Presidiarias


Existen en México más de 13 mil mujeres en reclusión.

¿Funcionarán estrategias contra la corrupción en México?

Otorga SCJN más poder a ciudadanos; reconocen labor de Ong

Eduardo Ruiz-Healy

 Por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1975 se declaró que a partir de ese mismo año el 8 de marzo de cada año sería el Día Internacional de la Mujer. Dos años después, la misma Asamblea General resolvió que el 8 de marzo sería el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

Por lo anterior, cada 8 de marzo se conmemora de alguna manera u otra la lucha de las mujeres por disfrutar de los mismos derechos legales, económicos, políticos, sociales, educativos y sexuales que lo hombres.

En México, se celebró ayer el Día Internacional de la Mujer y una buena cantidad de funcionarios y políticos, empezando por el propio presidente Enrique Peña Nieto, encabezaron ceremonias en donde hablaron de lo mucho que se ha hecho a favor de la mujer y de lo mucho que aún falta por hacer para lograr su igualdad plena.

Ignoro si alguien habló sobre el tema de las mujeres encarceladas y de cómo en los últimos años ha aumentado escandalosamente el número de presidiarias.

He aquí unos datos

“En los últimos cinco años, se ha incrementado en un 19.89% el número de mujeres que han sido privadas de su libertad, siendo la principal razón del aumento, su participación en el narcomenudeo. Pero la cifra aumenta hasta en un 52% entre las mujeres indígenas que han sido detenidas por supuestamente haber cometido delitos contra la salud”: Artículo de Julián Germán Molina Castillo publicado el domingo pasado en el sitio web del periódico Milenio.

“La ONU alertó sobre el incremento desproporcionado en la cifra de mujeres encarceladas, aumento que en México ha sido de 400% desde 2007 y que, en buena medida pone de manifiesto el fuerte vínculo entre la violencia contra este sector de la población… al menos 40% de las condenadas por delitos contra la salud, como transporte de drogas entre ciudades o el contrabando de drogas en las cárceles, fueron obligadas a hacerlo por sus novios o conyugues”: Artículo de Luis Rodríguez y Notimex  publicado el 29 de octubre de 2013 en el sitio web del periódico 24 Horas.

“En México más de 13 mil mujeres se encuentran recluidas en algún centro penitenciario, de las cuales 70 por ciento vive en prisiones “mixtas”, de acuerdo con la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos. De las 386 cárceles federales, estatales y municipales que existen en el país sólo 12 son femeniles, en donde vive 29% de las mujeres presas, el resto se ubica dentro de alguno de los 220 centros considerados mixtos”: Artículo de Blanca Juárez publicado en 7 de agosto de 2014 en el sitio web del diario La Jornada.

“Briseño, en 2006, realizó una investigación en las cárceles de Atlacholohaya, Morelos; Guadalajara, Jalisco; Los Mochis, Sinaloa y Cerro Hueco, en Chiapas. Como parte de los resultados de dicho

estudio, elaboró un perfil de la reclusa promedio, la cual, resulto ser una adulta joven, casada o en unión libre, madre de tres hijos o más, con un nivel de educación básico, perteneciente a una clase social baja y cuya ocupación antes de ingresar a la cárcel era la de las labores domésticas, el comercio o algún empleo pobremente remunerado”: Claudia Salinas Boldo: Las cárceles de mujeres en México: espacios de opresión patriarcal; Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año IX, No. 117. Enero-Junio de 2014, Pág. 3.

RUIZ HEALY SCJN

SEIS ESTRATEGIAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Después de la inseguridad, la corrupción es el tema que más urge resolver. Esto es lo que indica la encuesta cuyos resultados fueron dados a conocer por Juan Azcárraga, el 24 de febrero pasado, en mi programa de radio y TV que se transmite por las estaciones de radio y TV de Grupo Fórmula.

Hasta hace poco la corrupción era un problema que no preocupaba mucho a los mexicanos. Sin embargo, parece ser que los casos de enriquecimiento inexplicable y conflictos de interés que durante los último meses han captado la atención del público están generando, por fin, un creciente rechazo contra los actos de corrupción que desde siempre han dañado tanto a nuestra sociedad como a nuestra economía.

En el Congreso se están aprobando diversas reformas constitucionales, expidiendo nuevas leyes y reformando otras con el fin de transparentar lo procesos y gastos gubernamentales y combatir más eficazmente los actos corruptos de funcionarios y particulares.

Mucho se ha escrito sobre la corrupción, sus causas y la manera de combatirla y es obvio que para combatirla eficazmente hay que atacar las causas que la originan.

Hace poco, mientras navegaba en Internet, me encontré un artículo escrito por Augusto López-Claros, el director de Indicadores Globales y Análisis del Banco Mundial, intitulado “Seis estrategias para combatir la corrupción”, las cuales espero estén siendo tomadas en cuenta por los legisladores y funcionarios que actualmente están definiendo las leyes para promover la transparencia y atacar la corrupción.

Las seis estrategias de López-Claros son:

1.- Pagarle bien a los servidores públicos. “El que los funcionarios sean debidamente compensados o muy mal pagados claramente afectará motivación e incentivos. Si los salarios del sector público son demasiado bajos, los empleados pueden encontrarse bajo presión para complementar sus ingresos de una manera no oficial”.

