video se aprecia que la patrulla P1964 los estuvo siguiendo por varios minutos hasta que hizo la detención de la unidad; en el momento en que descienden los jornaleros, uno de los uniformados sacó su arma de cargo.”
Los uniformados trataron de impedir que la caravana siguiera su trayecto. Utilizaron distintos argumentos, desde que el chofer de un autobús no había pagado el combustible hasta que estaban bloqueando la carretera. Amenazaron con realizar aprehensiones y uno de los uniformados siempre mantuvo desenfundada su arma de cargo. Finalmente les permitieron seguir el paso sin que se supiera con claridad cuál había sido el motivo del acoso policiaco.
Las organizaciones condenan “enérgicamente las agresiones realizadas a la caravana y [demandan] que [los jornaleros] sean tratados con forme al estado de derecho y el respeto a sus derechos humanos”. Asimismo, exigen que los jornaleros sean escuchados “en la demanda de sus derechos por las autoridades competentes y por los empleadores nacionales y trasnacionales en México”.
El documento está firmado por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, integrada por el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública; Enlace, Comunicación y Capacitación; Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes; Centro de Desarrollo Indígena Loyola; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Frente Indígena de Organizaciones Binacionales; Respuesta Alternativa; Consejo Directivo Mixteco Alto Sonora, y por los investigadores Antonieta Barrón, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Celso Ortiz, de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.
Luego de un encuentro binacional de 2 días, los jornaleros de San Quintín, Baja California, rehacen su caravana que, en un recorrido de 10 días por ocho estados de la República, los traerá a la Ciudad de México.
El objetivo del periplo es exigir que se respeten sus “derechos más elementales y hacer saber a la sociedad mexicana de las malas condiciones de trabajo y de injusticia” para ellos y sus familias; y, en general, “las situaciones de explotación laboral” a las que se encuentran sometidos en los campos agrícolas de San Quintín.
La protesta es organizada por el Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas, cuyo líder es el indígena nu’saavi Fidel Sánchez.
La Primera Caravana Nacional por un Salario Justo de las Jornaleras y los Jornaleros Agrícolas de México inició el 4 de marzo pasado pero durante los días 5 y 6 celebró en la Frontera un encuentro con jornaleros que trabajan en Estados Unidos. Llegará a la ciudad de México el próximo 17 de marzo, donde iniciará a las 9:00 de la mañana el Encuentro Nacional de Jornaleros de México.
ESTADOS DESFALCAN 208 MDP A SALUD MATERNA Y PERINATAL: ASF
México continúa incumpliendo uno de los Objetivos del Milenio impulsados por la Organización de las Naciones Unidas: acabar con las muertes maternas. Tan sólo entre el 1 de enero y el 6 de marzo de 2017, 112 mujeres fallecieron durante el embarazo, el parto y el puerperio, reporta el Observatorio de Mortalidad Materna en México.
A pesar de la urgencia de atender este problema de salud, las entidades federativas habrían desfalcado 208 millones de pesos al programa para la Reducción de la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El monto equivale al 46 por ciento del presupuesto que la federación otorgó en 2015 a los estados para atender los objetivos del programa sanitario, que en total ascendieron a 445 millones 920 mil pesos. Ese año, el Observatorio contabilizó 712 muertes maternas en el país.
El programa buscaba “contribuir a reducir la morbi-mortalidad materna y perinatal, con enfoque de interculturalidad, priorizando grupos de alta marginación y de riesgo”; además, “propiciar el acceso universal de mujeres y hombres en etapas pregestacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal, a servicios de calidad y respetuosos”.
No obstante, en su más reciente informe, la ASF señala que las instituciones de salud de las entidades federativas no gastaron el dinero público en esos objetivos.
En un primer caso, el máximo órgano de fiscalización indica: “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública federal por 143 millones 373 mil 458.81 pesos por concepto de recursos federales reportados como ejercidos por las unidades ejecutoras en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas que no cuentan con la documentación comprobatoria”.
Agrega que las instituciones de salud “sólo presentaron listados de gastos para acreditar la aplicación de los recursos en los conceptos de honorarios, sueldos o ayudas, los cuales se consideraron como procedentes por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para acreditar el ejercicio de los recursos ministrados en 2015 para la operación del programa de acción específico ‘Salud Materna y Perinatal’”.
La ASF también presumió un probable daño al erario por 8 millones 238 mil 925.38 pesos que las unidades ejecutoras de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas que no cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria, ya que sólo presentaron relaciones de facturas para acreditar el ejercicio de los recursos ministrados en 2015 para el programa Salud Materna y Perinatal.
Otro probable desfalco ascendió a 34 millones 240 mil 107.85 pesos, y fue “por concepto de recursos federales ministrados por la Secretaría de Salud –mediante el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva– a ocho entidades federativas (Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Tabasco y Veracruz), las cuales no acreditaron –por conducto de la Secretaría de Salud estatal o su equivalente como unidad ejecutora– que fueron devengados al 31 de diciembre de 2015 en la operación del programa presupuestario ‘Reducción de la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica’ mediante el programa de acción específico ‘Salud Materna y Perinatal’, ni tampoco su reintegro a la Tesorería de la Federación, aunado a que no comprobaron que éstos se encontraban en la cuenta bancaria que abrieron para su administración”.
En otro pliego de observaciones, la ASF señala que el presunto daño al erario fue por 12 millones 7 mil 497.73 pesos “por concepto de recursos federales ministrados por la Secretaría de Salud –mediante el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva– a cinco entidades federativas (Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo), las cuales no acreditaron –por conducto de la Secretaría de Salud estatal o su equivalente como unidad ejecutora– que fueron devengados al 31 de diciembre de 2015 en la operación del programa presupuestario U007 ‘Reducción de la Mortalidad Materna y Calidad en la Atención Obstétrica’, mediante el programa de acción específico ‘Salud Materna y Perinatal’, ni tampoco su reintegro a la Tesorería de la Federación”.
El resto del recurso observado por la ASF también generó pliegos de observaciones, cuyos montos las instituciones de salud estatales tienen que comprobar o devolver.