Fabiola Martínez / La Jornada
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseveró que se reducirá el sueldo por decisión personal y no por motivaciones políticas. Por tanto, no ganará los 262 mil 634 pesos de su antecesor, Lorenzo Córdova, como sueldo mensual bruto (178 mil netos) sino una cifra –aún por precisar– entre 114 y 119 mil, esto es, menos que el salario tabular del Presidente de la República.
“No hay ningún compromiso de carácter político, salvo con mi país y conmigo misma y mis principios de servidora pública. No hay más, y sólo por eso se toman las decisiones”, sostuvo en la primera conferencia de prensa que ofreció en el INE.
Señaló que sus colegas están “considerando” esa reflexión, aunque el consejero Martín Faz ya se bajó el sueldo desde su incorporación al instituto.
Taddei confirmó que no usará el seguro de gastos médicos mayores y quedará en “cero” en el de separación individualizada, que consta de un porcentaje que abonan de su salario y una cantidad igual que pone el INE, como ahorro que reciben al concluir su gestión. Sin embargo, sí tomará otros apoyos a los consejeros, como camioneta y chofer, por la dificultad de estacionarse en la Ciudad de México, y usará el comedor del INE porque los alimentos son “sabrosos”.
Sin restaurantes
Agregó que seguirán ofreciendo desayunos, por ejemplo, en las reuniones oficiales, para evitar el gasto en restaurantes.
En cuanto a la definición del presupuesto 2024 del INE, recalcó que no habrá “excesos” ni prácticas nocivas o abusos “que se dan en toda la administración pública”, pero tampoco se abaratará la operación del organismo, más cuando se avecina un proceso electoral de gran tamaño.
Y aunque en la sesión extraordinaria de ayer pidió a los representantes de los partidos de oposición –que acusaron trato favorable a Morena– “no rasgarse las vestiduras”, ante la prensa recalcó que no actúa con preferencias y todos los integrantes del consejo serán tratados de la misma manera.
Subrayó que el INE trabajará con base en la ley actual y está en manos de la Suprema Corte el destino del plan B. “Los tiempos los marcará la Suprema Corte; en el momento que sintamos que el tiempo ya no da, haremos lo que se tenga que hacer procedimentalmente hablando”.