2.- Crear transparencia y apertura en el gasto gubernamental.  “Mientras más abierto y transparente sea el proceso del gasto público, menores oportunidades habrá para la malversación y abuso. También se ve la diferencia en los países donde los ciudadanos son capaces de examinar las actividades del gobierno y debatir los méritos de las distintas políticas públicas. En este sentido, la libertad de prensa y los niveles de alfabetización también influirán de manera importante sobre el contexto de las reformas. Si un país tiene una sociedad civil activa, una cultura de participación puede ser un ingrediente importante para apoyar las diversas estrategias destinadas a reducir la corrupción”.

3.- Eliminar los procesos burocráticos. Para la académica e investigadora Susan Rose-Ackerman, “el enfoque más obvio es el de sencillamente eliminar las leyes y programas que generan corrupción’”.

4.- Reemplazar subsidios regresivos y distorsionantes con transferencias de dinero en efectivo hacia destinatarios específicos. “Los subsidios son otro ejemplo de cómo las políticas gubernamentales puedes distorsionar los incentivos y crear oportunidades para la corrupción… los subsidios generan contrabando, escasez y mercados negros”.

5.- Establecer convenciones internacionales. “En vista de que en una economía globalizada la corrupción tiene cada vez más dimensiones transfronterizas, el marco legal internacional para e control de la corrupción en un elemento clave entre las opciones disponibles para los gobiernos”.

6.- Adoptar tecnología inteligente. “Tal como las distorsiones inducidas por gobierno ofrecen muchas oportunidades para la corrupción, el contacto directo y frecuente entre los funcionarios del gobierno y los ciudadanos puede generar las oportunidades para la realización de transacciones ilícitas. Una forma de enfrentar este problema es mediante la utilización de tecnologías disponibles que alientan una relación independiente entre funcionarios y la sociedad civil; en este sentido el Internet ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir la corrupción”.

El artículo de López-Claros puede leerse en: blogs.worldbank.org/futuredevelopment/six-strategies-fight-corruption

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PODER CIUDADANO

A la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le toca resolver los juicios de amparo y contradicciones de tesis en materia civil y penal y ayer resolvió un asunto de gran trascendencia.

En primer lugar, tal como la misma SCJN lo difundió:

“La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo en revisión 323/2014, revocó la sentencia recurrida y amparó a la Asociación Civil ‘Aprender Primero’.

“El caso surgió por una demanda de amparo presentada por la citada asociación civil, mediante la cual reclamó la omisión de diversas autoridades de llevar a cabo sus facultades en materia de fiscalización, respecto de la cuenta pública de los ejercicios de dos mil nueve y dos mil diez. El Juez que conoció del asunto declaró improcedente el juicio de amparo, pues consideró que la asociación ‘Aprender Primero’ carecía de interés legítimo. Inconforme, la citada organización promovió recurso de revisión, el cual fue atraído por este Alto Tribunal y es el motivo de la presente resolución.

“La Primera Sala estimó, en primer lugar, que dicha asociación sí tiene interés legítimo para acudir al juicio de amparo en atención a su objeto social y la intervención que le otorga a este tipo de asociaciones la Constitución y los diversos instrumentos internacionales citados. Ello, relacionado con la efectividad del derecho a la educación que implica el cumplimiento de un cúmulo de obligaciones generales; por lo que, en atención a dicho derecho, y con la finalidad de que no se vea frustrado el objeto social de la persona jurídica, es factible permitir el acceso al amparo para proteger el derecho a la educación, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las acciones relacionadas al destino de los recursos públicos.

“En segundo lugar, estimó que de las constancias que exhibieron las autoridades al rendir el informe justificado, no se advierte que demostraran que hubiesen llevado a cabo todas las acciones necesarias para cumplir con las facultades de fiscalización de recursos en materia de educación, situación que impacta en la efectividad de ese derecho en cuanto a su destino adecuado y suficiente; motivo por el cual se concedió el amparo.

“Así, se precisó que para restituir el goce del derecho humano que se dice violado se debe solicitar a la autoridad que demuestre que ya realizó todas las acciones necesarias para el ejercicio de sus facultades, o en su caso, de no haberlo hecho, para que las lleve a cabo”.

Al entrevistar ayer en mi programa de radio y TV al director general de la ONG Mexicanos Primero, David Calderón Martín del Campo, explicó  que la resolución de la SCJ  tiene dos ángulos muy trascendentes: “En primer lugar se reconoce el interés legítimo, por primera vez en la historia en nuestro país, a una organización de la sociedad civil para defender el derecho de terceros, en este caso, de los niños. Este juicio lo iniciamos no como contribuyentes que queríamos la devolución del dinero que dimos y que se usó mal, ni tampoco como los padres directos de los niños que quedaron afectados por este mal gasto educativo, sino como representantes de los niños de México de su derecho a la educación, en este derecho legítimo que tienen de que todos los recursos se empleen para la educación.

ruiz healy   David Calder+¦n Mart+¡n del Campo

“En segundo lugar los efectos de la sentencia van en el sentido de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) debe iniciar los procedimientos para que regresen esos recursos y se los tenemos que cobrar a los gobiernos que los entregaron… podría implicar que los funcionarios tuvieran que pagarlo de su propio peculio y los que lo recibieron ilegalmente también deben ser corresponsables en la reposición… ese resarcimiento puede implicar, a parte de la recuperación de los fondos para la Federación, que haya multas, inhabilitaciones o incluso procedimientos penales contra los funcionarios que los entregaron y los que recibieron”.

La resolución de ayer nos otorga más poder a los ciudadanos para luchar por el buen uso de los recursos públicos que provienen, a fin de cuentas, de nuestros bolsillos.

Sitio web: ruizhealytimes.com

e-mail: eduardoruizhealy@gmail.com